Finca “Saca Presos”

Panamá, miércoles 3 de marzo de 2010
al menos 10 personas la han usado como garantía para fianza de excarcelación

 

Una finca ‘saca presos’

 

La Dirección de Catastro realizará un avalúo específico de la propiedad, para determinar si realmente tiene un valor de 3 millones de dólares.

 

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libre. Jaime Salas depositó una fianza de 500 mil dólares el 5 de enero pasado. LA PRENSA/Archivo

José Otero
Carlos alberto vargas
panorama@prensa.com

 

La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas empezaron sendas investigaciones relacionadas con el uso de una misma finca para consignar las fianzas de excarcelación de los ex ministros Belgis Castro y Salvador Rodríguez, así como del ex ingeniero municipal Jaime Salas.

En el Órgano Judicial –específicamente en los juzgados Segundo y Undécimo Penal–, las investigaciones incluyen una auditoría sobre el proceso de otorgamiento y consignación de las fianzas de excarcelación de los tres ex funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Las auditorías alcanzan a la jueza segunda penal, Hilda Bonilla de Vidal, quien aceptó la fianza hipotecaria a favor del ex ingeniero municipal Jaime Salas, por 500 mil dólares. Salas está acusado por delitos contra la administración pública y contra la economía nacional.

También se investiga a la juez undécima, Josefina Scoplis, quien aceptó las fianzas de excarcelación (150 mil dólares cada una) de los ex ministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, procesados por irregularidades en la asignación de contratos para remover la fibra de vidrio en las escuelas públicas.

Con relación al Ministerio Público, el procurador suplente, Guiseppe Bonissi, informó que su despacho confirmó que la finca número 50728 –de una hectárea de extensión y ubicada en Coclé–, utilizada para la consignación de las fianzas otorgadas a Castro, Rodríguez y Salas, fue igualmente usada como garantía hipotecaria para la consignación de otras 10 fianzas de excarcelación.

Al respecto del nuevo hallazgo, Bonissi asegura que “esta investigación irá hasta las últimas consecuencias” y que incluirá a los “afianzadores” que pusieron como garantías el globo de terreno valorado en 3 millones de dólares, y a los funcionarios que avalaron y registraron el precio de la propiedad.

El Procurador encargado agregó que, de momento, los abogados que representaban a las personas implicadas en la utilización de esta finca como fianza no están bajo investigación. “Ellos simplemente solicitaron la asistencia de una afianzadora que debió garantizar que la fianza fuera cónsona con las necesidades de sus clientes”.

Finalmente, Bonissi explicó que una vez que su despacho avance en estas sumarias, el caso podría ser delegado a una de las fiscalías Anticorrupción.

Catastro investiga

Mediante la providencia No. 12 del 26 de febrero pasado, el director de Catastro, Publio Cortés, ordenó un avalúo específico a la finca 50728, propiedad de Rodrigo Muñóz Sánchez, para determinar si su valor es, efectivamente, de 3 millones de dólares.

La diligencia para el avalúo de la finca en mención, ubicada en el corregimiento de El Potrero, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, se realizará el 12 de marzo próximo.

En el documento que ordena la diligencia, Cortés considera que es conveniente entrar a analizar el precio dado a la citada finca, “por cuanto se refiere a un rango de valores que no se maneja en esta dirección para ese sector [Coclé] ni tampoco se ha observado ese rango en las transacciones de compraventa en dicha área”.

Cortés aclaró que el ar-tículo 767 del Código Fiscal establece tres fuentes para que su despacho pueda certificar los valores catastrales. La primera es a través de avalúos hechos por la Dirección de Catastro; la segunda, por los valores declarados en el Registro Público, y la tercera por avalúos hechos en los juicio de sucesión.

Como la finca 50728 no tenía valuación de Catastro ni tampoco uno por juicio de sucesión, la única fuente para establecer su valor era la declaración hecha en el Registro Público.

El funcionario explicó que la ley le permite certificar el valor catastral de un bien inmueble, a través de lo que se declara en el Registro Público.

Lo sucedido ha dejado en evidencia un vacío de la ley, lo que debe cambiar, comentó Cortés. En consecuencia, el funcionario sugiere hacer una modificación para que en el caso de fianzas de excarcelación, únicamente se acepten avalúos realizados por la Dirección de Catastro.

Hace solo unos meses –en septiembre de 2009–, Cortés envió un carta al Ministerio Público en relación a un caso similar (ver nota relacionada), poniendo a la institución a disposición de cualquier requerimiento de información relacionada con las fincas utilizadas para garantizar el monto de las fianzas de excarcelación.

Negocio con demanda

Abogados que se dedican a tramitar en el ámbito penal, explicaron a este diario que fuera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) merodean personas dedicadas al negocio de las fianzas de excarcelación, poniendo a disposición de las familias de los detenidos fincas que sirvan como garantía. “Nadie verifica los valores reales”, explicaron.

Se aseguró que raramente se trata de empresas afianzadoras, sino que son personas naturales que han sustituido a las compañías de seguro en este negocio.

Reacciona la defensa

Rogelio Cruz, abogado de Jaime Salas, explicó que la alteración del valor catastral de una finca no es causal para revocar la fianza de excarcelación, y que lo que correspondería en estos casos es buscar otra finca que reúna el valor catastral para cubrir el monto de la fianza que imponga el juez.

Chong Coronado alteró valor de fincas para fianza

La Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas determinó que las dos fincas (5677 y 5699) que presentó Ernesto Chong Coronado –ex asesor financiero de David Murcia Guzmán– para consignar su fianza de excarcelación, tenían un valor de $231 mil 325 y no de $8 millones 310 mil, como sustentó su defensa ante el Juzgado Tercero de lo Penal.

La investigación sobre el verdadero valor de las dos fincas, ubicadas dentro del Parque Nacional de Portobelo (en la provincia de Colón), se originó tras una petición del citado Juzgado Tercero.

La investigación de Catastro revela que la finca 5677 fue vendida por el Estado a Dante Fiori Mantula, en 1965, por $223 y consta de una superficie de 222 hectáreas. Luego, el señor Dante Fiori vendió la propiedad a Ralph Frederick Lam Canabal, por $4 millones 100 mil. Esta transacción se inscribió en el Registro Público el 30 de abril de 2009.

La finca 5699 fue vendida por el Estado a Agustín Santos Leones, en 1965, por $240, y consta de una superficie de 240 hectáreas. Luego, Leones vendió la propiedad a Ralph Frederick Lam por $4 millones 210 mil. Esta transacción se hizo el 30 de abril de 2009.

El 4 de mayo de 2009, Chong Coronado salió libre tras consignar como garantía hipotecaria las dos fincas citadas anteriormente por un valor de 8 millones de dólares.

El mismo día, el Juzgado Tercero penal le pidió a Catastro que hiciera un avalúo específico para conocer el valor real de esas dos fincas.

De la institución de Catrastro –aún en la pasada administración– se envió una nota al Juzgado Tercero, el 26 de junio de 2009, en las que se explica la imposibilidad de acceder a las fincas por ser parte de un bosque primario. La Dirección de Catastro aseguró que “el valor [de las fincas] estaría entre 3 mil a 5 mil dólares la hectárea, según información que les dio la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam)”.

La nueva administración de Catastro, a cargo de Publio Cortés, retomó la investigación el 7 de julio de 2009. Una vez cumplidas las notificaciones, los peritos de ese despacho se trasladan al Parque Nacional Portobelo, donde se ubican las dos fincas, para realizar su avalúo específico.

El 25 de agosto de 2009 se dictaminó que la finca 5677, sin accesibilidad ni servicios públicos, tiene un valor real de $111 mil 325. En cuanto a la finca 5699, con las mismas características de la anterior, tiene un valor de $120 mil. El nuevo valor fue fijado por Catastro y enviado al Juzgado Tercero penal.

CARLOS ALBERTO VARGAS
Belgis Castro:

 

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Salvador Rodríguez:

 

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fraude en precio de fincas usadas en fianzas de excarcelación

Catastro alertó de avalúos falsos

Catastro detectó que Ernesto Chong Coronado alteró el valor de dos fincas que garantizaron su fianza de excarcelación de $8 millones.

Carlos alberto vargas
cvargas@prensa.com1342803

El director de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, Publio Cortés, advirtió en septiembre del año pasado al Ministerio Público, de la situación relacionada con la consignación irregular de fianzas de excarcelación basadas en fincas con valores catastrales superiores a su valor real.

Cortés comentó que, desde esa fecha, se puso a disposición de las autoridades judiciales para certificar, a través de avalúos, los valores reales de las fincas presentadas como garantías hipotecarias. Su oferta nunca fue respondida.

Los señalamientos de Cortés fueron planteados a la procuradora suspendida, Ana Matilde Gómez, y se originaron a raíz de una investigación hecha a solicitud del Juzgado Tercero Penal y que reveló que las dos fincas que presentó como garantía hipotecaria Ernesto Chong Coronado, ex asesor de David Murcia Guzmán para consignar una fianza de 8 millones de dólares, apenas tenían un valor de 231 mil dólares.

Por otro lado, el procurador encargado, Giuseppe Bonissi, reveló que la finca 50728, ubicada en La Pintada, provincia de Coclé, y que se usó como garantía para las fianzas de excarcelación de los ex funcionarios Salvador Rodríguez, Belgis Castro y Jaime Salas, también fue utilizada para garantizar otras 10 fianzas de excarcelación.

 

VEA Una finca ‘saca presos’
Panamá, sábado 6 de marzo de 2010

 

se usó para las fianzas de excarcelación de belgis castro, jaime salas y salvador rodríguez

 

Finca ‘saca presos’ debe al fisco

 

El propietario recibió más de 100 mil dólares de los excarcelados y no ha pagado un solo centavo al fisco en concepto de impuesto de inmueble.

 

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excarcelados. Los ex ministros Salvador Rodríguez y Belgis Castro, así como el ex ingeniero municipal Jaime Salas, tendrán que buscar un nuevo bien que sirva de garantía en caso de que les revoquen las fianzas de excarcelación. LA PRENSA/Archivo1344418

Carlos alberto vargas
cvargas@prensa.com

La finca (número 50728) utilizada como garantía hipotecaria para las fianzas de excarcelación de los ex ministros Salvador Rodríguez y Belgis Castro, así como del ex ingeniero municipal Jaime Salas y otras 10 personas más, adeuda más de 62 mil dólares en impuesto de inmueble al Estado, según documentos oficiales obtenidos por este diario.

Rodrigo Muñoz Sánchez segregó la finca 50728 de una finca madre –de dos hectáreas, la número 20202– que compró el 12 de noviembre de 2009 a Mariela Abigail Bernal Pérez por un valor catastral de 18 dólares. Esta finca está ubicada en el corregimiento de El Potrero, distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

Muñoz Sánchez inscribió en el Registro Público la finca 50728 de una hectárea de extensión, el 24 de noviembre de 2009, con un valor catastral de 3 millones de dólares.

Muñoz Sánchez también segregó otra finca, de la finca madre (20202), la cual se inscribió bajo el número 50740 en el Registro Público, el 30 de noviembre de 2009. Esta finca, también de una hectárea, tiene un valor catastral de 3 millones de dólares.

Deudas

A la fecha, ambas fincas, cuyo propietario es Rodrigo Muñoz Sánchez, adeudan al Estado, en concepto de impuesto de inmueble, más de 129 mil dólares.

La finca 50728 adeuda al Estado, en impuesto de inmueble, la suma de 62 mil 262 dólares con 48 centésimos. Mientras que por la finca 50740, Muñoz Sánchez debe 67 mil 584 dólares con 65 centésimos al Estado.

Hasta ahora, esta última finca no ha sido utilizada como garantía hipotecaria para fianza de excarcelación de personas que se encuentran detenidas.

No obstante, Muñoz Sánchez ha puesto como garantía hipotecaria la finca número 50728, para excarcelar a 13 detenidos (ver cuadro).

La referida propiedad ha costeado fianzas por un millón 489 mil 400 dólares, y si se aplica el artículo 2162 del Código Judicial, que señala que la propiedad debe tener el doble del valor de la fianza consignada, a esta finca solo le quedan $21 mil 200 de valor disponible para servir de garantía a otras fianzas.

Pero, al parecer, el propietario de las fincas ha recibido dinero suficiente para pagar los impuestos. El abogado de Jaime Salas reveló que le pagó 100 mil dólares a Muñoz Sánchez para utilizar el servicio (fianza), para que pusiera la finca como garantía de la fianza de 500 mil dólares que le había fijado a su cliente el Juzgado Segundo penal, por el proceso que se le sigue por blanqueo de capitales en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Además, la defensa del ex ministro Salvador Rodríguez asegura que le pagó 22 mil dólares al dueño del terreno, por el alquiler de la finca para que fuera la garantía hipotecaria de la fianza de 150 mil dólares que le fijó a su cliente el Juzgado Undécimo penal. Rodríguez salió libre en enero pasado.

Abogados, tras nuevas garantías

La defensa de los ex ministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, así como la del ex ingeniero municipal Jaime Salas, adelantan estrategias ante el pedido de revocar las fianzas de excarcelación que consignaron sus clientes.El abogado del ex ministro Salvador Rodríguez sostiene que ya está buscando otro bien que sirva de garantía para volver a consignar la fianza.

Por su parte, el defensor del ex ingeniero municipal Jaime Salas aseguró que ya el fiscal José Ayú Prado solicitó la revocatoria de la fianza ante el Juzgado Segundo de lo penal.

“Nosotros ya fuimos notificados y la próxima semana vamos a oponernos a esto, porque el fiscal no puede solicitar una revocatoria basándose en recortes de periódico”, advirtió.

El abogado de Belgis Castro, en tanto, explicó que formalmente no han sido notificados de este procedimiento para revocar la fianza a su cliente, pero agregó que conoce que hay una petición de la Fiscalía Tercera Anticorrupción ante el juez undécimo suplente para revocar la fianza al ex ministro. El abogado expresó, asimismo, que el afianzador [Rodrigo Muñoz Sánchez]ha asegurado que su fianza es legal, por lo que rechazan el pedido del fiscal.

Eduardo Mendoza

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Panamá, viernes 26 de marzo de 2010

 

dirección de catastro fijó el valor de la propiedad ubicada en la pintada

Finca solo vale 800 dólares

La propiedad sirvió de garantía hipotecaria para garantizar 13 fianzas de excarcelación, incluyendo las de Belgis Castro, Salvador Rodríguez y Jaime Salas.

carlos alberto vargas
cvargas@prensa.com

La finca 50728, valorada en 3 millones de dólares por su dueño -Rodrigo Muñoz Sánchez- y que sirvió para garantizar las fianzas de excarcelación de 13 personas, incluyendo las de los ex ministros Belgis Castro y Salvador Rodríguez, así como al ex ingeniero municipal Jaime Salas, tiene un valor catastral de 800 dólares.

La Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas le fijó por resolución ese nuevo valor catastral a la propiedad, luego de que funcionarios de ese despacho realizaron, el 24 de marzo pasado, una inspección de la finca ubicada en el corregimiento de El Potrero, distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

La resolución, que lleva la firma del director de Catastro, Publio Cortés, estableció también en 800 dólares el valor catastral de la finca 50740, que hasta el momento tenía registrado también un valor de tres millones de dólares.

Catastro fijó igualmente en 304 dólares con 29 centavos el valor catastral del resto de la finca madre 20202, tras la segregación hecha por Muñoz Sánchez para crear los otros dos terrenos (50728 y 50740). A esa parcela restante, el propietario le había declarado un valor de un millón de dólares ante el Registro Público, con el argumento de que había sembrado 700 plantones de teca.

La resolución de Catastro deja constancia que los peritos no observaron dichos plantones.

La Dirección de Catastro remitió al Ministerio Público copia de la resolución con los nuevos valores catastrales, para determinar si hubo delito de falsedad al haberse declarado ante el Registro Público mejoras inexistentes y un valor falso.

Si los tribunales correspondiente revocan las fianzas, los imputados que usaron esa finca tendrán que reemplazar ese bien por otro que sirva como garantía para las fianzas de excarcelación. Para ello tendrán el plazo que les señale el juez, según fuentes judiciales.

 

14 mayo 2011

Panorama

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finca ‘saca presos’

Cierran caso de fianzas anómalas

Catastro confirmó a través de un avalúo que la finca 50728 solo tiene un valor de $800. Pese a ello sirvió para respaldar fianzas por un $1.5 millón.

Elio Nuñez
elio.nunez@prensa.com1553178

Luego de una investigación de más de un año, el Juzgado Cuarto Penal otorgó un sobreseimiento definitivo en el caso de la investigación por supuesta sobrevaloración de la finca 50728, que sirvió de garantía hipotecaria para 13 fianzas de excarcelación por un monto de 3 millones de dólares, a pesar que un avalúo de catastro le asignó un valor de solo 800 dólares.

El juez Silverio Rodríguez estimó que las 13 fianzas de excarcelación garantizadas a través de la finca, entre las que se encuentran la de los exministros de Educación Jaime Salas y Salvador Rodríguez, y la del ex ingeniero municipal Jaime Salas, fueron tramitadas cuando su valor registrado en la Dirección de Catastro era de 3 millones de dólares.

El fallo señala que el 2 de marzo de 2010 la Dirección de Catastro dijo que hasta tanto no se hiciera un avalúo de la propiedad, se tendría como valor el monto que aparece en las transacciones inscritas en el Registro Público.

Un avalúo posterior hecho por Catastro demostró que la finca, propiedad de Rodrigo Muñoz, solo valía 800 dólares, pero que fue usada para respaldar fianzas por un monto de 1.5 millón de dólares.

La propiedad, que se encuentra ubicada en El Potrero de La Pintada, no tiene construcción alguna y está llena de malezas.

 

VEA ‘No hubo delito en el uso de la finca saca presos’

Panorama

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JUZGADO CUARTO PENAL ORDENÓ SOBRESEIMIENTO EN LAS SUMARIAS INICIADAS EN 2010

‘No hubo delito en el uso de la finca saca presos’

Las fianzas de excarcelación otorgadas a los exministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, empero, fueron revocadas.

VALOR. Después de un avalúo de la Dirección de Catastro en 2010, se determinó que el verdadero valor de la finca era de 800 dólares. LA PRENSA/Archivo1553178

Elio Núñez
elio.nunez@prensa.com

El Juzgado Cuarto Penal ordenó cerrar las sumarias que llevaba la Fiscalía Segunda de Circuito sobre la conocida finca “saca presos”, la cual fue utilizada como garantía hipotecaria para las fianzas de excarcelación de los exministros de Educación Salvador Rodríguez y Belgis Castro, del ex ingeniero municipal Jaime Salas y de otras 10 personas más.

En efecto, el 23 de febrero pasado el Juzgado Cuarto Penal dictó un sobreseimiento definitivo del caso y con ello cerró la investigación que el Ministerio Público dio inicio el 1 de marzo de 2010 por el delito de falsedad, el 1 de marzo de 2010.

En su decisión, el juzgado tomó en cuenta que en los cuadernillos de fianzas y en las certificaciones del Registro Público se establecía que el valor de la finca para el momento en que fueron otorgadas las fianzas de excarcelación –noviembre de 2009– era de tres millones de dólares; mientras que la certificación de la Dirección General de Catastro incluía el paz y salvo correspondiente al pago de impuestos de acuerdo con el valor catastral registrado.

En su fallo, el juez Silverio Rodríguez aceptó la solicitud realizada por la Fiscalía Segunda de Circuito en la vista fiscal 441 del 29 de octubre de 2010, en la que se concluyó que en este caso no hubo delito, ya que el valor de la finca estaba inscrito en el Registro Público, pese a que un posterior avalúo de Catastro determinó que el valor real de los terrenos era de 800 dólares.

El informe de la fiscalía precisó que el valor de la finca estaba registrado antes de que se concedieran las fianzas de excarcelación.

Tras esta investigación, sin embargo, la jueza undécima penal, Josefina Sclopis, revocó las fianzas de los dos exministros de Educación, valoradas cada una en 150 mil dólares, pero esa decisión no se ha hecho efectiva, ya que está pendiente que se resuelva un conflicto de competencia entre los juzgados Undécimo de Panamá y Tercero Penal de Colón, este último pues conoce parte de una investigación contra Rodríguez por el caso de la fibra de vidrio.

Las investigaciones de la llamada finca “saca presos” –identificada con el número 50728 y situada en La Pintada, provincia de Coclé– se iniciaron de oficio tras la publicación de informaciones periodísticas que daban cuenta del otorgamiento de las 13 fianzas con estos terrenos como aval hipotecario.

Luego se descubrió que el valor real de los terrenos era de 800 dólares.

La fianza otorgada a Salas con esta finca como aval fue por medio millón de dólares.

 

 

La Prensa 27 mayo 2011

Panorama

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Lío por nuevas fincas ‘saca presos’

Los vinculados al caso de la ‘narcoavioneta’ usaron como garantía dos fincas que no han sido ubicadas por Catastro.

SANTIAGO CUMBRERA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

scumbrera@prensa.com

Un poco más de un año después de que se conociera la utilización de una finca –cuyo valor fue fraudulentamente alterado– para garantizar la excarcelación de los exministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, del exingeniero municipal Jaime Salas y otras 10 personas, la historia se repite.

Los protagonistas de este nuevo episodio son la exfiscal de Drogas de Los Santos y Herrera Milagros Valdés, el abogado Alcibiades Ballesteros y la exjefa de Recursos Humanos del Ministerio Público Eva Lorentz, todos vinculados al caso de la llamada “narcoavioneta”.

Los tres presentaron una fianza de $100 mil cada uno, utilizando dos terrenos supuestamente ubicados en la provincia de Coclé que, tras las pesquisas hechas por este diario, están siendo investigados por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.

Valdés y Ballesteros pusieron como garantía para salir de la cárcel una finca cuyo valor aumentó de $5 mil a $477 mil, solo dos meses antes del trámite judicial, gracias a un avalúo de una empresa que refrendó Catastro. La finca ha sido usada por otras 19 personas para salir de la cárcel.

 

Vea Otras fincas ‘saca presos’

LOS BENEFICIADOS ESTÁN VINCULADOS AL ESCÁNDALO DE LA ‘NARCOAVIONETA’

Otras fincas ‘saca presos’

La falta de controles en Catastro y en el Registro Público mantiene vigente la posibilidad de alterar el valor de fincas.

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¿FRAUDE? Ni en el terreno encontrado por Catastro (Izq.) ni en el área visitada por ‘La Prensa’ (Der.) se produjo la certeza en la identificación de la finca utilizada como garantía en los implicados en el caso de la ‘narcoavioneta’. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez y Cortesía.1559528
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Aníbal Salas. LA PRENSA/Archivo
Giuseppe Bonissi. LA PRENSA/Archivo
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SANTIAGO CUMBRERA
Unidad de Investigación

scumbrera@prensa.com

Justo cuando Silverio Rodríguez, juez cuarto penal, ordenó el archivo de las investigaciones en el caso de una finca sobrevalorada y utilizada como garantía para las fianzas de excarcelación de dos exministros de Educación –Belgis Castro y Salvador Rodríguez–, el ex ingeniero municipal del distrito de Panamá Jaime Salas y otras 10 personas, la historia se repite con nuevos y singulares actores.

Esta vez, los protagonistas están implicados en la denunciada penetración del narcotráfico en el Ministerio Público (MP) que provocó la renuncia del entonces procurador encargado, Giuseppe Bonissi.

Se trata de la exfiscal de Drogas de Herrera y Los Santos Milagros Valdés, el abogado Alcibiades Ballesteros y la exjefa de Recursos Humanos del MP Eva Lorentz, todos vinculados al caso conocido como la “narcoavioneta” (Ver nota relacionada).

Valdés y Ballesteros recuperaron la libertad al presentar una fianza hipotecaria de $100 mil cada uno, utilizando la finca 319525, ubicada en La Pacora, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Esta finca, cuyo propietario es el costarricense Marcial Molina Arrieta, tiene mil 735 metros cuadrados y un valor catastral de $477 mil 356, según la escritura pública 1433, inscrita el 21 de enero de 2011, según consta en el sistema de información del Registro Público.

Este terreno ha garantizado, entre el 9 de febrero y el 28 de abril de 2011, 21 fianzas de excarcelación por un total de $435 mil 700, lo que significa que ha excedido su capacidad de servir de garantía, ya que el artículo 2162 del Código Judicial señala que la propiedad debe tener el doble del valor de la fianza consignada. (Ver tabla).

Traspasos y avalúos

El 11 de noviembre de 2010, Molina Arrieta compró la finca a la sociedad Mastranto Oil Corporation S.A., representada por Marco Aurelio Romero.

La transacción fue por $5 mil y, curiosamente, se realizó en una notaría de Changuinola, Bocas del Toro, según documentos que reposan en el Registro Público.

Dos semanas antes –el 25 de octubre de 2010– la sociedad Mastranto Oil Corporation S.A. compró por el mismo valor la finca al español Miguel Amat Torras, quien coincidentemente es el propietario del terreno que utilizó Eva Lorentz para evadir la prisión.

En menos de tres meses, la finca pasó de costar $5 mil a $477 mil 356, luego de que el Departamento de Avalúos de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales –que pertenece a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras–, a cargo de Anabelle Villamonte, refrendó una declaración jurada de Molina Arrieta, del 20 de enero de 2011.

Es decir, el nuevo valor fue registrado solo dos meses antes de que Valdés y Ballesteros fueran beneficiados con una fianza de excarcelación utilizando la citada finca.

El Registro Público inscribió el nuevo valor como mejoras al terreno, a pesar de que en el avalúo de la finca que hizo Avalúos e Inspecciones, S.A. (AISA), señala que no hubo tales mejoras.

Consultada por La Prensa, la representante de la empresa, Leisa Martínez, explicó que el hecho de que la finca sea o no utilizada para garantizar fianzas de excarcelación es irrelevante para su trabajo.

El único detalle importante del proceso, agregó, es saber si el avalúo se utilizará o no en una transacción bancaria.

AISA está en la lista de empresas que la Dirección de Catastro certifica como idóneas para establecer el valor de fincas en la República de Panamá.

La idoneidad, según el portal electrónico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se obtiene aportando una corta lista de documentos.

Una finca, dos valores

AISA hizo dos avalúos a la finca utilizada por Valdés y Ballesteros para salir de la cárcel. Ambos cálculos fueron presentados ante Catastro el 8 de enero de 2011, y únicamente varían en el valor comercial.

Uno es por $564 mil 140 y el otro por $477 mil 356; es decir, una diferencia de casi $100 mil que no se explica en la documentación que reposa en el expediente.

La directora de Catastro asegura que el avalúo más alto fue rechazado, porque “no se ajusta a los parámetros” de la institución.

Los documentos son firmados por la ya citada Leisa Martínez, gerente de avalúos de AISA, y no hay indicación de que entre uno y otro se realizara alguna diligencia adicional sobre las condiciones de la finca que justifique la diferencia. “Es un asunto de criterio”, explicó la representante de la empresa avaladora.

Según el avalúo reconocido por Catastro, el terreno está cercado con postes de tubos de acero galvanizado y siete hiladas de alambres de púa. Además, se dice que el sector cuenta con agua, luz y teléfono y que el terreno es rectangular, con una “topografía regular de semiplana a ondulada”.

El documento agrega que en los lotes aledaños hay viviendas de alto costo, y que a 200 metros está el proyecto turístico Bijao, lo que ubica la finca en un sector de “gran valor turístico”.

La Prensa acudió la semana pasada al lugar conocido como La Pacora, un área ubicada entre Río Hato y San Carlos (frente a Las Guías de Oriente), para constatar las condiciones de la finca.

En el lugar habitan pocas familias y nadie pudo identificar el terreno buscado. El nombre del propietario “no les era familiar”, dijeron.

Los predios y veredas de La Pacora están llenos de malezas. La calle principal tiene unos 100 metros de asfalto y el resto es de tosca.

Al área también acudió personal de Catastro, al no poder responder las preguntas hechas por este diario sobre la cotizada finca.

En la inspección identificaron un terreno con características similares a las descritas en el avalúo, pero en Catastro siguen sin tener certeza de que se trata de la finca buscada, debido a que en el avalúo no se aportó el plano del terreno.

“La finca existe, al menos, en papel”, fue el escueto comentario de la directora de Catastro.

Por su parte, Leticia Brea, directora de la Reforma Agraria, asegura que el número de plano que aparece en el Registro Público no corresponde con la información que tiene su Departamento de Mensura.

Sin cambios

Un poco más de un año después de los sucesos relacionados con la llamada “finca saca presos”, casi nada ha cambiado en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.

Tampoco han variado los procedimientos y fiscalizaciones relacionados con este tema en el Registro Público o el Órgano Judicial.

A pesar de ello, el portal del MEF sigue anunciando una reforma a la legislación “con el propósito de frenar la utilización ilegal de fianzas de excarcelación con garantías en fincas”.

Se trata de la reacción a lo sucedido que tuvo el anterior director de Catastro Publio Cortés, quien propuso la modificación del artículo 2162 del Código Judicial y la adición de un numeral al artículo 31 de la Ley 63 de 1973, para establecer controles en un proceso que había posibilitado el fraude en el caso de los exfuncionarios.

El proyecto llegó al despacho del entonces procurador Giuseppe Bonissi, pero nunca fue llevado a la Asamblea Nacional.

El 6 de abril de 2010, el MEF aprobó la Resolución 58-A que introdujo algunos controles en el proceso de certificación del valor catastral cuando se trata de fincas que serán usadas para garantizar fianzas de excarcelación. Sin embargo, permite los llamados avalúos voluntarios que dejan abierta la puerta a los fraudes.

Por los lados del Órgano Judicial nada se supo de una investigación que anunciara en marzo de 2010 el presidente de la Corte, Aníbal Salas.

La única investigación realizada fue cerrada la semana pasada por el juez cuarto penal, Silverio Rodríguez, al considerar que no se había producido el delito de falsedad, porque las fianzas de excarcelación se otorgaron “en base en la documentación emitida por el Registro Público y el Ministerio de Economía y Finanzas”.

La falsedad en la descripción de la finca que produjo el valor espúreo, no fue objeto de análisis por parte del juez Rodríguez quien, curiosamente, es el mismo juez que aceptó las fianzas en esta nueva historia.

Y justamente es allí –en los avalúos de las fincas y sus procesos de inscripción– donde se inicia lo que se ha constituido en un lucrativo negocio para algunos, y un evidente fraude al sistema de justicia.

 

Génesis de un escándalo

En diciembre de 2010, la agencia federal antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió a las autoridades del Ministerio Público (MP) que en la Fiscalía Delegada especializada en delitos relacionados con drogas de Herrera y Los Santos se fraguaba la liberación de importantes imputados.

Como consecuencia de esta alerta, el 15 de diciembre detiene a la exfiscal Milagros Valdés, quien confesó haber liberado a cuatro personas acusadas de narcotráfico, todas vinculadas al hallazgo de una avioneta con residuos de droga el 21 de agosto de 2010 dentro de la finca La Hondita, ubicada en las costas de Los Santos y propiedad de Miguel Ángel Castillo.

La declaración de Valdés fue sorprendente. Aseguró haber sido contactada por el abogado Alcibiades Ballesteros, quien le ofreció el cargo de fiscal, con la condición de que liberara a Miguel Ángel Castillo, Miguel Ángel Castillo Domínguez, Avelino Ríos y George Guillén.

Luego, recibió la llamada de la jefa de Recursos Humanos del MP Eva Lorentz, quien le indicó que debía tomar posesión del cargo en Los Santos.

El 26 de octubre de 2010, Milagros Valdés, de 35 años y funcionaria del Tribunal de Contrataciones Públicas, fue nombrada secretaria de la Fiscalía de Drogas en Herrera y Los Santos.

Unos días después, el 22 de noviembre, fue ascendida a fiscal encargada, y cuatro días más tarde ordenó la liberación de los imputados en el caso de la “narcoavioneta”.

Para cerrar el círculo, el 3 de diciembre Valdés emitió una vista fiscal en la que pidió el sobreseimiento de los cuatro imputados.

En su declaración inicial, Valdés involucró a Nedelka Díaz, en ese momento secretaria general del MP y hoy fiscal en Chiriquí, asegurando que por la “transacción” se pagaron $400 mil.

Cuando se produjo la detención de Valdés, tanto Eva Lorentz como Nedelka Díaz estaban fuera del país. Ambas anunciaron impactantes revelaciones a su regreso. Nunca se produjeron.

El último capítulo de esta sorprendente historia ocurrió el 13 de abril pasado, cuando Valdés se retractó de todo lo dicho, asegurando que fue “secuestrada” por las autoridades del MP durante 72 horas, y obligada a declarar como lo hizo inicialmente.

Hoy está en libertad gracias a una singular finca.

 

 

 

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