Pérez Balladares 2

Panamá, lunes 30 de noviembre de 2009

COMPLEJAS OPERACIONES FINANCIERAS PERMITIERON QUE UN GRUPO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DESVIARA FONDOS DEL JUEGO DE AZAR A SHELF HOLDING INC.
Otras sociedades triangularon fondos
A través de las sociedades Joyas del Mundo S.A., Kestel Management Inc. y Pty Adventure Inc. se triangulaban dólares salidos de las empresas de juegos Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá, que a nivel local controlan el negocio de las máquinas tragamonedas. Los bancos implicados, los firmantes, los bufetes de abogados y los millones de dólares son parte de la trama que lograron construir con paciencia los hombres del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

LEJOS. El ex mandatario se encuentra en Europa desde hace varias semanas.La Prensa /Archivo

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com
Nada fue librado al azar. O a la suerte de una moneda que ingresa en una máquina con la esperanza de que la pantalla arroje tres signos idénticos. Sin embargo, a pesar del cálculo certero, esta vez la moneda dejó rastros.
Shelf Holding Inc., la sociedad que maneja el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, no solo recibió dinero directamente de Lucky Games S.A. sino que también alimentó su cuenta bancaria a través de un grupo de sociedades locales que trianguló dinero proveniente del juego.
La operación financiera era compleja: Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá enviaban fondos a terceras sociedades, y luego estas desviaban el dinero hacia Shelf Holding Inc. Aparte de la sociedad Pty Adventure Inc., dentro de la maniobra están involucradas otras dos sociedades: Kestel Management Inc. y Joyas del Mundo S.A.
Así lo revelan registros bancarios que fueron entregados a La Prensa por fuentes de entero crédito y verificados por investigaciones periodísticas que le siguen la pista al dinero del juego que terminó en una cuenta bancaria manejada por el ex jefe de Estado.
¿Cómo se repartían el dinero? ¿Quiénes son los titulares de esas sociedades anónimas? ¿Con qué bancos locales operaban?
.Pty Adventure Inc.
El bufete de abogados Infante & Pérez Almillano inscribió la sociedad en el Registro Público el 29 de mayo de 2002, según documentación oficial. Los directivos de la sociedad son empleados del bufete que lidera Héctor Infante, letrado que históricamente defendió a Pérez Balladares en litigios judiciales.
La sociedad abrió una cuenta corriente en el desaparecido Primer Banco del Istmo (Banistmo) el 12 de diciembre de 2002. A esa cuenta Lucky Games S.A. giró unos 60 mil dólares mensuales durante un largo período de tiempo, según registros bancarios.
También la empresa Gaming & Services de Panamá –cuyo accionista mayoritario y operador es la filial local de la multinacional española CIRSA– envió dinero a esa sociedad. Así, los fondos “del juego” se acumulaban en la cuenta cuya firma autorizada estaba en poder de dos personas: Henry Mong Woo –un contador próximo al entorno de Pérez Balladares según fuentes cercanas al ex mandatario– y Tomas Humberto González de la Barrera.
Ellos eran los encargados de tramitar el reparto mensual de fondos: un cheque de 5 mil dólares a nombre de Roosevelt Lito Thayer, otro por el doble a nombre de la sociedad Grupo Granate S.A. –cuyo presidente es Enrique Pretelt– y un último cheque a nombre de Shelf Holding Inc. por casi 34 mil dólares.
La cifra del reparto se repetía con la exactitud de un reloj.
Según información que presentó ante Banistmo –y a la que accedió La Prensa– Pty Adventure Inc. se dedicaba a diferentes “inversiones”. La sociedad se encuentra en la mira del Ministerio Público y es parte de las investigaciones por supuesto blanqueo de capitales que lleva adelante la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada que maneja el fiscal José Ayú Prado.
Ya no solo el ex presidente comenzó a recibir dólares directamente de Lucky Games S.A., ahora también se sumaba Pty Adventure Inc.
.Joyas del Mundo S.A.
La sociedad se constituyó el 14 de noviembre de 1989, según información del Registro Público. Varios años después de su nacimiento, el 17 de junio de 2005, se modificó la composición de su junta directiva .
El bufete de abogados encargado de gestionar los cambios fue Morgan & Morgan. En esa ocasión, asumió el puesto de presidente Carlos González Carrasquilla, mientras que todos los demás puestos fueron ocupados por empleados de ese estudio de abogados.
El 12 de abril de 2006, la sociedad abrió una cuenta corriente en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda). En el formulario de apertura de cuenta aparece nítida la firma de González Carrasquilla, quien se constituyó en el firmante de la cuenta junto con Mong Woo, el contador.
González Carrasquilla no fue el único firmante, pero sí el más conocido: él fue el supuesto presidente y único accionista de Lucky Games S.A. entre 2001 y 2007, según documentación oficial que reposa en la Junta de Control de Juegos. Sin embargo, los papeles decían una cosa y la realidad otra: González Carrasquilla resultó ser el testaferro que presentaron ante las autoridades –violando la ley– dos personas del entorno íntimo de Pérez Balladares: Thayer y Pretelt, quienes eran los verdaderos beneficiarios del dinero junto al ex mandatario.
Thayer es amigo y ex funcionario del gobierno del ex presidente y Pretelt está casado con una de sus hijas.
Una vez abierta la cuenta, González Carrasquilla comenzó a recibir y enviar dólares. Desde la cuenta de Joyas del Mundo S.A. se giraron constantes sumas de dinero a Shelf Holding Inc., la sociedad que controla Pérez Balladares.
Solo durante 2005 y 2006, Joyas del Mundo S.A. giró casi un millón de dólares a la cuenta que mantenía Shelf Holding Inc. en Banistmo. Los depósitos, según registros bancarios, se hacían todos los meses por un monto similar. Sin embargo, la operación no era directa: Joyas del Mundo S.A. emitía un cheque a nombre de Banistmo y el banco, luego, lo endosaba y depositaba en la cuenta de Shelf Holding Inc.
Joyas del Mundo S.A. continuó enviando dinero a Shelf Holding Inc. cuando esta sociedad abrió una segunda cuenta en Banvivienda. En esa ocasión, los pagos volvieron a ser repartidos entre tres: 18 mil dólares para Shelf Holding Inc., 25 mil dólares para Thayer y 22 mil dólares para Grupo Granate S.A., que maneja Pretelt. Como en el caso de Pty Adventure Inc., la división de dinero se hacía con exactitud matemática.
Ya no solo el ex presidente comenzó a recibir dólares directamente de Lucky Games S.A. y de Pty Adventure Inc., ahora también se sumaba Joyas del Mundo S.A.
.Kestel Management Inc.
La “hoja de vida” de Kestel Management Inc. en el Registro Público indica que la inscribió el bufete Morgan & Morgan el 3 de enero de 2000. El directorio está controlado por Pretelt, según información oficial. Como secretario de la sociedad fue nombrada otra sociedad que también opera Pretelt: Grupo Granate S.A.
El banco elegido para comenzar a mover dinero por el sistema bancario fue Banvivienda: el 17 de abril de 2006 se abrió una cuenta corriente, solo cinco días después de que Joyas del Mundo S.A. abriera la suya en la misma entidad financiera.
La oficial de cuenta que tramitó los documentos se encontró con una cara conocida cuando la persona que sería uno de los firmantes de la cuenta traspasó la puerta del banco: se trataba otra vez de González Carrasquilla, el supuesto “propietario” de Lucky Games S.A.
El otro firmante era, otra vez, Mong Woo, el contador.
Según el formulario de apertura de la cuenta, los ingresos de la sociedad provenían de “inversiones y deposito de dividendos”. En ningún momento se aclaró, sin embargo, de cuál empresa provenían esos “dividendos”.
Kestel Management Inc. recibió transferencias de Lucky Games S.A. y de las sociedades que tenían acciones minoritarias en Gaming & Services de Panamá, la empresa que controla la filial local de CIRSA y que ganó la licitación para operar 14 salas de máquinas tragamonedas en 1997, en el marco de la privatización de los casinos que promovió Pérez Balladares.
Hay, además, un cheque por 121 mil dólares que endosó y depositó en Kestel Management Inc. Samuel Elías Camarena, el ex presidente de Lucky Games S.A. entre 2007 y 2008, según los papeles que presentó la empresa ante la Junta de Control de Juegos. Sin embargo, fuentes del entorno de Pérez Balladares ubican a Camarena lejos de una oficina: aseguran que es el chofer de Pretelt.
Otra de las sociedades que alimentó la cuenta de Kestel ManagemeInc. fue Pty Adventure Inc., según registros bancarios. El círculo se completa con envíos de fondos desde Kestel Management Inc. hacia Shelf Holding Inc.
Ya no solo el ex presidente comenzó a recibir dólares directamente de Lucky Games S.A., de Pty Adventure Inc. y de Joyas del Mundo S.A., ahora también se sumaba Kestel Management Inc.

CIRSA se mantiene en silencio
El gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, prefirió el silencio. La Prensa le remitió el viernes pasado un correo electrónico con varias preguntas relacionadas con el envío de fondos de Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá –empresas que se fusionaron en 2007 y que administra y controla CIRSA– a las sociedades Shelf Holding Inc., Kestel Management Inc. y Pty Adventure Inc.
Sin embargo, Navarro no contestó el cuestionario al cierre de esta edición.

Weeden: ‘Shelf se creó luego de que cautelé’
El ex contralor Alvin Weeden pasa las hojas de los tomos de recortes periodísticos que acumuló durante su paso por la Contraloría (1999-2004). Hay de todo: reportajes, caricaturas, entrevistas y artículos de opinión. La mayor parte del compendio lo ocupa su pelea pública contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Hoy Weeden está dispuesto a sumar más hojas a sus tomos. Sentado en la galería de su dúplex acusó a Pérez Balladares de haber adquirido su avión ejecutivo y su yate Mr Bull con dinero de las empresas de juego. “Vi documentos que así lo comprobaban”, aseguró.
Weeden durante su paso por la Contraloría investigó las cuentas y bienes de Pérez Balladares. Había llegado al nombre del ex presidente tras comprobar que éste depositó en una cuenta personal suya un cheque por 18 mil dólares de la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC), a la que su propia administración otorgó una concesión directa en 1997. Para Weeden, detrás de la concesión a PECC se escondía un acto de corrupción, que luego fue admitido por el propio ex presidente de PECC Charles Jumet ante un juez de Estados Unidos.
Las sospechas de Weeden lo llevaron a ordenar –el 13 de noviembre de 2003– una medida cautelar a los bienes y dinero de Pérez Balladares. Una vez que los auditores de la Contraloría ingresaron a las cuentas del ex mandatario, se encontraron con alrededor de 20 millones de dólares (en una cuenta de la sociedad Callwood Participation Inc.), una cifra que Pérez Balladares no había incluido en su declaración jurada de bienes que entregó a la Contraloría tras salir del Palacio de las Garzas en 1999.
No obstante, un polémico fallo de la Corte Suprema interrumpió la investigación de Weeden. Y ordenó descongelar las cuentas del ex jefe de Estado.
“La Corte Suprema de Justicia me paró la investigación patrimonial de los 20 millones de dólares que la Contraloría tenía derecho a hacer por la declaración jurada de Pérez Balladares”, repasó Weeden.
Para el ex contralor los 20 millones de dólares que encontró en las cuentas del ex presidente provenían de Lucky Games S.A. “Mi apreciación personal es que esos dineros [los 20 millones de dólares] de esas cuentas que le encontramos provenían de la concesión de 1996 que se auto-otorgó Pérez Balladares a través de su yerno”, opinó Weeden.
Los dueños de Lucky Games S.A. resultaron ser Enrique Pretelt –yerno del ex jefe de Estado– y Roosevelt Lito Thayer, su amigo y ex funcionario de su gestión.
“Encontré evidencias que el barco y el avión [de Pérez Balladares] fueron comprados con dinero de esos 20 millones en una cuenta de la sociedad Callwood Participation Inc. que manejaba Pretelt y Pérez Balladares”, añadió.
Hay una línea temporal –afirmó Weeden– que une su pesquisa sobre el patrimonio de Pérez Balladares y el entramado de sociedades que recibieron fondos de Lucky Games S.A., principalmente Shelf Holding Inc.
Weeden incautó a Pérez Balladares el 13 de noviembre de 2003. Solo ocho días después –el 21 de noviembre– Shelf Holding Inc. abrió su primera cuenta bancaria en el extinto Primer Banco del Istmo.
“Shelf Holding Inc. se crea inmediatamente después de que cautelé las cuentas de Pérez Balladares en noviembre de 2003. Casualmente cambia todo, hacen una sociedad nueva”, señaló el ex contralor.
¿Existe un nexo entre su investigación y el dinero que recibió Pérez Balladares a través de Shelf Holding Inc.?
El fiscal que analiza el blanqueo de capitales debe mirar esta vinculación y averiguar cómo se alimentaba la sociedad Callwood Participation Inc.

Paso a paso, el escándalo de los juegos de azar
El siguiente es un resumen de la serie de reportajes de investigación que publicó este diario a partir del pasado 3 de agosto.
3 DE AGOSTO. La Prensa reveló que dos personas del círculo íntimo del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (su yerno Enrique Pretelt y su amigo y ex ministro de su gobierno Roosevelt Lito Thayer) ocupan puestos en la junta directiva de Lucky Games S.A., una empresa que explota nueve salas de máquinas tragamonedas y a la cual la gestión de Pérez Balladares (1994-1999) le otorgó una concesión directa y gratuita en 1996. Lucky Games S.A. es administrada por la filial local del grupo español CIRSA. Aparte de aparecer allí, Thayer y Pretelt ocupan asientos en la junta directiva de otra empresa cuya mayoría accionaria tiene CIRSA: Gaming & Services de Panamá, que explota otras 14 salas de juego. Los allegados al ex jefe de Estado negaron cualquier vínculo accionario con las empresas.
4 DE AGOSTO. Lucky Games S.A. depositó fondos en una cuenta bancaria abierta por Shelf Holding Inc., una sociedad vinculada a Pérez Balladares y cuyos trámites bancarios estaban a cargo de una persona de su extrema confianza: Ricardo Caputo. Así lo reveló un reportaje de La Prensa.
5 DE AGOSTO. Pérez Balladares –a solo 18 días de dejar el poder– le adjudicó en forma directa a una empresa una concesión para explotar dos salas de juego de azar. El beneficiario fue su hermano Mario Pérez Balladares.
6 DE AGOSTO. El Gobierno le exigió a CIRSA que revele la identidad de los accionistas de Gaming & Services de Panamá S.A. y Lucky Games S.A. Contrario a lo dicho días antes, CIRSA admitió que es socia de Thayer y Pretelt en las dos empresas.
10 DE AGOSTO. La Prensa reveló que el titular de la cuenta de Shelf Holding Inc., que recibió en forma constante sumas de dinero de Lucky Games S.A., es Pérez Balladares. También que, a través de otra sociedad –Pty Adventure Inc.–, Shelf Holding Inc. recibió dinero del juego.
Además, el reportaje informó que fondos de Lucky Games S.A. terminaron en las cuentas de las sociedades propietarias de dos bienes de lujo de Pérez Balladares: su yate y su avión.
11 DE AGOSTO. La Fiscalía Tercera Anticorrupción abrió una investigación por supuesta delito contra la administración pública.
13 DE AGOSTO. Pérez Balladares envió a sus amistades un e-mail con su versión de los vínculos que lo unen con Lucky Games S.A. En la misiva, Pérez Balladares reconoció que su gestión otorgó a su amigo Thayer y a su yerno Pretelt una licencia para operar salas de juego. “El decir, que esas personas son allegadas no es mentira, la mentira es insinuar que se les hizo un favor especial al margen de la ley”, dijo. El ex presidente aseguró, asimismo, que nunca fue accionista de Lucky Games S.A., a pesar de que esa empresa giró dólares a Shelf Holding Inc. y, además, desvió fondos a las sociedades dueñas de su yate y su avión. Un día después, se presentó ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción para brindar una declaración jurada.
17 DE AGOSTO. El Gobierno canceló las licencias de juegos que se dieron en forma directa durante la gestión de Pérez Balladares. También el Ejecutivo obligó a CIRSA a cerrar siete salas y a pagar 18 millones de dólares al Estado. Ese día, el ex presidente lanzó una advertencia a La Prensa: “voy a cobrar la cuenta”.
23 DE AGOSTO. Pérez Balladares volvió a lanzar amenazas. “Cuando uno va a dar golpes, los da y no los anuncia”, dijo, al ser consultado sobre la manera en cómo pretendía “saldar cuentas” con este diario.
7 DE SEPTIEMBRE.Pérez Balladares controló la chequera de la cuenta de Shelf Holding Inc., reveló La Prensa. El ex presidente dijo en declaraciones públicas que no era el “dueño” de Shelf Holding Inc. y agregó que no tenía por qué explicar los giros de dinero a esa sociedad por parte de Lucky Games S.A. Dijo: “es una cuestión familiar”.
5 DE OCTUBRE. La Fiscalía especial contra la Delincuencia Organizada abrió una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales contra Shelf Holding Inc. y Pty Adventure Inc. Un día después, Pérez Balladares respondió: “Suponer que este servidor se pueda prestar para blanqueo de capitales no solo es absurdo, es estúpido”.
19 DE OCTUBRE. Se conoce que Shelf Holding Inc. no declaró rentas ante la Dirección General de Ingresos.

 

TRIANGULACIÓN DE FONDOS DETRÁS DE LOS NEXOS DE ERNESTO PÉREZ BALLADARES CON LA INDUSTRIA DEL JUEGOS
Más millones y más sociedades se le descubren a Pérez Balladares
A través de tres sociedades, la empresa de juegos Lucky Games S.A. triangulaba dinero a Shelf Holding Inc., que maneja el ex mandatario (1994-1999).

AFUERA. El ex jefe de Estado aún se encuentra en el extranjero y sin fecha de retorno al país. LA PRENSA/Archivo

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com
Shelf Holding Inc., la sociedad que controla el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, no solo recibió dinero en forma directa de Lucky Games S.A., la empresa a la que su propio gobierno le otorgó una concesión directa para operar nueve salas de máquinas tragamonedas en 1996.
Detrás de una complicada estructura de sociedades anónimas locales y por medio de triangulación de dinero, Shelf Holding Inc. también recibió fondos del juego de azar.
Una investigación más profunda de La Prensa revela cómo otras sociedades anónimas –Joyas del Mundo S.A., Kestel Management Inc. y Pty Adventure Inc.– se triangulaban fondos salidos de Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá –ambas operadas por la filial local de la multinacional española CIRSA– para enviar dinero a la sociedad controlada por el ex mandatario.
El gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, prefirió no contestar las preguntas de La Prensa sobre estos nuevos hallazgos.
Pérez Balladares, aún en el extranjero y sin fecha de retorno al país, está en la mira del Ministerio Público: la fiscalía especial contra la delincuencia organizada, que maneja el fiscal José Ayú Prado, investiga a Shelf Holding Inc. y a Pty Adventure Inc., por supuesto blanqueo de capitales.
La triangulación de dinero desde Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá –que incluyen el poco habitual “doble endoso” y cuentas cruzadas de dos entidades bancarias locales– suma nuevos millones a los pagos ya publicados.

1 dic 2009
ESPAÑA ES FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL SOBORNO TRANSNACIONAL DE FUNCIONARIOS
Camuflaje de Pérez B. : de Banistmo a España
Lucky Games S.A. confeccionaba cheques a nombre del extinto Banistmo y luego el banco los endosaba y depositaba en la cuenta de Shelf Holding Inc.

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com
La triangulación de dinero proveniente de Lucky Games S.A. –que llegó hasta la cuenta personal del ex presidente Ernesto Pérez Balladares– tomó un nuevo giro. Registros bancarios a los que accedió La Prensa revelan manejos irregulares del desaparecido Primer Banco del Istmo (Banistmo) en la transferencia de dinero de Lucky Games S.A. a Shelf Holding Inc.
Los fondos que enviaba la empresa de juegos de azar hacia Shelf Holding Inc. se transferían en forma indirecta: Lucky Games S.A. le confeccionaba un cheque pagadero al propio Banistmo y, luego, la vicepresidenta de banca privada del banco lo endosaba en nombre de la entidad financiera y lo depositaba en Shelf Holding Inc.
La operación va en abierta contradicción con la práctica bancaria de la plaza, según tres banqueros consultados.
Por otro lado, la representación diplomática española en Panamá prefirió guardar cauteloso silencio en relación a la actuación que ha tenido en este escándalo el grupo español CIRSA, administrador y socio de Lucky Games S.A.
Los nexos entre CIRSA y Pérez Balladares podrían generarle un dolor de cabeza a la empresa española.
España, como miembro principal de la Comunidad Europea y signataria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, está en la obligación de sancionar el soborno de funcionario público extranjero “con una pena criminal efectiva, proporcionada y disuasiva”, tal y como lo establece la “Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales”.
El soborno transnacional consiste en el ofrecimiento de dinero u otros beneficios, como favores, a un funcionario público de un Estado extranjero, sea en forma directa o mediante intermediarios, a fin de conseguir que ese funcionario realice un acto destinado a obtener un negocio o ventajas de naturaleza económica.
La Embajada de España en Panamá no quiso manifestarse en forma oficial sobre los nexos de la empresa ibérica con posible soborno internacional, aunque un alto funcionario de la sede diplomática dijo ayer a La Prensa que siguen el asunto con “preocupación”.
“No tenemos elementos de juicio para hacer una declaración pública porque no estamos informados, hay que evaluar los datos”, explicó el funcionario, quien pidió no ser identificado. Además de la participación de los ciudadanos españoles en el escándalo, las revelaciones han coincidido con la presencia de Pérez Balladares en Madrid.

VEA Pérez B. recibió fondos en su cuenta personal
LUCKY GAMES EMITÍA CHEQUES A NOMBRE DE BANISTMO Y LUEGO LA OFICIAL DEL BANCO LOS ENDOSABA A FAVOR DE SHELF
Pérez B. recibió fondos en su cuenta personal
$160 mil giró desde Shelf Holding Inc. a su cuenta personal Ernesto Pérez Balladares. ¿Cómo desviaban el dinero?

LA PRENSA/Archivo

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com
A la larga cadena bancaria que une a la empresa Lucky Games S.A. con el ex presidente Ernesto Pérez Balladares se le sumó otro eslabón: Shelf Holding Inc. giró fondos hacia la cuenta personal de Pérez Balladares abierta en el desaparecido Primer Banco del Istmo (Banistmo), hoy HSBC.
Así lo revelan documentos bancarios que fueron entregados a La Prensa por fuentes de entero crédito y verificados por investigaciones periodísticas que le siguen la pista a un entramado de sociedades creadas para recibir dinero del juego.
Shelf Holding Inc., que controla el ex presidente, recibió constantes sumas de dinero de Lucky Games S.A., empresa a la que el propio gobierno de Pérez Balladares otorgó una concesión directa y gratuita para explotar nueve salas de máquinas tragamonedas en 1996. Pero, según registros bancarios, parte de esos fondos no se quedaron en la cuenta de esa sociedad anónima en Banistmo, sino que terminaron en una cuenta personal de Pérez Balladares abierta en la misma entidad financiera.
Hay, al menos, dos movimientos bancarios en ese sentido: el 2 de junio de 2005 Shelf Holding Inc. confeccionó un cheque al portador por $100 mil que fue endosado y depositado horas después en la cuenta corriente del ex presidente.
El 9 de junio de 2006, un año después, hay otro giro de 60 mil dólares que terminó en la cuenta personal del ex jefe de Estado. El cheque también fue confeccionado al portador por Shelf Holding Inc. y luego endosado (ver facsímil).
El encargado de firmar los dos cheques por parte de Shelf Holding Inc. fue Vicente Calderón, un ex empleado de Lucky Games S.A., según registros oficiales a los que accedió La Prensa. Calderón fue la persona que abrió la cuenta bancaria de Shelf Holding Inc. en Banistmo el 21 de noviembre de 2003, según consta en el formulario de apertura de cuenta. Los números de Calderón no cierran: según fuentes de la Dirección General de Ingresos, Calderón declaró en años pasados ingresos mensuales de alrededor de 3 mil dólares. Respecto de su patrimonio, declaró tener unos 8 mil dólares.
Banistmo no le pidió a Calderón ninguna referencia adicional, a pesar de su limitado historial crediticio y su exigua solvencia. En esa cuenta, que firmaba Calderón, Shelf Holding Inc. movió casi tres millones de dólares durante los cuatro años que estuvo activa.
BANISTMO, EN LA MIRA
Lucky Games S.A. no emitía los cheques directamente a nombre de Shelf Holding Inc. El proceso era indirecto: la empresa de juego confeccionaba cheques –por cifras casi exactas aproximadamente todos los meses– a nombre de Banistmo, y luego el banco los endosaba y los depositaba en la cuenta de Shelf Holding Inc.
¿Por qué Lucky Games S.A. emitía los cheques a nombre de Banistmo y luego se endosaban a nombre de Shelf Holding Inc.? “Es la primera vez que escucho una operación así. Evidentemente eso se podía hacer con un acuerdo explícito del banco”, dijo un experimentado banquero local que pidió no ser identificado.
En los libros contables de Lucky Games S.A. –añadió el experto– los pagos que terminaban en la cuenta de Shelf Holding Inc. aparecían como desembolsos a Banistmo, interrumpiendo así la verdadera “ruta del dinero”.
La encargada de autorizar y realizar el “doble endoso” era la vicepresidenta de banca privada de Banistmo Marta Arango Morrice. Su iniciales –MAM– aparecen en el reverso de los cheques. La Prensa trató de comunicarse con Arango, quien no devolvió las llamadas telefónicas.
Un antiguo alto ejecutivo de Banistmo dijo que Arango –ex empleada del Primer Banco de Ahorros (Pribanco)– “violó todos los procesos bancarios” al avalar ese “doble endoso”. “Esa transacción violentó todas las normas, porque una oficial no puede firmar un cheque en nombre del banco. Seguro que también estuvo involucrado un cajero”, amplió.
En el formulario de apertura de cuenta, Shelf Holding Inc. indicó que su actividad económica era el “negocio al por menor”, dentro de renglón bienes raíces. Sin embargo, esa sociedad nunca tuvo un local de venta y alquiler de inmuebles.
Shelf Holding Inc. dejó de operar la cuenta en Banistmo en 2007. Finalmente se cerró a fines de 2008, según registros bancarios.
El “abandono” tiene una explicación: el 29 de marzo de 2006 Shelf Holding Inc. abrió otra cuenta, pero esta vez en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda). Para iniciar la operación, la sociedad depositó 150 mil dólares, indican registros bancarios. En el formulario de apertura de cuenta corriente Shelf Holding Inc. modificó su actividad: ante Banvivienda indicó que los fondos que movería la cuenta provenían de “negocios de inversión”.
Esta vez Pérez Balladares se reservó para sí el poder de manejar la chequera y se inscribió como el firmante autorizado de la cuenta de Shelf Holding Inc. en Banvivienda junto a su secretaria personal, Eyda Achón. Los dos tenían firmas individuales, pero en la práctica casi todos los cheques llevaban la firma del ex jefe de Estado.
A pesar del cambio de banco, los orígenes de los dólares se mantuvieron inalterables: la cuenta de Shelf Holding Inc. en Banvivienda también fue alimentada por dinero de Lucky Games S.A., empresa operada desde sus comienzos por la filial local de la multinacional CIRSA.
“El hecho de que usted firme en una cuenta de una sociedad no lo convierte automáticamente en dueño”, dijo el ex mandatario en septiembre pasado. ”No soy el dueño de Shelf Holding Inc.”, agregó.
Pérez Balladares evitó explicar por qué recibió dinero de Lucky Games S.A. “Por qué Shelf Holding recibió eso [el dinero] es un asunto de mi familia que no tengo por qué divulgar”, dijo.
Enrique Pretelt, casado con una de sus hijas, y Roosevelt Lito Thayer –su amigo y ex ministro en su gestión– son los accionistas de Lucky Games S.A.
Así lo reportó la empresa en agosto pasado ante la Junta de Control de Juegos. Una semana antes, los “accionistas” habían negado cualquier tipo de vínculo con la empresa.

Panorama

29 dic 2009
EL EX PRESIDENTE (1994-1999) PERMANECE ESCONDIDO TRAS LA ORDEN DE CONDUCCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
Pérez B., procesado por blanqueo de capitales
El fiscal especial contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, ordenó ayer la conducción del ex presidente Ernesto Pérez Balladares. La Policía Nacional no logró localizar al ex mandatario en su residencia de Altos del Golf. A partir de allí se montó un operativo policial para poder ubicar a Pérez Balladares en la zona de Punta Barco, donde el político tiene un casa de playa. También la Policía Nacional se dirigió al aeródromo de Chame y a una finca ubicada en la Laguna de San Carlos. El paradero del ex jefe de Estado, un misterio.

operativo nocturno. Los operativos de vigilancia se mantuvieron durante toda la noche en Punta Barco Resort y las patrullas de la Policía Nacional hacían rondas permanentes frente a la casa de playa de Pérez Balladares. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

ALTOS DEL GOLF. La residencia de Pérez Balladares en la ciudad de Panamá fue la primera a la que llegaron efectivos de la Policía Nacional. LA PRENSA/Edward Ortiz

ABOGADA. Guillermina McDonald defiende al ex mandatario. LA PRENSA/ Eric Batista

DEFENSA. Carlos Carrillo, abogado de Shelf Holding Inc. LA PRENSA/Eric Batista

CONFERENCIA. Francisco Sánchez Cárdenas, actual presidente del PRD y ministro de Vivienda de Ernesto Pérez Balladares (con él en la foto superior) y Mitchel Doens actual secretario general del PRD y ministro de trabajo en la administración del expresidente llevarán a cabo hoy a las 10:30, una conferencia de prensa para anunciar la posición del partido ante lo que han denominado una “acción sorpresiva”. LA PRENSA/Archivo

SANTIAGO FASCETTO
DUSTIN GUERRA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
investigacion@prensa.com
A primera hora de la mañana de ayer, el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, recibió –a través de la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ)– una orden de conducción firmada por el fiscal especial José Ayú Prado. El documento, rubricado por el fiscal a cargo de la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada, incluía un nombre y apellido conocido para el jefe de la Policía Nacional: Ernesto Pérez Balladares.
Una vez que Pérez recibió la orden de llevar al ex presidente a las oficinas de Ayú Prado para ser indagado por supuesto blanqueo de capitales, avisó a sus subalternos.
A partir de ese momento comenzó un amplio operativo policial que incluyó retenes, inteligencia con alta tecnología, custodia de su yate de lujo y una “visita” a la casa de playa que tiene Pérez Balladares en Punta Barco.
Así le dijeron a La Prensa varias fuentes oficiales, que agregaron que la orden de conducción contra Pérez Balladares incluía a otras cuatro personas más, todas –como el ex presidente– firmantes de las cuentas de Shelf Holding Inc. y Pty Adventure Inc.
El primer lugar al que llegó la Policía Nacional fue la casa de Pérez Balladares en la zona de Altos del Golf, un exclusivo barrio de la capital. Los efectivos arribaron a la casa de una planta del ex presidente al iniciar la mañana. El reloj marcaba casi las 8:30 a.m.
En el lugar no había mucho movimiento. La guardia del Servicio de Protección Institucional, que siempre permanece apostada en la entrada de la residencia protegiendo al ex mandatario, no estaba.
La Policía Nacional (PN) tocó el timbre de la vivienda y desde el conmutador le contestó un empleado. De Pérez Balladares, ni rastros. Y ninguno de los empleados sabía su paradero, según dijeron fuentes de la PN.
Las autoridades sí estaban seguras de algo: el ex jefe de Estado se encontraba en el país desde el 25 de diciembre pasado, fecha en que pisó suelo panameño tras un viaje relámpago a Nicaragua.
Pero no lograban avanzar más allá de ese dato: sus empleados no podían contestar si el ex presidente había dormido ahí o si al despuntar el alba abandonó su domicilio.
Los abogados de Pérez Balladares se enteraron de la orden de conducción contra su cliente a las 7:30 a.m., según dijo Guillermina McDonald. Incluso, McDonald dijo no saber si Pérez Balladares había vuelto de su viaje al país centroamericano.
Aparte de la ex fiscal, integran el cuerpo de letrados que defiende al ex mandatario Carlos Carrillo, José María Castillo y Rogelio Cruz.
A medía que avanzaba la mañana, los abogados fueron llegando a la fiscalía que dirige Ayú Prado.
No obstante, ninguno de sus defensores conocía su paradero y algunos hacían creer que estaba en el extranjero.
La Autoridad Marítima de Panamá, en tanto, envió inspectores a la marina de Flamengo –en Amador– para custodiar el Mr. Bull, el yate de lujo del ex mandatario.
La PN, por su parte, centró la búsqueda en la casa de playa de Pérez Balladares, ubicada frente al Pacífico en el área de Punta Barco, a 102 kilómetros de la capital.
Allí llegaron unos 10 efectivos de la Policía Nacional alrededor de las 11:30 p.m., en varias patrullas que se ubicaron en las dos entradas de ingreso de Punta Barco Resort, el barrio privado en donde Pérez Balladares tiene su casa de fin de semana, llamada Los Sangre de Toro. Cada uno de los vehículos que entraba o salía del lugar era detenido por las unidades de la Policía Nacional y a sus ocupantes se les exigía documentación personal.
Unos minutos después del mediodía, se sumaron al operativo dos vehículos de la DIJ, que ingresaron al complejo y se estacionaron frente a la casa de playa de Pérez Balladares. Ya para ese entonces, a pocos kilómetros de allí, otro grupo de efectivos de la Policía Nacional montaba guardia en el aeródromo de Chame para custodiar la salida por “aire”, mientras que otro grupo se dirigía a una finca ubicada en la Laguna de San Carlos.
Según fuentes policiales, los agentes de la DIJ no podían ingresar a la vivienda de fin de semana de Pérez Balladares porque no tenían en su poder una orden judicial. Desde el Ministerio Público confirmaron que no se giró ninguna orden en ese sentido.
El paradero del ex presidente es un misterio. Mientras algunas fuentes extraoficiales aseguraban que Pérez Balladares se encontraba dentro de su casa de playa acompañado por su esposa, Dora Boyd, y su familia, fuentes policiales señalaban que el ex jefe de Estado no se encontraba allí y su ubicación era desconocida. Incluso, fuentes de la DIJ dijeron que el ex mandatario salió de Punta Barco en horas de la mañana –alrededor de las 9:30 a.m.–junto a un guardaespaldas en una camioneta negra marca Hyundai, con destino desconocido.
Uno de los empleados del lugar narró que vio a Pérez Balladares a primera hora de la mañana allí y dijo, además, que Dora Boyd salió a caminar por la playa cerca de las 8:00 a.m.
El proceso
Pérez Balladares fue citado a rendir declaración indagatoria por supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación que lleva adelante Ayú Prado se inició tras una serie de reportajes que publicó La Prensa a partir del 3 de agosto pasado.
En el centro de la escena se encuentra la empresa de juegos de azar Lucky Games S.A., a la que Pérez Balladares otorgó en 1996 –y luego ratificada en 1999– un contrato de concesión directa para explotar nueve salas de máquinas tragamonedas en la capital y sus alrededores. Por ese contrato, Lucky Games S.A. no le pagó ni un dólar al Estado. La administración de Lucky Games S.A. estaba a cargo de la filial local de la multinacional de origen español CIRSA.
De las cuentas bancarias de la empresa de juegos salieron constantes sumas de dinero que terminaron en la cuenta de una sociedad anónima que controla Pérez Balladares: Shelf Holding Inc.
Shelf Holding Inc. –una sociedad de “papel” que nunca declaró rentas ni se le conoce su actividad económica– abrió dos cuentas bancarias por donde movió más de cinco millones de dólares.
Las cuentas fueron abiertas en el desaparecido Primer Banco del Istmo (hoy HSBC) y en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda). En la cuenta abierta en este último banco, Pérez Balladares era el firmante autorizado junto a su secretaria personal, Eyda Achón Quesada, también procesada.
Pero no solo en forma directa Lucky Games S.A. le giró dinero a Shelf Holding. También lo hizo a través de un grupo de sociedades locales que trianguló dinero. La operación era compleja: Lucky Games S.A. enviaba fondos a terceras sociedades, y luego estas desviaban el dinero hacia Shelf Holding Inc.
Dentro de la maniobra están involucradas otras tres sociedades anónimas: Kestel Management Inc., Joyas del Mundo S.A. y Pty Adventure Inc.
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Defensa de Pérez B. presenta dos recursos
La defensa del ex presidente Ernesto Pérez Balladares presentó ayer dos recursos legales para intentar evitar un posible arresto del ex mandatario, tras la orden de conducción emitida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado que dirige José Ayú Prado.
Los abogados de Pérez Balladares presentaron un recurso de hábeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia y una solicitud de fianza de excarcelación ante el Segundo Tribunal de Justicia, para evitar su posible detención.
El hábeas corpus preventivo quedó bajo la ponencia del magistrado de la Corte Alberto Cigarruista, mientras que le corresponderá a la magistrada Elvia Batista –del Segundo Tribunal de Justicia– resolver a qué Juzgado de Circuito Penal le tocará fallar sobre la solicitud de fianza de excarcelación.
Rogelio Cruz, abogado de Pérez Balladares, afirmó que “las decisiones arbitrarias” del fiscal Ayú Prado contra su cliente “obedecen al hecho de que se le ha prometido ocupar el cargo de Procurador de la Nación, cuando en enero se suspenda a la actual jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez”.
“Ayú Prado ha ordenado una indagatoria por blanqueo de capitales sin que se haya demostrado que Pérez Balladares haya recibido dinero de nadie, y mucho menos que esos dineros son producto de uno de los delitos establecidos en el Código Penal como el blanqueo de capitales”, agregó.
El abogado opinó que la acción de Ayú Prado se realizó “sin fundamento legal” y añadió que esperaba una acción de ese tipo tras el inicio de la investigación al ex presidente por supuesto blanqueo de capitales.
Mientras que Guillermina McDonald, también del equipo legal del ex presidente, sustentó la existencia de un supuesto doble juzgamiento del delito que se imputa a su cliente.
Según McDonald, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Tercera Anticorrupción realizan investigaciones contra el ex presidente Pérez Balladares por su vinculación a la sociedad Shelf Holding Inc., que recibió de forma constante fondos de la empresa de juegos de azar Lucky Games S.A.
McDonald también alega que el delito de blanqueo de capitales que se imputa a Pérez Balladares no existía en el ordenamiento penal panameño cuando ocurrieron los hechos que hoy investiga el Ministerio Público.
También explicó que el blanqueo de capitales fue creado mediante la Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000, mientras que en la providencia para indagar al ex mandatario se señala que el delito se cometió en el año 1996.
CARLOS ALBERTO VARGAS
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Perez B., el primero en la historia
La orden de conducción y procesamiento contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares marca un hito: sería la primera vez en la historia republicana que un ex mandatario es acusado de blanqueo de capital y corrupción de funcionarios.
Algunos mandatarios han sido juzgados pero, a diferencia del caso de Pérez Balladares, se han tratado de juicios políticos (el equivalente al impeachment anglosajón) llevados a cabo por la Asamblea Nacional a presidentes en funciones.
En mayo de 1951, la Asamblea Nacional se declaró en sesiones judiciales y –a la par que se derrocaba a Arnulfo Arias por la fuerza– lo juzgaba por extralimitación de funciones, destituyéndolo como Presidente de la República e inhabilitándolo para volver a ejercer cargos públicos (fue rehabilitado en la década de 1960 en sus derechos políticos).
En enero de 1955, luego del asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera, la Asamblea Nacional separó del cargo al primer vicepresidente, José Ramón Guizado, y luego lo juzgó como supuesto “autor intelectual” del magnicidio.
Cuando ya había cesado su derecho a ocupar la Presidencia, se juzgó a Rubén Miró, supuesto “autor material” del crimen, encontrándolo inocente, por lo que se liberó a Guizado de su condena.
En mayo de 1968, la Asamblea Nacional juzgó y condenó al presidente Marco A. Robles por actos de “coacción electoral”, al favorecer al candidato oficial con recursos del Estado en las elecciones presidenciales de ese año.
A pesar de que Robles fue destituido por la Asamblea Nacional, la intervención de la Guardia Nacional impidió llevar a cabo la condena y Robles terminó su período presidencial, imponiéndose el triunfo del candidato opositor de entonces, Arnulfo Arias, quien tomó posesión el 1 de octubre de 1968. Once días después los militares usurparían el poder.

LA INVESTIGACIÓN DE ‘LA PRENSA’ PASO A PASO
3 DE AGOSTO.
‘La Prensa’ revela que dos personas del círculo íntimo del ex presidente Pérez Balladares –su yerno Enrique Pretelt y su amigo y ex ministro de su gobierno Roosevelt ‘Lito’ Thayer– ocupan puestos en la direc- tiva de Lucky Games S.A. 4 DE AGOSTO.
Lucky Games S.A., la empresa de juegos de azar que administra CIRSA Panamá y que recibió una concesión directa durante la gestión de Pérez Balladares, depositó fondos en una cuenta de Shelf Holding Inc., que maneja el ex presidente. 5 DE AGOSTO.
Pérez Balladares –a solo 18 días de dejar el poder y al igual que con Lucky Games S.A.– le adjudica en forma directa a otra empresa una concesión para explotar dos salas de juego. El favorecido fue su hermano, Mario Pérez Balladares.
6 DE AGOSTO.
El Gobierno le exige a CIRSA Panamá que revele la identidad de los accionistas de Gaming & Services de Panamá S.A. y Lucky Games S.A. Contrario a lo dicho días antes, CIRSA Panamá admite que es socia de Thayer y Pretelt en las dos empresas. 10 DE AGOSTO.
‘La Prensa’ revela que el titular de la cuenta de Shelf Holding Inc., que recibió dinero de Lucky Games S.A., es Pérez Balladares. También que, a través de otra sociedad –Pty Adven- ture Inc.–, Shelf Holding Inc. recibió dinero del juego. 11 DE AGOSTO.
Tras la publicación de ‘La Prensa’, la Fiscalía Tercera Anticorrupción abre una investigación por el
supuesto delito contra la administración pública en contra el ex presidente
de la República Ernesto Pérez Balladares.
13 DE AGOSTO.
Pérez Balladares envía a sus amistades un ‘e-mail’ con su versión de los vínculos que lo unen con Lucky Games S.A. En la misiva reconoce que su gestión otorgó a su amigo Thayer y a su yerno Pretelt una licencia para operar salas de juego. 17 DE AGOSTO.
El Gobierno cancela las licencias de juego que se dieron en forma directa durante la gestión de Pérez Balladares. También el Ejecutivo obliga a CIRSA Panamá a cerrar siete salas y a pagar 18 millones de dólares al Estado. 23 DE AGOSTO.
Pérez Balladares amenaza a ‘La Prensa’ por los reportajes de investigación publicados. ‘Cuando uno va a dar golpes, los da y no los anuncia’, dice, al ser consultado sobre la manera en cómo pretendía ‘saldar cuentas’ con este diario.
7 DE SEPTIEMBRE.
‘La Prensa’ revela que Pérez Balladares controló la chequera de la cuenta de Shelf Holding Inc. El ex jefe de Estado dice que no era el ‘dueño’ de esa sociedad y añade que no tiene por qué explicar los giros de fondos por parte de Lucky Games S. A. 5 DE OCTUBRE.
Tras la publicación de ‘La Prensa’, el Ministerio Público abre otra investigación. Esta vez la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada abre una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales contra Shelf Holding Inc. y Pty Adventure Inc. 30 DE NOVIEMBRE.
‘La Prensa’ revela que Pérez Balladares recibió dinero de Lucky Games S.A. y Gaming & Services S.A., no solo a través de Shelf Holding Inc., sino también a partir de la triangulación de fondos por otras tres sociedades que manejan sus allegados.

Ccc Perez Balladares con arresto domiciliario

Panamá, viernes 15 de enero de 2010

LOS ENCARGADOS DE CONTROLAR QUE EL EX JEFE DE ESTADO (1994-1999) NO SALGA DE SU VIVIENDA SON LOS EFECTIVOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL, UNA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO
Pérez Balladares, con arresto domiciliario
El ex presidente volvió a negarse a declarar en el proceso que le sigue el Ministerio Público por supuesto blanqueo de capitales. En el centro de la pesquisa se encuentran sus nexos con Lucky Games S.A.

amistades ‘de lujo’. Luego de ser escoltado a su residencia en Altos del Golf, comenzaron a llegar lujoso automóviles. En horas de la noche, también arribaron seis unidades del Servicio de Protección Institucional y una patrulla de la Policía Nacional. LA PRENSA/Eric Batista

REDACCIÓN DE LA PRENSA
panorama@prensa.com
Ernesto Pérez Balladares bajó de la camioneta color blanco último modelo. Con el rostro apretado, dio unos pasos y frenó en seco. Segundos después, descendió del vehículo su esposa Dora Boyd de Pérez Balladares.
Juntos recorrieron la poca distancia que separa la calle de la puerta principal del edificio Avesa, ubicado en la Vía España.
Antes de traspasar la entrada, Pérez Balladares miró para todos lados y se abrochó el saco de color azul. Ya en ese momento lo escoltaban sus dos guardaespaldas.
–Buenos días, buenos días… dijo, sin detenerse.
Enseguida ingresó al edificio, sede de la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada.
El reloj marcaba las 8:05 de la mañana.
Pérez Balladares llegó así a la fiscalía a cargo de José Ayú Prado un día antes de la cita original, programada para hoy. El cambio de día, coordinado con el fiscal al menos 24 horas antes, le evitó al ex presidente enfrentarse con los medios de comunicación.
Media hora antes de su llegada, Pérez Balladares envió una avanzada al despacho de Ayú Prado. A las 7:35 a.m. ingresaron al edificio Avesa su abogado Carlos Carrillo junto con Omar Solano, otro defensor del ex mandatario. Posteriormente apareció Guillermina McDonald y, por último, Rogelio Cruz.
Los abogados, según fuentes judiciales, ingresaron antes para confirmarle al fiscal que en los próximos minutos su defendido estaría ingresando a su despacho –tal como se había coordinado con sigilo– para ampliar su declaración indagatoria, que comenzó el pasado 29 de diciembre. Ese día, el fiscal le formuló cargos a Pérez Balladares por supuesto blanqueo de capitales, producto de actos de corrupción y lo citó para que ampliara su indagatoria, que al final se adelantó 24 horas.
Ya con sus abogados esperándolo, Pérez Balladares llegó a la fiscalía y subió al quinto piso.
La diligencia comenzó a las 8:25 a.m. Según fuentes judiciales, en el pequeño despacho de Ayú Prado, el ex presidente le comunicó al fiscal que nuevamente se negaría a declarar sobre los cargos que se le imputan, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resolviera los recursos que presentó su defensa.
En ese momento, su abogada McDonald intervino para traducir en “lenguaje jurídico” las palabras de Pérez Balladares y citó varios artículos del Código Judicial.
Tras las palabras de McDonald, el fiscal dio por terminada la diligencia. Sin embargo –agregaron fuentes judiciales–, Ayú Prado le comunicó a Pérez Balladares y a su abogada que aún no se podían retirar.
Durante 20 minutos, el político del Partido Revolucionario Democrático y primer presidente elegido por el voto popular tras la invasión en 1989, estuvo sentado en la pequeña oficina a la espera de la nueva intervención del fiscal.
Transcurrido ese tiempo, volvió Ayú Prado. Y, sin mediar explicación, le comunicó las medidas cautelares que adoptó en su contra: casa por cárcel e impedimento para salir del país. Eran alrededor de las 9:20 a.m.
Luego, el fiscal le leyó los artículos del Código Judicial en que se basó para tomar la decisión, y sus derechos constitucionales. Según fuentes judiciales, Pérez Balladares se molestó al escuchar la noticia de que deberá permanecer en su casa, sin siquiera salir a la acera. A su disgusto se sumó su abogada McDonald, que protestó en forma airada la medida cautelar dictada por el Ministerio Público contra su cliente.
Sin embargo, la suerte estaba echada. Ayú Prado coordinó el traslado del ex presidente a su vivienda, ubicada en la calle República de la India número 18, en la exclusiva zona de Altos del Golf. En ese domicilio fijó su residencia Pérez Balladares para cumplir la medida cautelar.
Desde el despacho del fiscal –añadieron las fuentes– se decidió transportar a su domicilio al ex jefe de Estado en un vehículo marca Nissan, propiedad del Ministerio Público. Acompañaron en el vehículo a Pérez Balladares dos miembros de esa dependencia.
Detrás, y a pocos metros, otro carro los seguía con un subcomisionado y un subteniente de la Policía Nacional. Y, un poco más alejados, tres automóviles de la seguridad privada del ex mandatario.
Pérez Balladares iba hacia su nueva cárcel.
PRIMERAS PALABRAS
“Tomamos la decisión de adoptar ciertas medidas cautelares para la salud procesal del expediente, entre ellas el impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de Pérez Balladares de mantenerse recluido en su casa”, dijo Ayú Prado durante una rueda de prensa que celebró tras dictarle la medida cautelar al político.
El fiscal destacó que al momento de dictar la medida cautelar, tomó en consideración la edad de Pérez Balladares: 62 años.
Los encargados de velar que el ex presidente cumpla el arresto domiciliario –dijeron fuentes judiciales– serán los agentes del Sistema de Protección Institucional (SPI) que lo custodian, derecho del que goza en su calidad de ex jefe de Estado.
Para evitar que Pérez Balladares salga del país –en el caso de evadir a sus custodios del SPI, fuerza que depende del Ejecutivo– el fiscal notificó del impedimento de salida al Servicio Nacional de Migración.
Ayú Prado dijo que Pérez Balladares está en todo su derecho de no rendir declaración sobre los delitos que se le imputan, pero ante el escenario de “no dar su versión, no explicar ni hacer sus descargos, la fiscalía decidió aplicar medidas cautelares”.
El fiscal añadió, por otro lado, que “nada de esto está todavía escrito en piedra, puede ser perfectamente modificado [el arresto domiciliario] por el órgano jurisdiccional [Corte Suprema de Justicia] o por el Ministerio Público”.
“Estamos actuando con independencia y autonomía”, afirmó el fiscal. Y añadió que no hubo injerencia ni presión por parte de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ni por parte del Ejecutivo.
LA CASA, LA CÁRCEL
El arresto domiciliario del ex mandatario, el primero al que se ve sometido un ex presidente por un supuesto acto de corrupción, alteró la tranquilidad del barrio. La casa de ex presidente se llenó de automóviles de lujo último modelo: Mercedes Benz, Porsche Cayenne, Mini Cooper, Lexus, Hummer, Volvo, Audi y Land Cruiser.
Parte del patio residencial de Pérez Balladares fue, por unas horas, una pequeña exhibición automovilística. Solo un Toyota Yaris color blanco, usado por sus escoltas, era la nota discordante entre tanto lujo.
Las visitas que recibió el ex jefe de Estado eran, principalmente, de algunos amigos y familiares que fueron a acompañar a Pérez Balladares en el momento más difícil de su carrera política. Su pila de abogados brilló por su ausencia durante todo el día.
José Luis Sosa, ex director de la Policía Nacional durante su mandato, fue uno de los primeros en llegar junto con su hijo. Priscila Valenzuela llegó casi a la par y fue la primera en retirarse. A su salida de la residencia, Valenzuela intentó despistar a los periodistas que cubrían la información: “Pérez Balladares se fue a Punta Barco”, mintió. Fue la única visitante que dialogó con la prensa.
Las hijas del ex mandatario también llegaron a acompañarlo, como así también otro grupo no identificado que llegó en automóviles con vidrios polarizados.
En las afueras de la casa de la avenida República de la India también había movimiento. Las principales televisoras del país cubrían la noticia con sus unidades móviles, al igual que periodistas de radio y periódicos.
Para la 1:00 p.m., la mayoría de los visitantes abandonó la residencia de Pérez Balladares. Fue entonces cuando llegó el también ex presidente Aristides Royo y su esposa, quienes estuvieron con Pérez Balladares por dos horas.
Al margen de Valenzuela, nadie más de la cúpula del PRD se acercó a su domicilio. Por lo menos hasta entrada la tarde.
EL PROCESO POR DENTRO
La Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada abrió una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales contra dos sociedades que habían recibido dinero de la empresa Lucky Games S.A. : Shelf Holding Inc. y Pty Adventure Inc.
El caso se trasladó al Ministerio Público tras una serie de reportajes de investigación que publicó La Prensa a partir del pasado 3 de agosto.
Lucky Games S.A. giró dinero, en forma constante a lo largo de varios años, a la sociedad anónima Shelf Holding Inc., que controlaba el ex mandatario. A la empresa de juegos de azar –que manejaba nueve salas de máquinas tragamonedas en la capital y alrededores– el gobierno de Pérez Balladares (1994-1999) le otorgó una concesión directa y gratuita.
Según información que se vio obligada a entregar Lucky Games S.A. a la Junta de Control de Juegos, en agosto de 2009, los accionistas de la empresa beneficiada eran dos allegados a Pérez Balladares: su amigo y ex ministro de su gestión Roosevelt Lito Thayer y su yerno Enrique Pretelt. Sin embargo, a pesar de que ellos figuraban como los “propietarios”, el dinero llegaba puntual –todos los meses– al bolsillo de Pérez Balladares.
Pero no solo eso: aparte de recibir dinero en forma directa de Lucky Games S.A., Shelf Holding Inc. también enriquecía su cuenta a través de otras sociedades que triangulaban dinero del juego: Pty Adventure Inc., Joyas del Mundo S.A. y Kestel Management Inc. Todas vinculadas con Pretelt y Thayer.
Además, Pérez Balladares recibió fondos de otra empresa de juegos: Gaming & Services de Panamá S.A., cuya mayoría accionaria pertenece a la filial local de la empresa multinacional de origen español CIRSA.
En 2007, Gaming & Services de Panamá y Lucky Games S.A. se fusionaron. Esa operación no modificó el dinero que se le enviaba a Pérez Balladares.
(Con información de Carlos Vargas, Rafael Berrocal, José Otero, Leonardo Flores, Dustin Guerra y Santiago Fascetto).
El CEN DEL PRD REACCIONA CON CAUTELA
El arresto domiciliario del ex presidente Ernesto Pérez Balladares activó ayer a varios miembros del Comité Ejecutivo (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Tras dos horas de reunión, la secretaría de prensa del PRD emitió un comunicado que elaboraron cinco de los nueve miembros del CEN, en el que aseguraron que “no existen” las garantías procesales para el cumplimiento del debido proceso en la pesquisa contra Pérez Balladares.
“El PRD ha manifestado en comunicados anteriores, y con claridad meridiana, el peligro que encierra el método y la concepción represiva y arbitraria que caracteriza y desarrolla el presidente Ricardo Martinelli contra sus adversarios políticos y contra todos aquellos que se oponen a sus designios, mediante una política de terror”, detalla el comunicado que se emitió luego de analizar documentos del caso y de realizar consultas telefónicas al equipo legal del ex presidente.
En la reunión participaron el presidente del partido, Francisco Sánchez Cárdenas; el secretario general, Mitchell Doens; el primer subsecretario, Pedro M. González; el segundo subsecretario, Leandro Ávila; y la tercera subsecretaria, Priscila Valenzuela; todos colaboradores de la gestión del ex presidente. Los vicepresidentes Benicio Robinson y Rogelio Paredes estaban fuera de la ciudad, se informó. En tanto, Carlos Pérez Herrera, cuarto subsecretario, dijo que no fue invitado.
En esta ocasión, el pronunciamiento fue más cauteloso que los anteriores que se emitieron sobre la situación judicial del ex mandatario. “El PRD, como señala su Declaración de Principios, condena la corrupción, venga de donde venga, y no protege ni protegerá a quien se le haya demostrado actuaciones ilícitas, siempre que a los ciudadanos se les reconozcan sus garantías esenciales tal como señala la Constitución y las leyes”, dice el comunicado.
Ayer, el PRD también analizó realizar una caravana en apoyo al ex mandatario, pero nunca se concretó.
ACUSAN AL EJECUTIVO DE PRESINAR AL MP
Los abogados defensores del ex presidente Ernesto Pérez Balladares denunciaron ayer que las medidas cautelares que le impuso la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada a su cliente, obedecen a “presiones políticas” del Ejecutivo. Rogelio Cruz, uno de los integrantes del equipo defensor de Pérez Balladares, dijo que la procuradora, Ana Matilde Gómez, le permitió al fiscal José Ayú Prado actuar en este caso “al margen de la Constitución y la ley” porque ella está siendo presionada por el presidente, Ricardo Martinelli.
Cruz volvió a repetir que en una ocasión Gómez le dijo que estaba recibiendo presiones para que “metiera preso a dos ex presidentes de la República”, refiriéndose a Martín Torrijos y a Pérez Balladares.
Cruz añadió que Gómez está permitiendo estas “arbitrariedades” por parte de Ayú Prado, porque ella está sujeta a un juicio –que calificó de “político”– en el que puede resultar destituida.
Sostuvo que en Panamá se vive un régimen tutelado por el Ejecutivo, el cual –destacó– controla todos los poderes del Estado. “Entonces, quién más puede ejercer presión política que la persona que tiene el poder absoluto en este país”, recalcó Cruz.
Amplió que estas acciones contra Pérez Balladares afectan la administración de justicia y la separación de poderes contemplada en la Constitución Nacional.
Por su parte, Carlos Carrillo, otro de los abogados defensores del ex jefe de Estado, argumentó que en este caso hay “factores extra procesales que están incidiendo” para proceder contra el ex mandatario.
Carrillo sostuvo que en la investigación judicial “no se ha podido vincular” a su cliente con el delito de blanqueo de capitales, y dijo que, en el fondo, lo que se busca es “perjudicarlo porque se trata de un ex mandatario de la República en medio de un momento político particular”.
A su juicio, en este caso, el Ministerio Público no ha actuado de manera negligente, sino de manera dolosa, premeditada y con un fin específico, que es el de afectar la imagen de Pérez Balladares.
DEFENSA HA PRESENTANDO 9 RECURSOS
La defensa de Ernesto Pérez Balladares presentó ayer otro hábeas corpus y un recurso de reconsideración contra las medidas cautelares que le impuso a su cliente el fiscal José Ayú Prado, elevando a nueve las acciones legales contra la investigación que se le sigue por supuesto blanqueo de capitales.
La reconsideración se presentó ante el mismo despacho del fiscal Ayú Prado, buscando que se revocara el impedimento de salida del país y el arresto domiciliario.
Mientras que el hábeas corpus se interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, para que se declaren ilegales ambas medidas cautelares.
Además, Rogelio Cruz y Carlos Carrillo –abogados del ex mandatario– informaron que hay pendientes por resolver otros seis recursos.
Explicaron que todavía está pendiente un hábeas corpus preventivo, distinto al que falló el magistrado Alberto Cigarruista y que quedó en ese mismo despacho.
La lista de recursos incluyen dos amparos de garantías constitucionales contra acciones tomadas por el Ministerio Público, radicados en los despachos de los magistrados José Abel Almengor y Víctor Benavides.
Por último, hay tres incidentes de controversia y una petición de fianza. Solo el primer hábeas corpus preventivo fue resuelto.

Panamá, jueves 18 de marzo de 2010
EL GOBIERNO OBLIGÓ A CIRSA PANAMÁ A DESPRENDERSE DE SUS SOCIOS LOCALES EN LA EMPRESA DE JUEGOS SILVER CUP GAMING
Allegados de Moscoso piden varios millones por acciones
Silver Cup Gaming tenía hasta ayer, para cerrar todas sus salas de máquinas tragamonedas ubicadas en el interior.
SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com

NEGOCIACIONES. El gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, dijo que pidieron la disolución de Silver Cup Gaming tras no ponerse de acuerdo en el precio que iban a pagar por las acciones de sus socios locales, vinculados al entorno de la ex presidenta Mireya Moscoso. LA PRENSA/Jazmin Saldaña -Archivo

Tras el escándalo que sacudió a la empresa CIRSA Panamá por sus vínculos accionarios con estrechos allegados al ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares (2004-2009), ahora la empresa de capitales españoles se encuentra involucrada en otra batalla: negociar con sus socios locales de Silver Cup Gaming, para adquirir la totalidad del paquete accionario de esa empresa, a la que la también ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) otorgó una concesión directa y gratuita en 2002.
Silver Cup Gaming –que opera CIRSA Panamá– tiene derecho a explotar siete salas de máquinas tragamonedas en el interior del país. La licencia se la otorgó, en forma directa, el gobierno de Moscoso el 20 de febrero de 2002.
Poco más de un año después, el 12 de junio de 2003, CIRSA Panamá vendió el 50% del paquete accionario de esa empresa a cinco sociedades anónimas locales (10% a cada una) por una suma irrisoria: 10 mil dólares. Así está establecido en documentos oficiales de la Junta de Control de Juegos (JCJ), el ente estatal que regula el sector.
Según registros bancarios a los que accedió este diario, y altas fuentes del Partido Panameñista, ese 50% terminó en manos de cinco estrechos allegados de Moscoso.
Tras los reportajes de investigación que publicó La Prensa a partir de agosto de 2009, el gobierno de Ricardo Martinelli obligó a CIRSA Panamá a desprenderse de sus “socios” locales en las empresas Lucky Games S.A. y Silver Cup Gaming.
Primero la empresa española –dueña de la mayor porción del negocio de máquinas tragamonedas en Panamá– cerró un acuerdo para comprarle su parte de Lucky Games S.A. a los allegados de Pérez Balladares, Roosevelt Lito Thayer y Enrique Pretelt. La transacción, que aprobó la JCJ el 25 de noviembre de 2009, posibilitó que Thayer y Pretelt cobraran 14 millones de dólares por sus acciones.
Una vez finalizado ese trato –según dijeron a este diario fuentes conocedoras del acuerdo–, CIRSA Panamá empezó a negociar con los allegados de Moscoso la compra del 50% de Silver Cup Gaming. Sin embargo, los socios no se han puesto de acuerdo y la disputa podría terminar en la justicia. “La gente de Moscoso, al enterarse del dinero que recibieron Thayer y Pretelt, pidieron mucho dinero por su parte de Silver Cup Gaming. Eso hizo que la negociación no avanzara”, dijo una fuente que participó de las charlas.
Según esa misma fuente, los allegados a Moscoso pidieron $20 millones por su parte del paquete accionario, mientras que CIRSA Panamá quería pagar unos $3 millones por el 50% de las acciones.
El gerente de CIRSA Panamá, Helios Navarro, reconoció que la empresa española negoció la compra de la mitad de Silver Cup Gaming con sus socios locales.
“Hicimos una propuesta”, dijo. Sin embargo, aclaró que CIRSA Panamá no llegó a “ningún acuerdo” con sus socios y que por eso pidieron la disolución de la compañía.
No obstante, una alta fuente de la JCJ avisó que CIRSA Panamá no tiene la facultad de cerrar la empresa porque comparte el paquete accionario con otros socios.
Los socios
¿Quiénes son los socios locales de CIRSA Panamá en Silver Cup Gaming?
Cinco sociedades compraron el 50% de Silver Cup Gaming, en 2003: Azarjo Corporation (10%), Horamar Finances Corp. (10%), Planeta Business Corp. (10%), Horalin Internacional Inc. (10%) y Bowler International Corp. (10%).
“Esas sociedades tenían nombre y apellido: todas eran personas cercanas a Mireya Moscoso”, dijo a este diario, en agosto pasado, una altísima fuente del panameñismo que pidió reserva de su nombre. Otras cuatro fuentes del partido consultadas, coincidieron.
Esas cinco sociedades, que tenían el 50% de Silver Cup Gaming, recibieron puntualmente todos los meses sus pagos de dividendos: cada una de las sociedades se llevó al bolsillo entre 18 mil dólares y 13 mil 500 dólares por mes. La cifra más baja que recibieron –según documentación oficial de la JCJ– fue 9 mil dólares mensuales.
Según registros bancarios, el dinero que recibieron al menos dos de las cinco sociedades llegó al bolsillo de ex integrantes del entorno de Moscoso. Horalín Internacional Inc. tuvo nexos con el fallecido director de la Policía Técnica Judicial durante la gestión Moscoso, Emilio De León.
Por su parte, Horamar Finances Corp. giró sumas de dinero a otro ex miembro del entorno de Moscoso y funcionario del Ejecutivo: Alejandro Garúz.
Garúz, actual viceministro de Gobierno y Justicia, reconoció en agosto pasado que recibió dinero de Horamar Finances Corp., pero negó ser accionista y, en cambio, dijo que los fondos cobrados fueron por una “asesoría” a esa sociedad. Tras conocerse sus vínculos con Horamar Finances Corp., el Ejecutivo le pidió explicaciones a Garúz aunque luego resolvió mantenerlo en su cargo.
Hoy, el nombre de Garúz vuelve a la escena: según dos de los participantes de las negociaciones que llevó a cabo CIRSA Panamá y sus socios locales, Garúz participó en las últimas conversaciones. Consultado, Garúz aseguró que no tuvo ni tiene nada que ver con alguna negociación vinculada a Silver Cup Gaming. “No tuve contacto ni me he reunido con nadie que represente a esa empresa”, añadió.
A pesar de no haberse puesto de acuerdo con sus socios, CIRSA Panamá debió cerrar las salas que fueron dadas por contrato directo, entre ellas las siete que posee Silver Cup Gaming en el interior. El plazo para cerrar las salas venció ayer, según la Ley 49 de 2009, que daba un término de seis meses a los operadores para clausurar las salas de juegos que fueron dadas en forma directa y gratuita por las antiguas administraciones de Pérez Balladares y Moscoso.
Indagatoria a Pérez Balladares
El ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otras 11 personas investigadas por blanqueo de capitales por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, tendrán la próxima semana otra oportunidad para explicar su participación.
Pérez Balladares, quien el pasado 14 de enero acudió a la fiscalía pero decidió no responder a las preguntas en espera de que el Órgano Judicial resolviera unos recursos presentados por sus abogados, está citado el martes 23 de marzo para una ampliación de su declaración.
El ex mandatario tiene medidas cautelares que le impiden salir de su residencia y del país. Además, el Segundo Tribunal Superior accedió hace dos semanas a su petición de fianza, estableciéndola en $5 millones. Sin embargo, Pérez Balladares se ha negado a consignarla.
Los otros 11 imputados serán indagados en las siguientes fechas: Tomás González de la Barrera y Henry Mon Woo, mañana 19 de marzo; Eyda Achón y Vicente Calderón, el 22 de marzo; Ricardo Caputo y Rómulo Abad, el 24 de marzo; Edilio Green y Saideth Ortíz de Rivera, el 25 de marzo; Jaime Espinoza y Jenifer Espinoza de Sheppard, el 26 de marzo, y James David Tibiasson, el 29 de marzo. Hasta ahora, todos se han negado a atender el cuestionario de la fiscalía.
Esta investigación se inició en septiembre de 2009, por un informe que la Unidad de Análisis Financiero envió al Ministerio Público.
JOSÉ OTERO
Caja de Ahorros prestó 6 millones de dólares a CIRSA para pagar multa
La Caja de Ahorros, el banco estatal especializado en créditos hipotecarios, le prestó $6 millones a la empresa CIRSA Panamá. Este préstamo sirvió para que la empresa pagara la primera cuota de la multa impuesta por el Estado, por las irregularidades detectadas en el proceso de obtención de las licencias directas para usufructuar de salas de máquinas tragamonedas que tenía la empresa, junto con dos estrechos allegados del ex presidente Ernesto Pérez Balladares: Roosevelt Lito Thayer y Enrique Pretelt. Por las citadas irregularidades, el gobierno de Ricardo Martinelli multó a CIRSA Panamá con $18 millones.
Los pagos, según una adenda que firmó la empresa con la Junta de Control de Juegos el 12 de noviembre de 2009, se harían de forma escalonada. El primero, de $6 millones, lo pagó la empresa de juegos el 31 de diciembre de 2009. Esos fondos fueron los que le prestó a CIRSA Panamá la Caja de Ahorros, cuya junta directiva preside el empresario Riccardo Francolini.
Una fuente del banco confirmó el préstamo aprobado por el directorio del banco estatal a finales de 2009, semanas antes de que se venciera el plazo para que CIRSA Panamá pagara la primer cuota de 6 millones de dólares.
El gerente general de la Caja de Ahorros, Jayson Pastor, no quiso dar detalles sobre el préstamo, y aclaró que esa información está “protegida por el secreto bancario”.
Pastor dijo, sin embargo, que lo que el banco hizo fue darle un “crédito comercial” a CIRSA Panamá y agregó que todos los préstamos que brinda el banco cumplen los estándares internacionales.
Un fuente de la institución financiera estatal dijo que el crédito a CIRSA Panamá pasó por la junta directiva sin contratiempos.
El gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, se limitó a afirmar que a la empresa de capitales españoles “le prestan [dinero] muchas entidades” financieras.
Las empresas de CIRSA Panamá le giraron fondos en forma constante a una sociedad anónima controlada por Pérez Balladares, asunto que investiga el Ministerio Público.
Por esta investigación, el ex presidente se encuentra con arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

Panamá, viernes 26 de marzo de 2010

El ex presidente señala que shelf Holding es la sociedad que maneja las inversiones de su familia
‘Sigo sin entender los delitos que se me imputan’
El ex gobernante reconoció haber recibido dinero de Lucky Games, pero no como accionista, sino como pago del dinero que le ha prestado a su yerno.

proceso. Pérez Balladares fue indagado el pasado martes. Luego de dos meses y 12 días bajo arresto domiciliario, solicitó que se le flexibilizara la medida cautelar. El fiscal rechazó el pedido. LA PRENSA/Carlos Lemos1353577
Lea la indagatoria de Ernesto Pérez Balladares.

José Otero
jotero@prensa.com
Ernesto Pérez Balladares sigue sin entender los delitos que se le imputan y que le mantienen bajo arresto domiciliario desde hace dos meses y 12 días.
Al menos eso fue lo que le dijo al fiscal Especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, que lo investiga por presunto blanqueo de capitales, en la indagatoria del pasado martes.
Para Pérez Balladares, en sus actuaciones no hay nada irregular. Dijo que no tuvo nada que ver en la concesión de máquinas tragamonedas con que se benefició a Lucky Games durante su gobierno ¬“la única participación mía en todo el proceso fue la firma, como mandata la ley”¬, y no hubo ninguna alerta o “bandera roja” de los bancos que avisarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre anomalías en el manejo de las cuentas de Shelf Holding Corp. y Pty Adventures, ambas mencionadas en el expediente.
Sin dar ninguna explicación sobre el origen de su fortuna, sostiene que su familia “históricamente ha gozado de solvencia económica”, y recordó que 1994, cuando entró a la Presidencia, reportó 10 millones de dólares en su declaración notariada de bienes. Cinco años después, en 1999, cuando dejó el cargo, declaró 11 millones.
“Siendo como soy, un economista y financista, es entendible que con mi esfuerzo y trabajo esos bienes patrimoniales se hayan aumentado a partir de los 10 años que tengo o casi 11, de haber dejado la Presidencia”, dijo.
Pese a que él mismo se reconoce como un hombre millonario, para todos los efectos fiscales apenas declara un ingreso de mil dólares mensuales.
“Yo soy independiente, mi salario es dependiendo de los ingresos mensuales de mis diferentes actividades. No tengo salario fijo, hay un salario de mil balboas declarado de una de mis empresas solamente, para los efectos de pagar impuestos sobre la renta”, reconoció cuando el fiscal le preguntó dónde laboraba y cuál era su salario.
En la indagatoria, que incluyó 68 preguntas y se extendió por más de ocho horas, Pérez Balladares tuvo que dar explicaciones sobre los movimientos de las cuentas investigadas y el manejo de sus gastos.
Hubo un nombre que se repitió durante casi toda la indagatoria: Enrique Pretelt.
‘El hijo hombre’
Para dar explicaciones de su patrimonio, Pérez Balladares se apoya en la relación que mantiene con su yerno.
“Es el hijo hombre que nunca tuve. Desde que se casó con mi hija Isabella, lo he ayudado en las cosas que me ha pedido. Me refiero a cosas económicas”, indicó.
Precisó haber ayudado a Pretelt a cancelar la hipoteca de su casa ¬ “usted entiende que en esos casos no hay ni siquiera un papel firmado entre nosotros”¬, a liquidar la agencia de seguridad Falcon Security ¬aquí la ayuda fue de 600 mil dólares¬, y a invertir en fincas.
Pero el préstamo que más atrae la atención de los investigadores es el de Lucky Games.
La empresa se benefició con una concesión directa en su gobierno, pero Pérez Balladares no vio ningún conflicto ético en que su yerno fuese uno de los accionistas. Es más, dice haber entregado una suma millonaria para que Enrique invirtiera en la concesionaria.
“Él era uno de los accionistas. En ese caso, ese préstamo se documentó y el préstamo puede haber sido por un millón 600 mil o un millón 800 mil”, indicó.
Aseguró que la operadora obtuvo la concesión “de forma transparente y prístina”, e insiste que nunca se benefició de contratos pactados en su gestión. “Ya le he dicho que los dineros que depositó Lucky Games y las otras sociedades corresponden a aumento del patrimonio familiar, a gastos, a préstamos, a pago de deudas. Eso es fundamental”, remarcó.
Pérez Balladares declaró además que Shelf Holding Inc. recibió varios cheques provenientes del “Grupo Pretelt”, al que pertenecería Lucky Games.
En el Registro Público no hay constancia de la existencia del tal “Grupo Pretelt”.
El ex gobernante señala que los fondos que recibió son abonos por préstamos personales y que los mismos no pueden “interpretarse” como pago de dividendos de Lucky Games.
También recibió cheques a través de Pty Adventures Inc., sociedad que igualmente pertenece a Pretelt. Los dineros aquí también, según dice, corresponden a pagos por préstamos realizados.
“Estas decisiones financieras competen solo a mi círculo más íntimo y no tienen nada que ver con lavado de dinero”, indicó.
“Yo no tengo participación ni tengo nada que ver con sus sociedades anónimas ni con sus negocios, honestamente tampoco conozco de las operaciones de sus sociedades”, respondió.
Familia que gasta unidad
Lo que le contó Pérez Balladares al fiscal es que Shelf Holding Inc. es una sociedad familiar creada en 2003, “para realizar todo tipo de actividades lícitas”. Reconoció tener “firma” en su cuenta corriente.
“Es cierto que la sociedad no tiene licencia comercial, pero esto no viola ninguna norma penal”, recalcó.
Pero frente a Shelf Holding aparecen Yazmín Yovalys Barrios (presidenta) e Ilka Itzel López de Cabrera (secretaria), dos personas a quienes Pérez Balladares dijo no conocer.
Cuando el fiscal le preguntó por qué, si era una sociedad creada para manejar asuntos familiares, no daba la cara ningún miembro de la familia, respondió: “verdaderamente no hay ninguna razón por la cual tengan que aparecer. Usted sabe que el régimen de sociedades anónimas significa exactamente eso: anónimas”.
También explicó que la razón por la cual es el único miembro de su familia que firma en las cuentas de Shelf Holding, es para evitar “actos de secuestros, demandas injustificadas y extorsiones”.
El indagado aceptó que a través de Shelf Holding recibió un cheque por 175 mil dólares de parte de Seaside Fundation y que Shelf giró 231 mil 883 dólares a Mundial Valores. Ambos documentos están en el expediente, así como otros cheques girados por “las empresas controladas por mi yerno”.
De igual forma reconoció que en febrero y diciembre de 2008 recibió dos cheques ¬uno por 18 mil 476 dólares y otro por 75 mil dólares¬ de las sociedades Kestel Management Inc. y Grupo Granate ¬ambas presididas por Pretelt¬, como pago por los gastos de un safari que hicieron juntos a África.
También recibió pagos de Pretelt por un supuesto “contrato de uso” del yate “Mister Bull” y el avión privado del ex presidente.
“El fin de semana pasado, mi avión no estaba disponible y mi hija y mi yerno con sus hijos querían ir a Chiriquí. Tuvieron que alquilar un avión, porque a ellos no les gusta volar en comercial. El alquiler de un avión para un vuelo de ida y regreso son dos mil 500 dólares”, contó.
Los testaferros
Pérez Balladares también tuvo que responder por el personal de su oficina. Casi todos están como él, imputados dentro de la investigación. Todos recibieron cheques de las sociedades mencionadas en el expediente.
De Vicente Calderón dijo que era un agricultor y pescador en Punta Barco, y de Eyda Achón, que era su secretaria privada. Ambos, personas de su “total confianza”, son también firmantes en Shelf Holding, y giraban cheques para pagar los gastos de la oficina y la casa de playa, cuando el ex presidente se iba de viaje.
De Tomás González de la Barrera y Henry Mong Woo dijo que son empleados de Pretelt. Los dos aparecen como firmantes de las cuentas de Pty Adventures.
Todos tienen prohibido abandonar el país, a diferencia de Pérez Balladares, quien además de la prohibición de abandonar el país, es el único de los imputados bajo arresto domiciliario.
Al respecto, el ex gobernante y su abogado Luis Carlos Cabezas ¬a partir de ahora, el único que lo representará dentro de este proceso¬ solicitaron a Ayú Prado que cambiara las medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país, por la de presentarse una vez al mes ante una autoridad jurisdiccional. También solicitaron la devolución del pasaporte.
Al final, todo le fue negado.

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