Wikileaks Corte Suprema de Justicia y corrupción

Wikileaks Corte Suprema

 

25 mayo 2011

 

Panorama

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Corte Suprema de Justicia, ‘una empresa delictiva’

La embajadora estadounidense Linda Watt se lamenta de que la CSJ fija el tono para la sociedad que se vuelve más y más cínica con ese ejemplo. “Ese tono puede resumirse así: ‘Todo el mundo miente, engaña y roba, y nadie es castigado, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?”. En Panamá, la justicia es una tarea pendiente desde la recuperación de la democracia tras la invasión de 1989. La llamada ‘Corte de lujo’ de entonces, nombrada por Guillermo Endara Galimani ha degenerado en una institución lastrada por el descrédito.

 

 

 
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CRISIS. Se confirman las malas noticias en la sede de la justicia LA PRENSA/Archivo1558655
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Yasmina Reyes
yreyes@prensa.com

  1. Este número entrará en la infamia, porque es el que identifica el cable –filtrado por Wikileaks y entregado a La Prensa– que revela el nivel al que ha llegado la corrupción en la justicia panameña.

De manera descarnada, en él la exembajadora Linda Watt reporta: “Los magistrados administran la Corte como una empresa delictiva (racket)” en la que se manejan “cifras de seis dígitos o más”.

Tan contundente afirmación solo confirmó las sospechas del ciudadano común, ahora respaldadas por revelaciones como las que han salido a la luz con la filtración de los cables que los representantes diplomáticos estadounidenses enviaron a su capital sobre los eventos, desempeño y escándalos del Gobierno y sociedad panameños.

El reporte de Watt deja ver que la Corte Suprema de Justicia panameña, entre 2004 y 2005, no impartía justicia, sino que vendía sentencias al mejor postor.

La preocupación de Watt la compartieron sus sucesores –William Eaton y Barbara Stephenson– que cada vez que podían, volvían sobre el tema debido a los clamores que no paraban de llegar a la embajada estadounidense.

El tópico sigue vigente hoy, seis años y dos presidentes después, Martín Torrijos (PRD) y Ricardo Martinelli (CD).

El mal ejemplo que da la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña ha contribuido a profundizar la corrupción, corroyendo a la sociedad, concluye la exembajadora Linda Watt en su cable del 22 de julio de 2005 a Washington.

En su informe plantea que: “la logística de la compra de sentencias en la Corte es escalofriantemente burda” y expone que el concepto de “conflicto de intereses” está vacío de contenido en este medio. Los políticos y los magistrados de la Corte Suprema –comentó la exembajadora Watt– rutinariamente usan los puestos públicos para sacar provecho privado.

Corría el año 2005. Martín Torrijos acababa de tomar posesión como Presidente de la República bajo el sonoro y pegajoso eslogan: “Más trabajo, más seguridad y cero corrupción”, con el que se anunciaba la “Patria Nueva” como contraparte de los escándalos como el Cemis y la ratificación, teñida de sospechas, de los magistrados Winston Spadafora Franco y Alberto Cigarruista, nominados por la presidenta Mireya Moscoso.

En sus reportes, Watt dejaba entrever su esperanza de que Torrijos atacara el problema, como prometió en campaña. Y confiaba en que aprovecharía el “escándalo Spadafora” (producido por el inminente retiro de la visa estadounidense por corrupción al magistrado Winston Spadafora) y luego las denuncias públicas del magistrado Adán Arnulfo Arjona como palanca para adecentar el sistema judicial. Pero no sucedió.

Analistas como José Isabel Blandón padre atribuyen la inacción de Torrijos a su proverbial tendencia a la procrastinación; quienes lo quieren menos hablan de “incapacidad” y sus opositores apuntan a que no podía actuar con energía en el tema porque muchos de sus correligionarios estaban involucrados en el escándalo del Cemis, y la Corte era la llamada a atender el caso.

Uno de los primeros pasos, que se consideraron alentadores, fue la instalación del foro del Pacto por la Justicia, en marzo de 2005, forzado por la presión ciudadana hastiada de la corrupción. El acuerdo resultante de ese esfuerzo, conocido como Pacto por la Justicia, fue firmado en octubre de 2005 y fue como una bocanada de aire fresco que se agotó pronto.

Torrijos firmó el Pacto sin darle sostén jurídico con un decreto o proponiendo una ley que forzara su cumplimiento; luego lo puso en el congelador. El gobierno de Torrijos y después el de Martinelli no asignaron los fondos necesarios para implementar las medidas acordadas. Además, violaron uno de los acuerdos emblema del Pacto: la aplicación del mecanismo de designación de los magistrados de la Corte Suprema.

En octubre de 2010, cinco años después de la firma del Pacto, la Alianza Ciudadana hizo una auditoría y reportó que 58.6% de los acuerdos no han sido puestos en marcha y 20.7% no puede ser siquiera analizado porque no se pudo determinar qué ocurrió con ellos.

Murmuraciones con fundamento

Una fuente que Watt no identifica, pero a la que describe como “bien situada y confiable”, le confirmó a la exembajadora las murmuraciones y las quejas de quienes buscaban en la embajada una fórmula para enderezar el estado de cosas.

La exembajadora Watt llega a la conclusión, que comparte con Washington, de que “los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deciden los casos basados en un cuidadoso cálculo de los beneficios políticos y financieros para sí mismos, sus amigos y sus amos políticos. Manejan la Corte como una empresa de hacer dinero, sin respeto por la ley, las necesidades del país, o el bien público. Muy frecuentemente, legalismos y argumentos oscuros hacen muy difícil que la gente común siga lo que están haciendo, y protegen a los magistrados del escrutinio público. Sin embargo, la gente presume que la venalidad rige la Corte, y están en lo correcto”.

¿Cómo llega a esa conclusión?

Su “confiable” fuente la habría puesto al tanto de que hay un sistema que se aplica a los casos que llegan a la alta Corte. Esa “senda”, según la fuente a la que se refiere Watt, empieza con “los magistrados discutiendo abiertamente entre ellos el tamaño de los pagos que esperan y exactamente cómo cada juez decidirá”.

Según se le explicó a la exembajadora “(…) los magistrados deciden los casos basados en la capacidad de pago de cada parte en el litigio”. “Los argumentos legales son irrelevantes, los precedentes se usan arbitrariamente si le sirven a la Corte para las necesidades del momento”, detalló el informante.

Inclusive, subrayó, hasta los abogados que creen tener un caso sólido están deseosos de pagar a los magistrados en aras de cultivar “buenas voluntades” para futuros casos.

Cuando escogían a un ganador, basado en su solvencia económica, procederían a negociar el precio de sus votos con el abogado de la parte “ganadora”. “Entonces –explica la fuente de Watt– hasta preparan opiniones disidentes bien argumentadas para sonsacarle dinero a los clientes perdedores y abogados”.

El informe de Watt abunda en datos sorprendentes. El cable enviado a Washington detalla hasta el interrogatorio al que se somete a los litigantes para decidir cómo proceder. El informante le aseguró a la exembajadora que se les preguntaba: “¿Qué decisión es la que quiere? ¿Qué quiere Ud. que hagamos? ¿Cuánto está Ud. preparado para pagar?”

Establecidos los hechos monetarios “relevantes” –explica la diplomática en su reporte– se acuerda cuál será la sentencia y se inician las negociaciones entre los magistrados y los litigantes. La fuente le aseguró a Watt que “una vez que se acuerda el monto del soborno, los magistrados se lo dividen, e incluso participan aquellos que expusieron opiniones disidentes”. Del grupo, sin embargo, Watt, excluye al magistrado Adán Arnulfo Arjona. En un comentario que suma al reporte, la diplomática indica: “(…) el magistrado Arjona (…) aparentemente no participa en esta concusión. Su frecuentemente solitario voto disidente es un indicador de su probidad”.

El cable de Watt señala unos nueve casos en los que las decisiones movieron a dudas a la sociedad panameña y prendieron las alarmas en la sede diplomática estadounidense (ver tabla 3).

Sin embargo, los casos sobre los que más abundó fueron los casos Yelinek-Otterloo y Henao Montoya (vea los detalles en el cable).

Las dudas sobre la probidad de la Corte Suprema son persistentes. Y después de los escándalos citados por Watt en su cable de 2005, los ciudadanos buscan caminos alternos para evitar quedar empantanados en el sistema judicial.

Por ejemplo, en un cable del 24 de febrero de 2006 cuyo tema era el ambiente para las inversiones en Panamá, se reporta el clima de desconfianza.

El reporte explica que la comunidad empresarial tiene poca confianza en el sistema judicial panameño como un “árbitro objetivo e independiente en las disputas legales o comerciales, especialmente cuando los casos involucran a poderosas personalidades locales con influencia política”.

De hecho, comenta el representante de la embajada: “La apariencia de corrupción está tan ampliamente aceptada, que forma parte de la ‘sabiduría popular”.

Según el informe, cuando se producen desacuerdos entre inversionistas extranjeros, frecuentemente evitan las cortes locales y recurren al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

¿Por qué?

“Las decisiones de los árbitros son generalmente justas y razonables” y desde 1998 esos fallos tienen el estatus de sentencia judicial.

La preocupación expresada por la exembajadora Watt no se ha aliviado con el paso del tiempo, por el contrario. El asunto fue abordado en cables girados por los sucesores de Watt: William Eaton y Barbara Stephenson.

El 28 de octubre de 2006, Eaton reportó a Washington que el entonces vicepresidente Samuel Lewis Navarro (administración Martín Torrijos) le comentó los planes de su gobierno para crear una Sala V que “iría a ayudar a cambiar el balance de poder en la notoriamente corrupta Corte Suprema, llevando a respetadas personalidades apolíticas”.

Y poco después, en noviembre de 2006, Lewis Navarro le comentó a Eaton sobre el problema que constituía la corrupción. “El punto es que el sistema de cortes es el ‘centro podrido’ del problema de la corrupción en Panamá”.

Eaton expresó, en su reporte de noviembre de 2006, que el plan de nombrar a más magistrados no ataca el corazón del problema: que Panamá no puede deshacerse por sí misma de los jueces corruptos.

Nuevas esperanzas

Con la llegada del magistrado Harley Mitchell a la presidencia de la Corte Suprema parecieron reverdecer las esperanzas para los planes de limpieza.

El abogado, nominado por Martín Torrijos, presentó un plan de 11 puntos para combatir la corrupción en el Órgano Judicial, con tantas expectativas que la USAID ofreció financiamiento.

Al final, Mitchell solo consiguió que sus colegas aprobaran 3 de las 11 propuestas (ver tabla 2).

Posibilidad de empeorar

En un despacho de la exembajadora Stephenson el 7 de octubre de 2009, esta reitera a Washington los temores sobre el tema. Casi al final del documento, Stephenson indica que su oficina está muy preocupada por las nominaciones para la Corte: Gerardo Solís y José Abel Almengor.

Explica, “los magistrados salientes Esmeralda de Troitiño y Adán Arjona son dos de los más altamente respetados magistrados de la Corte. Mientras que no está claro cuál sería el rol que jugaría Almengor en la nueva Corte, y ubicar a Solís en la Corte podría consolidar el bloque de magistrados corruptos, convirtiendo a la Corte en un foco de corrupción y debilitando la fe pública en las instituciones democráticas. Esto perpetuará, o empeorará, la mala imagen del sistema judicial, que es, de acuerdo con los rankings de competitividad global, el mayor lastre para la aspiración de Panamá de convertirse en un país del primer mundo”.

Razones de sobra

Sin embargo, las sospechas lejos de disminuir se han profundizado, alimentadas por subsecuentes crisis como la causada por el nombramiento de los magistrados Alejandro Moncada Luna y José Abel Almengor al margen del procedimiento de autorregulación para la escogencia de los magistrados de la Corte incluido en el Pacto por la Justicia; la persecución, procesamiento y destitución de la procuradora Gómez; relacionado a ello, el “caso Pamago” [supuesto complot destinado a conseguir la destitución de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez (nombrada por el presidente PRD Martín Torrijos para un período de 10 años) por resistirse a ‘cooperar’ con el presidente Martinelli] que manchó al magistrado Almengor y lo forzó a renunciar al cargo. y la designación, inconsulta, de Harry Díaz González de Mendoza para reemplazar a Almengor.

A lo que se suman decisiones cuestionadas como el reciente fallo de la Sala III de lo Contencioso Administrativo en el caso Desarrollo Turístico del Atlántico (Duasa) contra el Estado panameño (marzo de 2011) en el que se declaró nula una concesión en las áreas revertidas y se ordenó al Estado indemnizar a una empresa a la que ya se le había pagado una indemnización, y aunque había un finiquito en que el reclamante se declaraba “satisfecho en su pretensión” y renunciaba a cualquier otra reclamación.

Así el estado de cosas expuestas en el cable 37170 muestran un cambio, pero únicamente para empeorar.

Corrupción e influencia

La corrupción en la Corte Suprema de Justicia era un secreto a voces. El problema siempre fue y sigue siendo que nadie se atreve a decirlo en voz alta. Sin embargo, los Wikileaks desvelaron hechos destinados a permanecer en la sombra que muestran el problema sin los filtros de quien se autocensura para evitarse un problema. El cable identificado con el número 47214 del 9 de diciembre de 2005 es muy explícito, y aunque deja por fuera el nombre concreto del perpetrador, el hecho queda claro. En ese cable, el embajador William Eaton reseña una reunión que tuvo con el entonces primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores Samuel Lewis Navarro, en la que el tema era la corrupción en el sistema judicial, sobre todo en la Corte.

Ya entrados en conversación, Eaton le advierte a Lewis de una situación que se estaba cocinando y que involucraba a la compañía estadounidense Panamá Canal Railroad (PCR) que ganó un arbitraje internacional, por 1.3 millón de dólares, en una controversia con una firma israelí de comunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá debía validar la decisión para que la compañía israelí procediera a pagar. Pero, a la embajada estadounidense llegaron rumores de que uno de los tres magistrados de la Sala (que no identifica) había engavetado un borrador de decisión a favor de la validación desde hacía tres meses. Según los reportes que tenía el embajador, esperaba por un movimiento en la Corte que podría cambiar el balance y, con ello, la decisión. Según el vocero de PCR que alertó a Eaton, ese magistrado habría aceptado un soborno de 90 mil dólares. El embajador advirtió que tal comportamiento podría generar vigorosas y públicas protestas de la embajada, así como una mención prominente en el reporte anual sobre clima de inversión que se haría en enero.

Eaton urgió a Lewis a usar cualquier influencia que tuviera para evitar un incidente que pudiera verse como un socavamiento de las decisiones arbitrales. Según el reporte de Eaton a Washington, Lewis Navarro se puso furioso y lo describió así: “Un incómodo, agitado y furioso Lewis apretó los dientes y dijo como para sí mismo: ‘Tenemos en el horizonte tantas oportunidades brillantes para el país y nuestros propios malditos ciudadanos las están arruinando”. Dos días después, el embajador recibió información de que la sentencia había “repentina y milagrosamente” emergido de la Corte. El 7 de diciembre, el embajador estadounidense llamó a Lewis para agradecerle su gestión. Durante la llamada, Lewis mencionó que él inmediatamente había llevado su inquietud a Torrijos, quien se puso en acción. El informe que se remite a Washington sobre el incidente cierra con un comentario: “Claramente Torrijos tiene influencia sobre la Corte, a pesar de sus alegatos de que no”.

Se intentó conocer la versión de Lewis Navarro, pero no fue posible.

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doble reclamo de exconcesionario del puerto de balboa

26 mayo 2011

Una indemnización que venció finiquitos y precedentes

A pesar de que dos instancias judiciales previas fallaron en contra, Moshe Israel no se rindió y logró su objetivo en la Sala Tercera de la Corte.

 
LA PRENSA/Archivo1559015
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LINA VEGA ABAD
unidad de investigación

lvega@prensa.com

Cuando una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia –y los magistrados que la componen– rechaza una demanda que implica recursos públicos, siempre queda la posibilidad de recurrir a otra Sala y a otros magistrados. Al menos eso es lo que hizo Moshe Israel, un exconcesionario del puerto de Balboa.

El 13 de agosto de 2009, los magistrados de la Sala Civil de la Corte –Alberto Cigarruista, Harley Mitchel y Oydén Ortega– rechazaron la pretensión del representante de la empresa K.M.R.G., Moshe Israel, de obtener más recursos del Estado como consecuencia de la privatización de los puertos de Cristóbal y Balboa, ocurrida en 1997.

El fallo de la Sala Civil confirmaba la decisión previamente tomada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que el 13 de marzo de 2009 decidió que la obligación reclamada por Moshe Israel estaba extinguida.

Los fallos del Tribunal Superior y de la Sala Civil de la Corte citaron el finiquito firmado por Moshe Israel el 11 de noviembre de 2008, al recibir un poco más de 2 millones de dólares como indemnización por la terminación de su contrato de concesión.

La decisión, como se sabe, no desanimó el representante de K.M.R.G. que, el 6 de agosto de 2010, acudió a la Sala Tercera de la Corte con la misma petición, logrando el 16 de marzo de 2011 (siete meses después) que los magistrados Alejandro Moncada, Winston Spadafora y Víctor Benavides avalaran su reclamo.

Con los $3.5 millones adicionales obtenidos gracias al fallo que tuvo como ponente al magistrado Moncada, el exconcesionario del antiguo muelle 6 del puerto de Balboa habrá recibido unos $6 millones por la cancelación de sus contratos, lo que representa casi la suma total ($6.5 millones) fijada originalmente por el Estado como compensación para todos los concesionarios.

La historia

En 2001 y como parte del proceso de indemnización a los concesionarios originales de los puertos de Balboa y Cristobal, la empresa K.M.R.G. recibió $271 mil por las mejoras hechas en las instalaciones.

El monto por las utilidades dejadas de percibir demoró en establecerse, ya que el entonces contralor Alvin Weeden calificó la suma originalmente asignada como “compensación opulenta”, debido a que no se habían incluido en los cálculos los años en que la empresa había declarado pérdidas.

Finalmente, el 11 de noviembre de 2008, la citada empresa recibió un poco más de $2 millones como compensación por la suspensión de sus concesiones portuarias. Su representante, Moshe Israel, firmó en ese momento un finiquito en el que renunciaba a cualquier reclamación pasada, presente o futura.

Sin embargo, su batalla en los tribunales de justicia panameños solo comenzaba.

Carrera por un fallo

Un año después de recibir exactamente 2 millones 19 mil 633 dólares con 18 centésimos como indemnización, y de firmar el documento en el que daba por terminados sus reclamos, Moshe Israel acudió a la vía civil para solicitar el pago de intereses por la mora en que incurrió el Estado en hacer el pago.

Su petición fue negada por el Primer Tribunal Superior, que aludió al finiquito que fue firmado por el representante de la empresa K.M.R.G. “sin hacer reserva alguna sobre intereses”.

El Primer Tribunal citó como sustento a su negativa la exigencia que al respecto hace el artículo 995 del Código Civil y, en consecuencia, declaró extinguida la obligación reclamada.

Tras el fallo adverso, Moshe Israel acudió en apelación a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Allí, los magistrados Cigarruista, Mitchell y Ortega ratificaron la negativa a la petición y rechazaron el reclamo de intereses, haciendo igualmente especial mención al finiquito firmado por el representante de la empresa el 11 de noviembre de 2008, tras recibir un poco más de 2 millones de dólares como indemnización.

“Aceptar ahora la reclamación de intereses que efectúa la parte demandante es desconocer la intencionalidad clara que provoca la suscripción del finiquito… que no es más que la culminación de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales existentes entre las partes”, alegaron en su momento los magistrados Cigarruista, Mitchell y Ortega.

Tras los reveses obtenidos en la vía civil, Moshe Israel se dirigió a la Sala Tercera de la Corte Suprema, donde presentó, el 6 de agosto de 2010, un nuevo reclamo: una demanda contencioso administrativa de indemnización. Esta vez habría suerte.

Rápida ‘justicia’

De nada valieron los argumentos y alegatos que en oposición al nuevo reclamo presentara el procurador de la Administración encargado, Néstor Rojas.

Tampoco sirvió la oposición que también planteara el actual administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Roberto Linares, al defender la tesis de que el Estado ya había cumplido su obligación de indemnizar a la empresa K.M.R.G.

De nada sirvió la existencia del finiquito tantas veces aludido y completamente ignorado por los magistrados Alejandro Moncada, Winston Spadafor y Víctor Benavides en su análisis del caso y en el fallo que lo evidencia.

Tampoco fueron suficientes los precedentes del Primer Tribunal Superior y de la Sala Civil de la Corte que declararon extinguida la pretensión de Moshe Israel.

El 16 de marzo de 2011, un día después de que el procurador de la Administración encargado hiciera llegar a la Corte su firme y detallado alegato pidiendo que se declarara prescrita la acción de indemnización y se ordenara el archivo del expediente, el magistrado Moncada puso a circular un proyecto de fallo para ser leído por sus colegas, avalando la petición del exconcesionario.

Ese mismo día, los magistrados Benavides y Spadafora firmaron el fallo sin objeción o comentario alguno. Un día después, el 17 de marzo, se fijó el edicto para “notificar a los interesados”.

Habían transcurrido solo siete meses desde la presentación de la demanda de Moshe Israel contra la Autoridad Marítima de Panamá ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La rápida decisión de los magistrados Moncada, Spadafora y Benavides de otorgar una indemnización adicional de $3.5 millones a Moshe Israel como representante de la empresa K.M.R.G. llegó en forma de instrucción a la Autoridad Marítima de Panamá el pasado 7 de abril.

La Contraloría General, a cargo de Gioconda de Bianchini, ya informó que no tiene objeción alguna.

 

Corte, afectada por filtraciones

Los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño, Edgardo Molino Mola y Graciela Dixon coincidieron ayer en que los señalamientos generales y sin pruebas sobre corrupción en el Órgano Judicial, basados en los cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks, lesionan la credibilidad del sistema de justicia.

De Troitiño opinó que cuando hay un caso de corrupción, los afectados deben presentar la denuncia, y entonces se puede sancionar.

A su juicio, los Wikileaks son informaciones generales que deben ser confirmadas, para que luego se presente una denuncia en la Asamblea, que podría emprender acciones contra los involucrados.

“Estas denuncias fuerzan a la ciudadanía a cerrar filas, para que quienes señalan estos hechos salgan a presentar las denuncias”, dijo.

Planteó que si no se llega a una comprobación de estos hechos, se afecta la institucionalidad del sistema de administración de justicia.

Agregó que cuando se habla de corrupción, siempre hay una parte afectada que debe salir y denunciarlo.

Por su parte, el exmagistrado Edgardo Molino Mola hizo hincapié en que los Wikileaks no dan ningún nombre y se “echa lodo” sobre todos los magistrados de la Corte Suprema.

Molino Mola planteó que al hacerse una acusación general, incluso aquellos que son inocentes, que están desvinculados de los hechos, son manchados. “Son informaciones sin ningún control que no son verificadas, y que antes de su publicación deben ser aclaradas”, indicó.

Reconoció que en todas las instituciones se dan actos de corrupción y que el Órgano Judicial no escapa a esa realidad, pero no por ello se puede acusar a todos sus funcionarios.

Mientras tanto, la exmagistrada Graciela Dixon advirtió de que estas publicaciones tienen un lenguaje poco claro, y que esos datos debieron verificarse antes de su publicación.

Se buscó una respuesta institucional de la Corte Suprema sobre los señalamientos de corrupción en ese órgano del Estado, pero no hubo ninguna reacción a esta solicitud.

Juan Manuel Díaz C.

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Cables de Panamá en La Prensa

El ‘negocio’ de la Corte Suprema

‘Las acciones de la Corte y sus actitudes erosionan las instituciones democráticas de Panamá’, comentó la exembajadora Linda Watt.
Yasmina Reyes
yreyesprensa.com

Una Corte supremamente corrupta corroe no solo al propio Órgano Judicial, sino también al Legislativo y al Ejecutivo, corrompiendo a la sociedad misma, aseguró la exembajadora estadounidense Linda Watt en un reporte enviado a Washington el 22 de julio de 2005 –filtrado por Wikileaks y entregado a La Prensa– que destila desencanto y preocupación.

El informe de Watt dice sin ambages que la Corte Suprema de Justicia panameña no imparte justicia, “es un negocio en el que se venden sentencias al mejor postor”.

Watt lamenta el mensaje que el ejemplo de la Corte Suprema ofrece al pueblo panameño, y que resume como: “Todo el mundo miente, engaña y roba, y nadie es castigado, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?”.

Las preocupaciones y problemas derivados del estado de la justicia panameña las heredaron sus sucesores William Eaton y Barbara Stephenson, quienes, tras bastidores, hicieron presión para proteger intereses de ciudadanos y empresas estadounidenses supuestamente amenazados por acciones o intenciones venales de algunos magistrados.

Uno de los principales señalamientos de los embajadores estadounidenses apunta a los conflictos de interés. Watt explicaba a Washington: “Muchos de los magistrados suplentes trabajan para y reciben salarios de la Corte y de las grandes firmas de abogados panameñas que litigan en la Corte”, y por allí se producen los nexos entre la alta corporación de justicia, los bufetes y los abogados, acusadores y defensores.

Cuando se produce una vacante de magistrado en la Corte, todo el mundo queda al pendiente, pero las vacantes de magistrados suplentes generan poco interés, aunque estos tienen una gran importancia porque la práctica es que ellos terminan dirimiendo casos altamente polémicos, y sus nexos con los grandes bufetes echan sombra sobre sus actuaciones.

Los políticos y los magistrados de la Corte Suprema –dijo la exembajadora Watt– habitualmente usan los puestos públicos para sacar provecho privado. El corazón de los negocios de la Corte, en otras palabras, es rutinariamente un “conflicto de intereses institucionalizado”.

La descripción que hace Watt del sistema de justicia panameño es cruda y sumamente dura.

La diplomática reportó en sus informes que la corrupción está tan arraigada en el sistema, que existe una especie de “proceso” que se usa para analizar los casos y determinar cómo puede generarles más réditos.

Vea: cables originales en inglés cable 1, cable 2, cable 3, cable 4 , cable 5 , cable 6 , cable 7 , cable 8 y cable 9

May 25, 2011 | Filed Under Cables

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Corte Suprema de Justicia, ‘una empresa delictiva’

Yasmina Reyes
yreyes@prensa.com

  1. Este número entrará en la infamia, porque es el que identifica el cable –filtrado por Wikileaks y entregado a La Prensa– que revela el nivel al que ha llegado la corrupción en la justicia panameña.

De manera descarnada, en él la exembajadora Linda Watt reporta: “Los magistrados administran la Corte como una empresa delictiva (racket)” en la que se manejan “cifras de seis dígitos o más”.

Tan contundente afirmación solo confirmó las sospechas del ciudadano común, ahora respaldadas por revelaciones como las que han salido a la luz con la filtración de los cables que los representantes diplomáticos estadounidenses enviaron a su capital sobre los eventos, desempeño y escándalos del Gobierno y sociedad panameños.

El reporte de Watt deja ver que la Corte Suprema de Justicia panameña, entre 2004 y 2005, no impartía justicia, sino que vendía sentencias al mejor postor.

La preocupación de Watt la compartieron sus sucesores –William Eaton y Barbara Stephenson– que cada vez que podían, volvían sobre el tema debido a los clamores que no paraban de llegar a la embajada estadounidense.

El tópico sigue vigente hoy, seis años y dos presidentes después, Martín Torrijos (PRD) y Ricardo Martinelli (CD).

El mal ejemplo que da la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña ha contribuido a profundizar la corrupción, corroyendo a la sociedad, concluye la exembajadora Linda Watt en su cable del 22 de julio de 2005 a Washington.

En su informe plantea que: “la logística de la compra de sentencias en la Corte es escalofriantemente burda” y expone que el concepto de “conflicto de intereses” está vacío de contenido en este medio. Los políticos y los magistrados de la Corte Suprema –comentó la exembajadora Watt– rutinariamente usan los puestos públicos para sacar provecho privado.

Corría el año 2005. Martín Torrijos acababa de tomar posesión como Presidente de la República bajo el sonoro y pegajoso eslogan: “Más trabajo, más seguridad y cero corrupción”, con el que se anunciaba la “Patria Nueva” como contraparte de los escándalos como el Cemis y la ratificación, teñida de sospechas, de los magistrados Winston Spadafora Franco y Alberto Cigarruista, nominados por la presidenta Mireya Moscoso.

En sus reportes, Watt dejaba entrever su esperanza de que Torrijos atacara el problema, como prometió en campaña. Y confiaba en que aprovecharía el “escándalo Spadafora” (producido por el inminente retiro de la visa estadounidense por corrupción al magistrado Winston Spadafora) y luego las denuncias públicas del magistrado Adán Arnulfo Arjona como palanca para adecentar el sistema judicial. Pero no sucedió.

Analistas como José Isabel Blandón padre atribuyen la inacción de Torrijos a su proverbial tendencia a la procrastinación; quienes lo quieren menos hablan de “incapacidad” y sus opositores apuntan a que no podía actuar con energía en el tema porque muchos de sus correligionarios estaban involucrados en el escándalo del Cemis, y la Corte era la llamada a atender el caso.

Uno de los primeros pasos, que se consideraron alentadores, fue la instalación del foro del Pacto por la Justicia, en marzo de 2005, forzado por la presión ciudadana hastiada de la corrupción. El acuerdo resultante de ese esfuerzo, conocido como Pacto por la Justicia, fue firmado en octubre de 2005 y fue como una bocanada de aire fresco que se agotó pronto.

Torrijos firmó el Pacto sin darle sostén jurídico con un decreto o proponiendo una ley que forzara su cumplimiento; luego lo puso en el congelador. El gobierno de Torrijos y después el de Martinelli no asignaron los fondos necesarios para implementar las medidas acordadas. Además, violaron uno de los acuerdos emblema del Pacto: la aplicación del mecanismo de designación de los magistrados de la Corte Suprema.

En octubre de 2010, cinco años después de la firma del Pacto, la Alianza Ciudadana hizo una auditoría y reportó que 58.6% de los acuerdos no han sido puestos en marcha y 20.7% no puede ser siquiera analizado porque no se pudo determinar qué ocurrió con ellos.

Murmuraciones con fundamento

Una fuente que Watt no identifica, pero a la que describe como “bien situada y confiable”, le confirmó a la exembajadora las murmuraciones y las quejas de quienes buscaban en la embajada una fórmula para enderezar el estado de cosas.

La exembajadora Watt llega a la conclusión, que comparte con Washington, de que “los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deciden los casos basados en un cuidadoso cálculo de los beneficios políticos y financieros para sí mismos, sus amigos y sus amos políticos. Manejan la Corte como una empresa de hacer dinero, sin respeto por la ley, las necesidades del país, o el bien público. Muy frecuentemente, legalismos y argumentos oscuros hacen muy difícil que la gente común siga lo que están haciendo, y protegen a los magistrados del escrutinio público. Sin embargo, la gente presume que la venalidad rige la Corte, y están en lo correcto”.

¿Cómo llega a esa conclusión?

Su “confiable” fuente la habría puesto al tanto de que hay un sistema que se aplica a los casos que llegan a la alta Corte. Esa “senda”, según la fuente a la que se refiere Watt, empieza con “los magistrados discutiendo abiertamente entre ellos el tamaño de los pagos que esperan y exactamente cómo cada juez decidirá”.

Según se le explicó a la exembajadora “(…) los magistrados deciden los casos basados en la capacidad de pago de cada parte en el litigio”. “Los argumentos legales son irrelevantes, los precedentes se usan arbitrariamente si le sirven a la Corte para las necesidades del momento”, detalló el informante.

Inclusive, subrayó, hasta los abogados que creen tener un caso sólido están deseosos de pagar a los magistrados en aras de cultivar “buenas voluntades” para futuros casos.

Cuando escogían a un ganador, basado en su solvencia económica, procederían a negociar el precio de sus votos con el abogado de la parte “ganadora”. “Entonces –explica la fuente de Watt– hasta preparan opiniones disidentes bien argumentadas para sonsacarle dinero a los clientes perdedores y abogados”.

El informe de Watt abunda en datos sorprendentes. El cable enviado a Washington detalla hasta el interrogatorio al que se somete a los litigantes para decidir cómo proceder. El informante le aseguró a la exembajadora que se les preguntaba: “¿Qué decisión es la que quiere? ¿Qué quiere Ud. que hagamos? ¿Cuánto está Ud. preparado para pagar?”

Establecidos los hechos monetarios “relevantes” –explica la diplomática en su reporte– se acuerda cuál será la sentencia y se inician las negociaciones entre los magistrados y los litigantes. La fuente le aseguró a Watt que “una vez que se acuerda el monto del soborno, los magistrados se lo dividen, e incluso participan aquellos que expusieron opiniones disidentes”. Del grupo, sin embargo, Watt, excluye al magistrado Adán Arnulfo Arjona. En un comentario que suma al reporte, la diplomática indica: “(…) el magistrado Arjona (…) aparentemente no participa en esta concusión. Su frecuentemente solitario voto disidente es un indicador de su probidad”.

El cable de Watt señala unos nueve casos en los que las decisiones movieron a dudas a la sociedad panameña y prendieron las alarmas en la sede diplomática estadounidense (ver tabla 3).

Sin embargo, los casos sobre los que más abundó fueron los casos Yelinek-Otterloo y Henao Montoya (vea los detalles en el cable).

Las dudas sobre la probidad de la Corte Suprema son persistentes. Y después de los escándalos citados por Watt en su cable de 2005, los ciudadanos buscan caminos alternos para evitar quedar empantanados en el sistema judicial.

Por ejemplo, en un cable del 24 de febrero de 2006 cuyo tema era el ambiente para las inversiones en Panamá, se reporta el clima de desconfianza.

El reporte explica que la comunidad empresarial tiene poca confianza en el sistema judicial panameño como un “árbitro objetivo e independiente en las disputas legales o comerciales, especialmente cuando los casos involucran a poderosas personalidades locales con influencia política”.

De hecho, comenta el representante de la embajada: “La apariencia de corrupción está tan ampliamente aceptada, que forma parte de la ‘sabiduría popular”.

Según el informe, cuando se producen desacuerdos entre inversionistas extranjeros, frecuentemente evitan las cortes locales y recurren al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

¿Por qué?

“Las decisiones de los árbitros son generalmente justas y razonables” y desde 1998 esos fallos tienen el estatus de sentencia judicial.

La preocupación expresada por la exembajadora Watt no se ha aliviado con el paso del tiempo, por el contrario. El asunto fue abordado en cables girados por los sucesores de Watt: William Eaton y Barbara Stephenson.

El 28 de octubre de 2006, Eaton reportó a Washington que el entonces vicepresidente Samuel Lewis Navarro (administración Martín Torrijos) le comentó los planes de su gobierno para crear una Sala V que “iría a ayudar a cambiar el balance de poder en la notoriamente corrupta Corte Suprema, llevando a respetadas personalidades apolíticas”.

Y poco después, en noviembre de 2006, Lewis Navarro le comentó a Eaton sobre el problema que constituía la corrupción. “El punto es que el sistema de cortes es el ‘centro podrido’ del problema de la corrupción en Panamá”.

Eaton expresó, en su reporte de noviembre de 2006, que el plan de nombrar a más magistrados no ataca el corazón del problema: que Panamá no puede deshacerse por sí misma de los jueces corruptos.

Nuevas esperanzas

Con la llegada del magistrado Harley Mitchell a la presidencia de la Corte Suprema parecieron reverdecer las esperanzas para los planes de limpieza.

El abogado, nominado por Martín Torrijos, presentó un plan de 11 puntos para combatir la corrupción en el Órgano Judicial, con tantas expectativas que la USAID ofreció financiamiento.

Al final, Mitchell solo consiguió que sus colegas aprobaran 3 de las 11 propuestas (ver tabla 2).

Posibilidad de empeorar

En un despacho de la exembajadora Stephenson el 7 de octubre de 2009, esta reitera a Washington los temores sobre el tema. Casi al final del documento, Stephenson indica que su oficina está muy preocupada por las nominaciones para la Corte: Gerardo Solís y José Abel Almengor.

Explica, “los magistrados salientes Esmeralda de Troitiño y Adán Arjona son dos de los más altamente respetados magistrados de la Corte. Mientras que no está claro cuál sería el rol que jugaría Almengor en la nueva Corte, y ubicar a Solís en la Corte podría consolidar el bloque de magistrados corruptos, convirtiendo a la Corte en un foco de corrupción y debilitando la fe pública en las instituciones democráticas. Esto perpetuará, o empeorará, la mala imagen del sistema judicial, que es, de acuerdo con los rankings de competitividad global, el mayor lastre para la aspiración de Panamá de convertirse en un país del primer mundo”.

Razones de sobra

Sin embargo, las sospechas lejos de disminuir se han profundizado, alimentadas por subsecuentes crisis como la causada por el nombramiento de los magistrados Alejandro Moncada Luna y José Abel Almengor al margen del procedimiento de autorregulación para la escogencia de los magistrados de la Corte incluido en el Pacto por la Justicia; la persecución, procesamiento y destitución de la procuradora Gómez; relacionado a ello, el “caso Pamago” [supuesto complot destinado a conseguir la destitución de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez (nombrada por el presidente PRD Martín Torrijos para un período de 10 años) por resistirse a ‘cooperar’ con el presidente Martinelli] que manchó al magistrado Almengor y lo forzó a renunciar al cargo. y la designación, inconsulta, de Harry Díaz González de Mendoza para reemplazar a Almengor.

A lo que se suman decisiones cuestionadas como el reciente fallo de la Sala III de lo Contencioso Administrativo en el caso Desarrollo Turístico del Atlántico (Duasa) contra el Estado panameño (marzo de 2011) en el que se declaró nula una concesión en las áreas revertidas y se ordenó al Estado indemnizar a una empresa a la que ya se le había pagado una indemnización, y aunque había un finiquito en que el reclamante se declaraba “satisfecho en su pretensión” y renunciaba a cualquier otra reclamación.

Así el estado de cosas expuestas en el cable 37170 muestran un cambio, pero únicamente para empeorar.

 

Corrupción e influencia

La corrupción en la Corte Suprema de Justicia era un secreto a voces. El problema siempre fue y sigue siendo que nadie se atreve a decirlo en voz alta. Sin embargo, los Wikileaks desvelaron hechos destinados a permanecer en la sombra que muestran el problema sin los filtros de quien se autocensura para evitarse un problema. El cable identificado con el número 47214 del 9 de diciembre de 2005 es muy explícito, y aunque deja por fuera el nombre concreto del perpetrador, el hecho queda claro. En ese cable, el embajador William Eaton reseña una reunión que tuvo con el entonces primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores Samuel Lewis Navarro, en la que el tema era la corrupción en el sistema judicial, sobre todo en la Corte.

Ya entrados en conversación, Eaton le advierte a Lewis de una situación que se estaba cocinando y que involucraba a la compañía estadounidense Panamá Canal Railroad (PCR) que ganó un arbitraje internacional, por 1.3 millón de dólares, en una controversia con una firma israelí de comunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá debía validar la decisión para que la compañía israelí procediera a pagar. Pero, a la embajada estadounidense llegaron rumores de que uno de los tres magistrados de la Sala (que no identifica) había engavetado un borrador de decisión a favor de la validación desde hacía tres meses. Según los reportes que tenía el embajador, esperaba por un movimiento en la Corte que podría cambiar el balance y, con ello, la decisión. Según el vocero de PCR que alertó a Eaton, ese magistrado habría aceptado un soborno de 90 mil dólares. El embajador advirtió que tal comportamiento podría generar vigorosas y públicas protestas de la embajada, así como una mención prominente en el reporte anual sobre clima de inversión que se haría en enero.

Eaton urgió a Lewis a usar cualquier influencia que tuviera para evitar un incidente que pudiera verse como un socavamiento de las decisiones arbitrales. Según el reporte de Eaton a Washington, Lewis Navarro se puso furioso y lo describió así: “Un incómodo, agitado y furioso Lewis apretó los dientes y dijo como para sí mismo: ‘Tenemos en el horizonte tantas oportunidades brillantes para el país y nuestros propios malditos ciudadanos las están arruinando”. Dos días después, el embajador recibió información de que la sentencia había “repentina y milagrosamente” emergido de la Corte. El 7 de diciembre, el embajador estadounidense llamó a Lewis para agradecerle su gestión. Durante la llamada, Lewis mencionó que él inmediatamente había llevado su inquietud a Torrijos, quien se puso en acción. El informe que se remite a Washington sobre el incidente cierra con un comentario: “Claramente Torrijos tiene influencia sobre la Corte, a pesar de sus alegatos de que no”.

Se intentó conocer la versión de Lewis Navarro, pero no fue posible.

Vea: cables originales en inglés cable 1, cable 2, cable 3, cable 4 , cable 5 , cable 6 , cable 7 , cable 8 y cable 9

May 25, 2011 | Filed Under Cables

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Infidencias de las donaciones de Taiwan

ELIANA MORALES GIL
FLOR MIZRACHI ANGEL
panorama@prensa.com

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Los controversiales fondos que donó Taiwan a Panamá en el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004) fueron motivo de un crítico análisis por parte de exfuncionarios de la Embajada de Estados Unidos (EU) en Panamá, en el que incluso acusan a la exmandataria de apropiarse del dinero que dio la isla para obras sociales.

“Millones de dólares de la ayuda de Taiwan a Panamá fueron apropiados por la expresidenta Mireya Moscoso y su hermana [la ex primera dama Ruby Moscoso], algunos de los cuales se usaron para construir el ahora vacío Museo del Tucán”, reportó textualmente Luis Arreaga, exministro consejero de la embajada de EU, en un cable del 23 de septiembre de 2005 y entregado por Wikileaks a este diario.

Eso es falso, aseguró la expresidenta a La Prensa. “Hoy, quien le paga las cuentas a mi hermana soy yo. Ella tiene cáncer y cada vez que hay que correr al hospital la que paga las cuentas soy yo. Ni mi hermana ni yo recibimos absolutamente nada. Yo tengo lo que Arnulfo Arias me dejó”, dijo.

Watt Fustiga

La exembajadora de EU en Panamá Linda Watt también abordó el tema en otro informe diplomático con fecha del 22 de abril de 2005, en el que asegura que Tomas Hu (actual vicecanciller taiwanés y quien reemplazó a David Hu en la embajada de Taiwan en el país) reconoció que su país nunca exigió un registro contable sobre el uso de las ayudas, y más adelante descubrieron que probablemente millones de dólares habían desaparecido.

Otro que le echó leña al fuego al que se considera uno de los mayores escándalos de presunta corrupción gubernamental fue el canciller del gobierno de Martín Torrijos, Samuel Lewis Navarro.

En una reunión con Watt, el hoy aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Democrático dijo que Taiwan hizo aportes por $75 millones en contribuciones “oficiales y no oficiales” y que los mismos habían sufrido una significativa “reducción”.

Lewis, cita la exembajadora, dijo que en una reunión que tuvo con Ruby Moscoso y Hu, este último insistió en que el dinero que dio su país tenía que traspasarse al Despacho de la Primera Dama que en ese momento asumiría Vivian Fernández de Torrijos.

“Aparentemente Ruby Moscoso quería mantener los fondos para su fundación privada”, explicó Lewis, y agregó que “Vivian de Torrijos quería asegurarse de que los fondos estuvieran disponibles para su uso después del 1 de septiembre”, fecha en la que su esposo tomaría posesión de la silla presidencial.

Consultado sobre el tema, Lewis Navarro evitó hacer comentarios al respecto.

En el ojo de la tormenta

El escándalo suscitado por los donativos de los taiwaneses estalló luego de que saliera a la luz pública que Mar del Sur, una fundación privada en cuya directiva figuraban personas del círculo cercano de Moscoso, como el exministro de Salud Fernando De Gracia, y Ruby Moscoso, su hermana, entre otros, manejó secretamente $45 millones que dio la isla para obras sociales y sin fiscalización de la Contraloría.

Por aquel entonces se suscitó un extenso debate sobre la competencia de las autoridades, especialmente de la Contraloría, para fiscalizar el manejo de los fondos.

Alvin Weeden, a cargo de la Contraloría en aquella época, sustentó que la fundación recibía dineros del Gobierno de Taiwan de manera que estos se constituyen en fondos públicos y había que fiscalizarlos.

Por su parte, De Gracia manifestaba que la Fundación Mar del Sur era una entidad privada y que actuó bajo las normas legales. La Corte dictó dos fallos (en 2003 y 2004), donde sentenciaba que la fundación es una entidad de origen privado cuyo patrimonio está constituido por donaciones de terceras personas.

El archivo del caso

El caso de la Fundación Mar del Sur, un tema al que La Prensa le dio amplio seguimiento en el transcurso del gobierno de Moscoso, y en el periodo siguiente a su mandato, llegó a los tribunales de justicia, pero el Tribunal de Cuentas, a finales de 2010, ordenó el archivo de las sumarias y el levantamiento de las medidas cautelares que se mantenían contra exfuncionarios de la administración Moscoso con injerencia en la organización.

Todo ello a raíz de que un fallo de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia declaró “ilegal” la Resolución 692 de 2004, emitida por la Contraloría, que ordenó una auditoría a los 45 millones de dólares que Taiwan entregó al gobierno de Moscoso.

“La Contraloría no es la autoridad competente para ordenar una auditoría a la fundación, máxime si con ello se afectan derechos o intereses legítimos de los particulares”, dijo el fallo firmado por Víctor Benavides (ponente) y Winston Spadafora, quien fue ministro de Gobierno en la administración de la presidenta del Partido Panameñista.

Cables hablan de coima en el caso del indulto a Posada Carriles

Los indultos a más de 100 personas que dio la presidenta Mireya Moscoso antes de dejar su gobierno, y que cobijaron incluso al anticastrista Luis Posada Carriles y a otros tres cubano-norteamericanos, también entraron en la agenda de la diplomacia estadounidense en Panamá.

En un cable del 26 de agosto de 2004, la ex embajadora Linda Watt recogió informes de prensa que hablaban de la posibilidad de que Moscoso y su hermana Ruby habrían recibido sobornos para dejar en libertad a los anticastristas.

Incluso, Watt asegura en el cable que se especulaba que la exmandataria estaba ganando puntos en Miami con oficiales del Gobierno de Estados Unidos, “como una póliza de seguro” contra la revocación de su visa bajo la sección 212-F por corrupción oficial. “Un abogado con nexos del partido entrante dice tener el nombre del banco europeo en el que millones de dólares [provenientes] de sobornos fueron depositados”, afirma la exembajadora.

Moscoso, en entrevista con este diario, negó que hubiera recibido dinero a cambió de liberar a Posada Carriles y otros. Aseguró que eso lo publicó el periódico Granma, de Cuba. “Cuando uno vive en el exilio uno pasa mucho trabajo. Cuando viví yo en el exilio pasamos muchas vicisitudes. Contrario a lo que se dice, yo y Arnulfo [Arias] vivíamos de una pensión de la Caja de Seguro Social… yo me puse en los zapatos de ellos.

¿Por qué voy a mandarlo a Cuba a que lo maten? A mí nadie se me acercó a ofrecerme ni un real. Y si lo hubieran hecho, hubiera dicho que no. El día que yo firmé ese indulto no me tembló la mano. Hoy no me arrepiento. Y a la juez [en Estados Unidos] que le dijo hace poco que podía irse, también debieron darle plata. Si a mí me dieron, a ella de repente también”.

Vea: cables originales en inglés cable 1, cable 2 , cable 3 y cable 4  

May 22, 2011 | Filed Under Noticias

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Cable: Mireya pidió soborno a Taiwan

ELIANA MORALES GIL
FLOR MIZRACHI ANGEL
panorama@prensa.com

Diplomáticos de la Embajada de Taiwan le confiaron a personal de la Embajada de Estados Unidos (EU) en Panamá que la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004) los presionó para que pagaran un soborno al que ellos accedieron. Así lo contó Luis Arreaga, ex ministro consejero de la embajada estadounidense (hoy embajador de EU en Islandia) en un cable diplomático en el que reprochó las polémicas donaciones que dio la isla asiática a su aliado panameño en momentos en que necesitaba de su apoyo para mantenerse como Estado.

El cable -entregado por Wikileaks a La Prensa y fechado el 23 de septiembre de 2005- detalla además que el Gobierno de Panamá compartía “regularmente” su plan de presupuesto con Taiwan en las etapas de planificación, para que la Asamblea taiwanesa decidiera cuánto dinero donar a Panamá y cómo invertirlo. También asegura que Jaime Chen, asesor de la embajada de Taiwan en Panamá, le dijo que “el proceso fue transparente y por tanto Taiwan queda exonerado de toda sospecha de participación en la apropiación de Moscoso de las donaciones de caridad que hacía Taiwan”.

En otro reporte se citan palabras de un diplomático taiwanés donde reconoció que su país nunca exigió un registro contable sobre el uso de las ayudas, y más adelante descubrieron que probablemente millones de dólares habían desaparecido.

Consultada sobre el tema, Moscoso negó haber sobornado a los taiwaneses. “Eso es falso. Cuando estuve en Taiwan me reuní con el presidente [de ese país] y él me preguntó qué obras podía hacer por Panamá. Le pedí el Hospital Santo Tomás, el hospital De Obaldía de Chiriquí, la Cancillería, el Teatro Nacional, la iglesia San Felipe Neri… Él me dijo que tenía que conversar con sus asesores y al día siguiente nos reunimos y me dijo que sí, que Taiwan podía donar todo, pero que tenía que ser a través de una fundación privada porque anteriormente, sin mencionar nombres, Taiwan había donado a otros Gobiernos y las obras nunca se habían hecho. Ahí están las obras. Jamás se le pidió ningún soborno”.

David Hu, embajador de Taiwan en Panamá durante la administración de Moscoso, dijo en su momento que su Gobierno no condicionó la entrega del dinero a una fundación privada.

Vea: cables originales en inglés cable 1, cable 2 , cable 3 y cable 4

May 22, 2011 | Filed Under Cables

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Una radiografía de Torrijos y su ‘Patria Nueva’

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QUEJA. Torrijos señaló a Eaton que detrás de las ONG había ‘poderosos intereses’. LA PRENSA/Archivo

FLOR MIZRACHI ANGEL
flor@prensa.com

Reportajes llevados a cabo por La Prensa en julio de 2007 sobre un programa de la Primera Dama parecen haber alterado el habitual estado pasivo y parco del presidente Martín Torrijos, comentó en un cable enviado a Washington el entonces embajador de Estados Unidos William Eaton (septiembre 2005 – agosto 2008).

Las observaciones de Eaton surgen de una conversación que ambos sostuvieron el 9 de julio de 2007, según se desprende de un cable obtenido por Wikileaks y entregado a La Prensa.

En un tono “inusualmente conversón” pero “altamente agitado”, Torrijos “bajó la guardia y se soltó a hablar”, escribió el embajador.

Según el cable diplomático, el entonces Presidente fustigó la actitud de la prensa, sugirió que la embajada debía chequear al empresario y antiguo dirigente civilista Roberto Bobby Eisenmann, se quejó de la sociedad civil y denunció a los “ricos y poderosos” de su país, “que todavía se sienten como si ellos mandaran en Panamá”.

Sintiéndose vulnerado, demostrando una “piel muy sensible” y “obviamente buscando que el embajador escuchara su versión de los hechos”, Torrijos se acercó al jefe de la legación norteamericana.

Vivian y sus anteojos

Las críticas llevadas a cabo por los medios de comunicación, particularmente La Prensa, al programa “Ver para Aprender” de la Primera Dama parecen haber sido el detonante de la ira del mandatario.

El 18 de abril de 2005, Fernández de Torrijos puso en ejecución “Ver para Aprender”, un programa que entregaba lentes gratuitos a estudiantes de las escuelas públicas de todo el país y que hasta junio de 2009 –fecha de la salida de Torrijos del poder– repartió unos 20 mil anteojos a un costo de 230 mil dólares (a aproximadamente $11 cada uno).

El programa de salud se inició en 12 centros escolares de San Miguelito y más tarde se hizo extensivo a la capital y demás provincias, exceptuando Bocas del Toro, Darién y las comarcas.

En su momento La Prensa reportó el hecho, citando la opinión de expertos que denunciaron mal manejo médico y administrativo del programa. La Asociación de Optometristas de Panamá envió el 20 de abril de 2007 una carta al Despacho de la Primera Dama en la que señalaba que la iniciativa estaba causándole daño a la visión de los niños.

La agrupación detalló que estaban llegando al Seguro Social y a clínicas privadas infantes que habían recibido lentes del programa sin la graduación correcta, que recibieron lentes y no los necesitaban y que requerían tratamiento o cirugía pero en su lugar les fueron entregados anteojos.

El escándalo tenía otra arista importante: los propietarios de los negocios que le vendían los lentes al Gobierno eran los mismos que los recetaban. En otras palabras, entre más niños recibían lentes, más ganaban las empresas. Los negocios beneficiados –Médica S.A., Laboratorios Ópticos Chiricanos S.A., Cean International Inc. y Alpat Inc.– fueron contratados directamente (sin pasar por licitación pública) por el Despacho de la Primera Dama. Tres de esas cuatro empresas fueron cuestionadas.

La secretaria de Laboratorios Ópticos Chiricanos, según el Registro Público, era María Vega de Molina, optometrista de la Caja de Seguro Social que revisaba a los niños y firmaba las recetas. Vega de Molina, reportó La Prensa, es hermana de Mario Vega, ginecólogo de Vivian F. de Torrijos. Y el agente residente de esa empresa era César Sanjur, hermano homónimo del esposo de Minghtoy Giro, colaboradora del Despacho de la Primera Dama.

En la capital, Cean Internacional Inc. y Alpat Inc. fueron señaladas porque una de sus directivas, Betsy Amyra Leay, estaba en la planilla de la Caja de Seguro Social y revisaba a los estudiantes en San Miguelito.

De Torrijos explicó entonces que no se convocó a una licitación porque se trataba de un programa sin antecedentes similares en el país.

Hubo dos hechos importantes que ocuparon, en los días siguientes a la publicación, espacio en las páginas de este diario. El primero fue que, tras una reunión entre De Torrijos y la presidenta de la Asociación de Optometristas, Biviana Tapia de Olivardía, la denuncia de la entidad médica se diluyó y la agrupación envió una resolución en la que pedía “disculpas públicas” a la pareja presidencial por la “tergiversación de que fue objeto la nota dirigida al Gobierno por la Asociación de Optometristas de Panamá”. Sin embargo, De Olivardía ratificó ese mismo día a La Prensa que la información publicada era cierta.

El segundo fue una carta enviada por la Primera Dama a La Prensa –publicada el 16 de julio–, en la que sostuvo que la misiva de la Asociación de Optometristas, firmada por su presidenta, emitía opinión personal y no del gremio, y que se trataba de una campaña orquestada por un medio que demostraba “poca afinidad” con el gobierno que su esposo dirigía.

Hoy, la Primera Dama mantiene su posición. Asegura que fue un programa positivo que cumplió con su objetivo de encontrar deficiencias visuales en niños con pocos recursos y así reducir el nivel de fracaso escolar. Detalla que se revisaron a 363 mil alumnos a nivel nacional, que se contrató a las empresas directamente por falta de antecedentes y que después de la publicación se convocó a una licitación, pero ninguna empresa participó porque “nadie podía igualar los 11 dólares” que estaban costando los lentes. De Torrijos insiste en que se trató de una campaña mediática por ser ella una Primera Dama con presupuesto. “La Prensa ya me había criticado por ejecutar programas. Fue la continuación de las críticas a mi presupuesto”, sostiene.

El reportaje obviamente no agradó a la pareja presidencial. La controversia generada por la cobertura del programa de la Primera Dama encendió los ataques de Torrijos a la prensa.

EL chantaje noticioso de los medios

Según Eaton, para el Presidente los medios de comunicación “claramente” tenían una “agenda anti-torrijista”.

Según recuenta el embajador, incluso los tiempos para atacarle estaban bien coordinados. “Cada vez que las cuentas por pagar del gobierno a los medios excede de un millón de dólares, los medios ejercen presión mediante coberturas negativas”, dice el cable, que continúa afirmando que debido a que los medios son propiedad de familias no pueden sobrevivir con cuentas tan altas.

Eisenmann y la sociedad civil

“Alguien debería investigar las finanzas de las organizaciones no gubernamentales (ONG)”, advirtió Torrijos a Eaton. “Ellas están detrás de poderosos intereses en Panamá”.

Para Torrijos, las ONG deberían hacer como hace el Gobierno, siendo transparentes sobre los fondos públicos y sus planillas. “Voy a proponer legislación para asegurar la transparencia” sobre sus finanzas y planillas.

El expresidente, de acuerdo al exembajador, pidió que la embajada fijara su atención en Bobby Eisenmann.

Cambiando sus críticas contra La Prensa al fundador de dicho diario, Torrijos alegó que Eisenmann “tenía ahora más poder sobre el periódico líder de Panamá que antes”, en alusión a los cambios que percibía en la dirección del rotativo.

Dos años antes de enviado el cable –cuando Torrijos asumió el poder– el presidente de Corprensa Federico Humbert Jr. (quien había liderado un grupo de independientes que apoyó las aspiraciones de Torrijos a la presidencia) fue nombrado embajador de Panamá en Washington, D.C.

En su reemplazo fue designado Fernando Berguido como presidente de la casa editorial.

Luego de fustigar la prensa acremente, Torrijos –según Eaton– responsabilizó a Eisenmann por lo que percibía como una nueva línea editorial. “Los cambios en la dirección de La Prensa tienen las huellas digitales de Eisenmann por todas partes”, dijo.

Para el mandatario, Eisenmann intentaba “secuestrar” el dialogo nacional que por esos días había convocado el gobierno bajo los auspicios del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

Inconforme con lo que estaba acordándose en el dialogo, Torrijos acusó a Eisenmann de querer controlar su gobierno y los que vendrán con “su plan maestro”.

“¿Quién lo eligió? Si Bobby quiere tomar decisiones políticas en este país, que corra en las elecciones y que no trate de manipular el país detrás del telón”, dice el cable.

Consultado por este diario, Eisenmann calificó las declaraciones de Torrijos como parte de un “desconocimiento total”. “Si yo ayudé a fundar La Prensa y fui por 15 años su presidente y director, decir que una vez que salgo y tengo 15 años de estar fuera llevo más poder que antes muestra un desconocimiento total”, argumentó. Y agregó: “el mandato de La Prensa ha sido el mismo desde el primer día y a través de todos los presidentes se ha mantenido sin variación. Que la percepción del gobernante cambie cuando pasa de oposición al gobierno es un cambio personal, no del periódico”.

Sobre su supuesta intención de “secuestrar el diálogo”, aclaró que como parte de la sociedad civil estaba insistiendo en la necesidad del diálogo previo a la votación del referéndum para la ampliación del Canal. “Martín se resistía a ir al diálogo hasta que las encuestas empezaron a mostrar un descenso respecto a la aprobación. Ahí estaba representado todo el país y yo solo era un miembro más. Esa aseveración raya en lo ridículo”, sentenció.

Eisenmann le recordó al exmandatario que “en democracia la participación se da a través de los partidos o de la sociedad civil” y que él ha decidido hacerlo a través de la sociedad civil porque “no tengo interés en la conquista del poder. Es vergonzoso que un Presidente no entienda el funcionamiento de la democracia. Esto se repite en el gobierno de Ricardo Martinelli: para ambos, la sociedad civil se quiere tomar el país. Es la misma tesis, repetida”.

Por último, el ex dirigente civilista confesó sentir “vergüenza” por “la actitud de todos los políticos de lado y lado a echar estos cuentos contra los que consideran opositores de su gobierno. No han superado la etapa de ir como sumisos al imperio”.

‘Los oligarcas están tras de mí’

Según Torrijos, los ricos y poderosos estaban en contubernio para detener los esfuerzos de su gestión.

Se quejó de personas beneficiadas por coimas por la administración de Mireya Mocoso (ver recuadro).

Criticando a los empresarios, y en lo que podría ser una alusión velada al entonces líder opositor Ricardo Martinelli, el mandatario afirmó que eran los intermediarios quienes aumentaban los precios de la canasta básica, “explotando a los consumidores pobres”.

“Mientras mayores eficiencias en la producción agrícola estaban abaratando los costos, los intermediarios no estaban transfiriendo los ahorros a los consumidores, pero aumentando sus ganancias”, reporta Eaton que dijo Torrijos.

Piel muy delgada

Es evidente que el representante norteamericano no quedó convencido con los argumentos del gobernante.

“Torrijos estaba iracundo. Expresándose emotivamente, Torrijos dejó ver su lado vulnerable y cuán extraordinariamente sensible es su piel”, especialmente ante las críticas al programa dirigido por su esposa, comentó el embajador.

Sus explicaciones, sin embargo, dieron una oportunidad extraordinaria al embajador para conocer la manera de razonar del mandatario. Para Eaton, se trataba de un gobierno “excesivamente sospechoso de la prensa, con un conocimiento deficiente del rol de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizada creyendo que son ‘caballos de Troya’ y abrumado por intereses que percibe lo persiguen de una forma muy personalizada”.

Por el contrario, señaló el embajador, “Torrijos enfrenta una prensa bastante dócil, dirige un diálogo nacional auspiciado por el PNUD cuyos resultados fácilmente puede manipular y está al servicio de su propio grupo de ‘ricos y poderosos’ del PRD”.

“Si las lamentaciones de Torrijos ofrecen algún indicio, es que el leopardo del PRD no ha cambiado mucho sus manchas”, concluyó.

Torrijos habla

Consultado sobre lo que Eaton escribió sobre él y sobre lo que el exembajador informó que le fue dicho, Torrijos decidió contestar a dos temas: las concesiones en Tocumen y la sociedad civil, sin refutar en ningún momento la veracidad del contenido de los reportes del diplomático.

De las concesiones, el exmandatario dijo que su administración “fue la primera en transformar lo que era una tradicional entrega de a dedo de las concesiones para operar negocios en Tocumen. Impulsamos, convocamos y realizamos, licitaciones públicas que permitieron al Estado panameño percibir ingresos por más de 200 millones de dólares”.

Sobre la sociedad civil fue menos escueto y contó una versión distinta a la reportada por el embajador a Washington. “Insistí ante representantes de varias organizaciones de la sociedad civil –cuyo trabajo respeto– en que podíamos avanzar en algunos aspectos importantes tomando en cuenta las condiciones políticas que se vivían en el país. No aceptaron mi recomendación, insistiendo en un orden específico para adoptar el pacto. Fue entonces cuando, dolido, expresé que algunos en Panamá deseaban cogobernar junto a las autoridades”.

Lo que observaba –siguió– “como una especie de intransigencia me causó molestias”. Y agregó: “Me desilusionan aquellos que no comprenden que hay que aprovechar cuando se abren las oportunidades para implementar importantes cambios y reformas en las estructuras nacionales”.

Cambian los gobiernos; la corrupción sigue igual

La corrupción, a todos los niveles, es una preocupación constante en las comunicaciones diplomáticas sobre Panamá enviadas a Washington por sus embajadores.

Tanto Linda Watt (2002-2005) como Bill Eaton (2005-2008) reportaron constantemente sobre las administraciones Moscoso y Torrijos.

A las pocas semanas de asumido el cargo por parte de Torrijos en 2004, Linda Watt, refiriéndose a los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia hechos por Mireya Moscoso, dice: “Desde que el presidente Torrijos asumió el cargo el 1 de septiembre, los panameños especulan cómo logrará deshacerse de las designaciones más criticadas y menos gustadas de Moscoso, que incluyen a César Pereira, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista”.

Para Watt, “a muchos panameños les encantaría que Pereira –considerado un troglodita corrupto– saliera [de la Corte] tanto como al Partido Revolucionario Democrático de Torrijos por ser un nombramiento de Moscoso”, según el cable del 13 de octubre de 2004.

Antes de que el magistrado Pereira saliera de la Corte Suprema de Justicia luego de habérsele aplicado la ley Faúndes, la diplomática comentó: “No importa si Pereira se va o se queda: para lograr mejorar la pésima credibilidad del más alto tribunal de Panamá, el presidente Torrijos deberá nombrar magistrados libres de toda sospecha”.

[Watt también infiere que la salida de Carlos Arrellano Lenox de la Anam en febrero de 2004 –producida apenas tres semanas luego de su nombramiento– se debió a que éste rehusó aprobar un deficiente estudio de impacto ambiental de su controvertido “Camino Ecológico” entre Boquete y Cerro Punta].

Como si fuera un guión que se repite una y otra vez en cada nueva administración, Martín Torrijos aseguró querer limpiar la cabeza del Órgano Judicial cuando asumió el gobierno.

“En conversaciones privadas con la embajadora, el presidente Torrijos y varios miembros de su Gabinete manifestaron repetidamente su alto nivel de frustración con la Corte Suprema”, mientras consideraban opciones para remover al menos a los “magistrados más controversiales”.

“Mientras el nuevo gobierno lucha por investigar las bien tapadas huellas de la corrupción dejadas por la administración Moscoso, el escabroso estado en que se encuentra la Corte obstruye cualquier investigación judicial”, aseguraba Watt recién instalado Torrijos en el poder.

Muy pronto el nuevo embajador iría perdiendo la ilusión. Los reportes de Eaton –quien sirvió durante el gobierno de Martín Torrijos– continuaron denunciando la corrupción en Panamá.

En 2005, por ejemplo, Eaton reportó que Torrijos reconoció que la corrupción en el sector privado era un problema, indicando que era de conocimiento público que las compañías privadas ofrecían coimas a los legisladores para que aprobaran leyes que favorecieran sus intereses.

En 2006, en tanto, mientras Torrijos confiaba al oído del embajador Eaton irregularidades del gobierno de su antecesora, el diplomático dejó en evidencia el cinismo del mandatario: “[él] sirve a sus propios ‘ricos y poderosos’ amigos PRD”.

May 15, 2011 | Filed Under Noticias

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Torrijos acusó a mireyistas de coimas

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CONFESIONES. El exmandatario Martín Torrijos (izquierda) le dijo al exembajador William Eaton (derecha) que los ‘ricos y poderosos’ de Panamá estaban frenando los esfuerzos de su gestión. LA PRENSA/Archivo

FLOR MIZRACHI ANGEL
flor@prensa.com

William Eaton, embajador de Estados Unidos en Panamá durante la administración de Martín Torrijos, aseguró que el mandatario le informó que exfuncionarios de Moscoso seguían recibiendo 40 mil dólares mensuales en coimas.

Según un cable entregado por Wikileaks a La Prensa de julio de 2007, Torrijos le aseguró a Eaton que estaba haciendo esfuerzos por combatir la corrupción y a los “ricos y poderosos” de Panamá.

“Torrijos afirmó que cuando se hizo obvio que el dinero fácil [gravy train] se les estaría acabando prontamente, armaron un escándalo”, anotó Eaton al referirse a concesiones otorgadas en el aeropuerto.

“Funcionarios de la era de Moscoso continúan recibiendo unos 40 mil dólares mensuales en coimas de parte de los concesionarios de las tiendas libres de impuestos del Aeropuerto Internacional de Tocumen”, confesó Torrijos al embajador.

El cable da cuenta de un presidente Torrijos fustigando a los medios de comunicación por haber criticado un programa de su esposa Vivian, molesto con la sociedad civil y quejándose de “los poderosos que controlan el país”.

Eaton, sin embargo, no luce convencido por los comentarios del gobernante.

May 15, 2011 | Filed Under Noticias

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Cables muestran equipo de seguridad en acefalía

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yasmina reyes
yreyes@prensa.com

No hay nadie realmente responsable de la seguridad de este país, es lo que se deduce al leer los cables que la exembajadora Barbara Stephenson envió a Washington en octubre de 2009, tras conversaciones con el “círculo cero” del gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, entregados por Wikileaks a este diario.

Según el cable filtrado, fue el propio Jimmy Papadimitriu –descrito por Stephenson como el más poderoso e importante colaborador de Martinelli– quien informó a la diplomática de su “preocupación” y “frustración” porque que “no hay un consenso sobre el tema seguridad”, “no se ha diseñado un plan”, y por las disputas por el poder entre los más altos funcionarios de los estamentos de seguridad.

“(…) El vicepresidente, Juan Carlos Varela; el ministro de la entonces cartera de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino; el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, y el entonces jefe de Inteligencia, Olmedo Alfaro, estaban enzarzados en una disputa por el poder, y cada uno le llevaba a Martinelli su propia versión de lo que los “gringos dicen”.

Sin embargo, Martinelli le aclaró a la exembajadora que él mismo, “Varela y Papadimitriu son el “círculo cero” del Gobierno de Panamá, y ninguna decisión importante se adopta sin que ellos tres lo hayan discutido y hayan acordado un curso de acción”.

Esto ocurrió en una reunión de seis horas, donde el Presidente y los ministros parecían rendirle cuentas y pedir guía a la exembajadora. De ese círculo de poder excluyeron al ministro de la entonces cartera de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, quien, según el reporte diplomático, no cuenta con la confianza del Presidente, que además se mofa de él y lo ridiculiza.

Este diario intentó obtener la versión del ministro Mulino, pero fue imposible. Se le envió un cuestionario de nueve preguntas –por medio del encargado de su equipo de comunicaciones Alfredo Franceschi– la noche del domingo, y se confirmó el recibo de ese cuestionario. El lunes se indagó dos veces por las respuestas a través del equipo de comunicación del Gobierno. Se nos dijo que el ministro y Franceschi salían de viaje, pero se reconfirmó que tenían el cuestionario. Hubo otra gestión ayer, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Vea: cables originales en inglés cable 1 y cable 2  

 

May 11, 2011 | Filed Under Cables

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¿En manos de quién está la seguridad del país?

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YASMINA REYES
Flor mizrachi angel

panorama@prensa.com

El gobierno de Ricardo Martinelli ha puesto la seguridad en manos de un ministro en el que no confía. “José Raúl Mulino no tiene el completo apoyo y confianza del gobierno, pero nadie más quiere el trabajo”, le dijo su colega, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, a la exembajadora Barbara Stephenson, según lo reportara la propia diplomática a Washington en octubre de 2009, solo tres meses después de la toma de posesión de Ricardo Martinelli, según cables revelados por Wikileaks y entregados a este diario.

Un asunto crucial del reporte de la diplomática es el poco respeto que se le dispensaba al ministro Mulino, al que Papadimitriu describió como “difícil de manejar”. “No tenemos a nadie que se despierte pensando en la seguridad, como lo tienen ustedes. Nadie se siente responsable”, se quejó.

Hoy, Papadimitriu no recuerda haber dicho eso, y asegura que “Mulino goza de toda la credibilidad y confianza de Martinelli y de mi persona”. El funcionario atribuye las afirmaciones de Stephenson a “meras interpretaciones subjetivas de una funcionaria que no gustaba de mi persona, al punto que no me invitó a su despedida cuando se fue de Panamá. Invitó a todos los ministros, menos a mí”.

El abogado y exdirector de la Policía Nacional Ebrahim Asvat encuentra fuera de lugar esta conversación y apunta: “si Martinelli dijo que Mulino no gozaba de su confianza, debió pedirle la renuncia”. Además este tema, sostuvo, no se debió llevar a la Embajada de Estados Unidos (EU), pues la embajada no tiene la responsabilidad de nombrar a ministros”.

Burlas

El informe de Stephenson dice: “Martinelli ridiculiza a Mulino diciendo que en las reuniones del Gabinete frecuentemente habla sin parar por 20 minutos o más, con una actitud de que sabe más que los demás porque es el único que tiene experiencia en otros gobiernos, causando que los otros ministros dejen de escucharlo y se conecten con sus blackberries”.

Esto fue cierto, especialmente durante los primeros meses, corroboraron tres miembros del Gabinete, a condición de mantenerlos en el anonimato. El tono arrogante de “lo sé todo” nos tenía hastiados, dijeron. Y no es que haya cambiado mucho, pero ahora “tenemos experiencia”.

Mulino, que en un Knockout publicado en La Prensa el 6 de junio de 2010 admitió su parecido con el pitufo Gruñón, está consciente de su escaso carisma, que atribuyó a que “la mayoría de las veces, lo que digo no gusta”.

¿Nombrará a un nuevo ministro de Seguridad?

Según el reporte de la diplomática, Martinelli admitió que no había pensado en eso, pero si llegara a considerarlo no sería Mulino. Y comentó –como si fuera una opción– que el director de la Policía, Gustavo Pérez, está contento con su trabajo y él también está contento con tenerlo allí.

Ya pasaron 22 meses de gestión y aunque el gobierno dice que está ejecutando el plan “Calles Seguras”, los resultados no son evidentes. Expertos en seguridad, como los abogados y exdirectores de la Policía Ebrahim Asvat y Jaime Abad aseguran: “este país no tiene un plan de seguridad”.

Para Asvat, el problema radica en que “el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia –ahora Ministerio de Seguridad Pública– ejercía y sigue ejerciendo un papel solo con los medios de comunicación. Las estrategias de seguridad no se definen ahí. Siempre ha sido la Policía por un lado, el Servicio de Fronteras por el otro y el Servicio Marítimo por otro”. A Mulino, explicó Asvat, nunca se le ha delegado la responsabilidad de la seguridad. “Todos los directores de entidades policiales responden directamente al Presidente”.

La campaña que llevó a Martinelli a la Presidencia retomó la promesa fallida de su predecesor Martín Torrijos, en cuanto a que pondría un alto al rampante crimen.

Frente al tema de seguridad, explica Abad, el gobierno “actúa por reacción, no es una acción planificada”. Esta gestión –se lamentó– se caracteriza “por la improvisación y el manejo político” de los estamentos de seguridad.

Según un reporte de la exembajadora, Papadimitriu –el más poderoso colaborador de Martinelli– le pidió ayuda para “enfocar” la atención del mandatario en asuntos de seguridad y darle un poco de orden a lo que describió como la “caótica situación del aparato de seguridad”.

No es cierto, aseguró ahora Papadimitriu. El ministro admitió que sí pidió ayuda a EU en el tema de seguridad. “Lo hice como socios de la región. No pedí más nada. Heredamos una inseguridad muy alta del gobierno de Martín Torrijos y teníamos que resolver el problema. Nunca dije las cosas que señala el cable”.

El 21 de octubre de 2009, Papadimitriu le comentó a la diplomática estadounidense que “había entendido” que la seguridad ciudadana es un asunto clave para el gobierno Martinelli.

Esto, reflexiona Stephenson, fue un avance importante porque durante una reunión sostenida en septiembre para coordinar las estrategias contra las bandas, y en Darién, él había desestimado el aumento de la criminalidad, atribuyéndolo a un asunto de percepción distorsionada por una desproporcionada cobertura mediática.

Según Papadimitriu, dice la exembajadora, el estilo gerencial de Martinelli, caracterizado por su hiperactividad y su excesivo poco margen de atención, estaba dificultando adoptar el trabajo necesario para poner a funcionar el deteriorado sistema administrativo gubernamental, “lo cual es el mayor obstáculo para una reforma en la seguridad”.

Papadimitriu aseguró que nunca le pidió a Stephenson que lo ayudara a enfocar al Presidente, y negó haberle dicho que Olmedo Alfaro –ex jefe de Inteligencia– entregaba a Martinelli informes diarios de los movimientos de sus enemigos políticos, tal y como lo indicó la diplomática. “Son interpretaciones de conversaciones, nunca le pedí que me ayudara con nada de Ricardo”, agregó.

Asvat apunta a un tema clave: ¿dónde están las lealtades de Papadimitriu? Que el ministro de la Presidencia y hombre de confianza de Martinelli, Jimmy Papadimitriu, sea identificado en los reportes diplomáticos como informante de Estados Unidos “es un problema de lealtades. Habría que preguntarle a Martinelli si se siente tranquilo con esa relación… si me lo preguntas a mí, te respondo que no sería una persona de mi confianza”.

No hay una cabeza

Según los reportes, Papadimitriu le comentó a la exembajadora su “frustración” porque los más altos funcionarios a cargo de la seguridad: el vicepresidente Juan Carlos Varela; el ministro Mulino; el director policial Pérez y Olmedo Alfaro, estaban enzarzados en una disputa por el poder, y que cada uno le llevaba a Martinelli su propia versión de “lo que los gringos dicen. Cada uno piensa que está a cargo”.

Ante esta situación, la embajadora le ofreció hablar con Martinelli, Varela y Mulino, en reuniones separadas.

La situación no mejoró mucho, al menos no lo suficiente para la diplomática, que el 25 de noviembre de 2009 sostuvo una reunión de seis horas con Martinelli, Varela y Papadimitriu, en la que volvió a abordar el tema de la seguridad.

La exembajadora se declaró “preocupada” porque sus iniciativas se estancaban por las divisiones en el Gobierno panameño y falta de coordinación interna.

La preocupación de Stephenson fue alimentada por el reconocimiento de Papadimitriu de que “no hay un consenso sobre el tema seguridad y no se ha diseñado un plan”.

Ayuda cuestionada

La designación del Ministerio de Seguridad no parecía tener sentido, hasta que Stephenson explicó que presionó al Gobierno panameño para que cortara sus nexos con la consultora israelí CST Global, y que Papadimitriu le aseguró que así se haría, aunque no podía ser de inmediato porque esa empresa había hecho importantes desembolsos para traer a su equipo y hacer las investigaciones requeridas para brindar su asesoría.

En esa charla, Papadimitriu le dijo a la embajadora que a pesar de la desconfianza que EU sentía por CST Global, le gustaban las ideas que tenía esa empresa de crear un Ministerio de Seguridad y reorganizar la estructura de seguridad del Gobierno panameño.

Esas ideas fueron concretadas cuando el Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Mulino, fue reorganizado (Ley 15 de 2010) y se crearon los ministerios de Seguridad Pública (Ley 19 de 2010) bajo el mando de Mulino (pese al comentario de Martinelli) y el de Gobierno, que se puso en manos de Roxana Méndez.

Papadimitriu aclaró que la relación con CST Global nunca se concretó, atendiendo las advertencias de Stephenson, que dejó claro que “si la contratábamos pondríamos en peligro la relación entre EU y Panamá. Nunca dijo por qué ni lo puso por escrito, pero lo dijo en la Presidencia durante un almuerzo”, contó.

Por su parte, Abad aclaró que durante la campaña, cuando cada candidato ofreció sus planes de seguridad, el de Martinelli –denominado “Calles Seguras” y que el gobierno dice estar implementando”– incluía la reorganización y empoderamiento del entonces viceministerio de Seguridad, así que la idea no habría sido de CST Global. Pero “el plan original –que seguía las recomendaciones de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas– contemplaba que se hiciera en los primeros 90 días del gobierno. ¿Pero cuándo lo hicieron? 16 meses después y sin seguir los parámetros planificados. Dejaron, por ejemplo, al Departamento de Corrección por fuera”. Ello ha dado pie a situaciones como el ultimátum dado por el ministro de Seguridad a la ministra de Gobierno, de sacar a los policías de las cárceles en un tiempo perentorio, estuviera o no listo Corrección para custodiar y proteger las prisiones.

Ese incidente “aterra y es una muestra de ignorancia e improvisación”, comentó Abad.

Ha transcurrido poco más de un año desde que la embajadora Stephenson hiciera sus alarmantes reportes a Washington. Hoy, los funcionarios responsables de la seguridad en el país aseveran que las debilidades señaladas por la embajadora han sido superadas y ahora se trabaja en forma coordinada. Ya, dicen, se está implementando “Calles Seguras” en los tres ejes clave: represión y control, resocialización y prevención.

No rotundo

Enfático, Abad insiste en que no hay una política de seguridad que guíe el accionar del gobierno.

¿Por qué lo cree?

El exfuncionario recordó lo que describió como “otro ejemplo claro de improvisación y manejo político del tema de seguridad”.

Una de las primeras medidas –adoptada a dos meses de entrar en funciones el gobierno– fue despedir del Consejo de Seguridad a 47 funcionarios altamente capacitados con entre 15 y 17 años de experiencia. Era gente que permaneció en sus puestos en varios gobiernos de diferentes signos, debido a que los mandatarios de entonces reconocieron que el sistema de Inteligencia necesita gente capacitada y experimentada, y que esa clase de experiencia tarda en adquirirse. Los despidieron sin más. Eso debilitó el sistema… “están jugando con la seguridad de este país”, se lamentó. Luego se cambió la ley y se reglamentó de tal forma que pasó de ser un cuerpo profesional a ser una policía política, más dedicada a espiar a los políticos (amigos o adversarios). “Fue un cambio, pero un cambio en reversa”, se quejó Abad.

Los funcionarios esgrimen el argumento de que las estadísticas reflejan una reducción de la criminalidad (referida a los homicidios, porque los hurtos y robos reportados siguieron en aumento). Pero, explica Abad, en 2010 hubo siete meses en que el gobierno se negó a dar la cifra de homicidios. Y fue gracias a la labor periodística del diario El Siglo que se mantuvo el conteo. El resultado fue que al final del año saltó una diferencia en las cifras. Las oficiales que provee el gobierno hablan de 818 muertes y las independientes hablan de 27 más, es decir de 845. Y aún así, usando los estándares de Naciones Unidas, queda en evidencia el verdadero estado de situación.

El retrato de un controversial ministro

JOSÉ RAÚL MULINO El nombre de José Raúl Mulino empezó a sonar para integrar el Gabinete de Ricardo Martinelli un par de días después de las elecciones del 3 de mayo de 2009 que le dieron el triunfo a la Alianza por el Cambio. Su amigo y copartidario político del partido Unión Patriótica, Aníbal Galindo, empujó su nombre para jefe de la cartera de Gobierno y Justicia, cuando él mismo rechazó el cargo alegando “razones personales”.

Mulino, de 51 años, con título de abogado de la Universidad Santa María la Antigua, y maestría en derecho marítimo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, se convirtió entonces en el huésped principal del viejo edificio de San Felipe que alberga uno de los ministerios que en las últimas décadas se ha convertido en el talón de Aquiles de los gobiernos de turno.

Pocos meses después de haber asumido el cargo ocasionó un revuelo mediático, al afirmar que le había dado instrucción a los custodios de que dispararan al menor intento de fuga de los reclusos, “tan sencillo como eso. Que disparen en el menor intento de fuga”, dijo. Diferentes sectores de la sociedad se preguntaron entonces ¿cómo era que un personaje que en el pasado se destacó como civilista, promovía una medida tan extrema? Era solo el comienzo de una cadena de controvertidas afirmaciones y medidas de este ministro, que ocasionaron el rechazo de la opinión pública.

En otra oportunidad se enfrentó al gremio de comunicadores sociales, al afirmar que entre los periodistas “imperaba la ética del billete”; luego de casi un año del gobierno del Cambio, promovió una ley para regular la conservación de datos de los usuarios de celulares prepago y de internet cafés bautizada popularmente como “ley pinchazo” y posteriormente llevó a la Asamblea la cuestionada y luego derogada “ley chorizo”, que reformó tres códigos y seis leyes; y que a la postre causó la mayor revuelta popular que ha vivido el país en los últimos tiempos.

En medio del calor del debate de esta iniciativa legislativa, Mulino volvió a sorprender al manifestar que dirigentes sindicales habían usado como “tropa de choque y carne de cañón a indígenas intoxicados por el alcohol y sabrá Dios qué otra sustancia”, para protagonizar protestas en Bocas del Toro. Y en enero pasado confrontó públicamente a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, quien lo reemplazó en esta cartera una vez nació el Ministerio de Seguridad Pública (del que ahora es responsable), por el trabajo de los custodios en los centros penales del país.

Mientras Méndez atribuye parte de la corrupción en las cárceles a estos policías, Mulino los defiende. Pese a los cuestionamientos de su gestión, a sus frases incendiarias y a su metamorfosis de líder civilista a ministro amigo de la confrontación, su copartidario Aníbal Galindo lo califica como un gran panameño compro-metido con la democracia, desde la época de la lucha contra la dictadura.

“Es una persona de carácter fuerte que ocupa un cargo difícil, donde se requiere una persona de temple y de carácter; usualmente este tipo de personas generan confron-tación”, aseguró. Por el contrario, la exministra de Gobierno y Justicia Olga Gólcher asegura que si él [Mulino] cree que con su forma autoritaria de hablar va a restarle a la delincuencia, está equivocado. “Tiene un estilo muy equivocado como ministro de Seguridad; ese lenguaje no nos da seguridad”, dijo.

Mulino, quien también fue vicecanciller [1990 -1993], posteriormente canciller [1993-1994] y presidente de Apede [1989-1990], fue uno de los actores principales de la Cruzada Civilista, ese movimiento nacional que adversó con pailas y pañuelos blancos la dictadura de Manuel A. Noriega.

Esta parte de su vida es constantemente recordada por sus hoy críticos, quienes le atribuyen una especie de “amnesia”. “Mulino sufre de amnesia temporal conveniente”, dijo una vez a los medios Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, quien se pregunta cómo una persona que tuvo una trayectoria activa en la Cruzada, califique a la sociedad civil de querer cogobernar.

De hecho, en una entrevista que le concedió a “La Prensa” en junio de 2001, un Mulino nostálgico dijo en-tonces que recordar el papel de la Cruzada debe servir a los gobernantes y gobernados para corregir el rumbo que lleva el país. En esa entrevista le mandó un mensaje a Mireya Moscoso, presidenta en ese entonces, “que se sacuda de ese círculo íntimo que la asfixia y que no la deja ver la corrupción y la falta de dirección que lleva el país”.

Vea: cables originales en inglés cable 1 y cable 2

 

May 11, 2011 | Filed Under Cables

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Se busca al Presidente

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Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Al parecer el mandatario, Ricardo Martinelli, solo se comunica con sus 25 mil 850 seguidores en Twitter, porque desde que regresó de Washington, el pasado 30 de abril, no ha aparecido en público y solo se ha sabido de él por lo que comenta a través de esta red social.

Su última aparición pública en Panamá fue el 26 de abril pasado, cuando instaló la comisión de notables que redactará las reformas a la Constitución.

Viajó por cuatro días a Estados Unidos. Se supo de él por entrevistas que dio a CNN y cuando apareció con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama.

Un día después de su regresó de Washington comentó en su cuenta de Twitter que ya se había suscrito al portal del Gobierno Nacional en YouTube.

En medio de este comentario tomaban fuerza las denuncias que involucraban a la directora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González, en el tráfico de chinos.

Después del asesinato de Osama bin Laden, Martinelli volvió a aparecer en Twitter para manifestar la complacencia del Gobierno panameño por la operación que efectuó Estados Unidos (EU) y en la que se mató al líder de Al Qaeda.

El 4 de mayo, Martinelli presidió el Consejo de Gabinete. Se aprobó una importación de maíz.

Al día siguiente comentó, también en Twitter, que el Congreso de EU había decidido empezar la ratificación del tratado de libre comercio con Panamá. Igualmente, ese día recordó los 97 años del Polvorín.

El 6 de mayo, La Prensa publicó el cable filtrado por Wikeleaks referente a la vinculación de su gobierno con el convicto colombiano David Murcia Guzmán y de su administrador de Turismo, Salomón Shamah, con narcotraficantes.

Enrique Ho, director de la Autoridad de Aseo, revela que recibió como préstamo 380 mil dólares de Ernesto Chong Coronado, exasesor financiero de Murcia. El cheque apareció en una cuenta de la sociedad Cambio Democrático S.A., que apoyó la campaña electoral de Martinelli en el año 2009.

La crisis arrecia al día siguiente cuando La Prensa, citando fuentes oficiales, publica la suspensión de la visa de Estados Unidos a Shamah.

Los días siguientes aumentan las voces de sectores políticos y de la sociedad civil que piden al presidente Martinelli una explicación oficial sobre las denuncias de corrupción contra Ho, González y Shamah, cercanos colaboradores de su gobierno (ver nota relacionada).

Martinelli se mantenía alejado de la escena pública y de comentarios en Twitter.

Martinelli aparece

Ayer, y cuatro días después de que se conocieran los escándalos de Shamah y Ho, Martinelli reapareció otra vez en Twitter para referirse a la crisis. “Hay una campaña orquestada para acabar con la credibilidad del gobierno. Ellos quieren el poder para olvidarse del pueblo por sus intereses”, dijo Martinelli.

Minutos después, Martinelli puso otro comentario para decir que los escándalos son una “campaña sistemática” para desacreditar al oficialista Cambio Democrático y a la gente cercana al Presidente. Con ello, agregó, se busca “acusarlos de todos los males del universo”. Pero no todo quedó allí.

Uno de sus seguidores en la red social lo emplazó. “Señor Presidente, dijo: “es difícil pensar en una campaña de desprestigio cuando se acusa a personas cercanas a usted de tráfico de drogas y lavado de dinero”.

Martinelli le contestó: “Todos nuestros funcionarios están saliendo a dar declaraciones en los medios para aclarar todo”. Otro seguidor de la red le ripostó: “Presidente, su principal adversario está dentro de su equipo. La sociedad civil lo critica, porque queremos un mejor país. Eso es todo”.

El Presidente le respondió: “Totalmente de acuerdo contigo, nosotros queremos un mejor país, decimos las cosas como son. Aunque a muchos, no les guste”.

Al final del día aumentaron los seguidores de Martinelli en Twitter. Empezó el día con 25 mil 785 seguidores y terminó al cierre de esta edición con 25 mil 850.

Ayer, el Presidente dirigió el Consejo de Gabinete.

La Secretaría de Comunicación informó que Martinelli irá hoy a Tocumen, a un conversatorio con los moradores. (Con información de Irene Hernández)

Amigos y funcionarios

El ministro de Turismo, Salomón Shamah, es de origen colombiano. Aunque no ocupa un alto cargo en Cambio Democrático (CD), es uno de los hombres más cercanos al mandatario Martinelli, y de mayor confianza. Es una especie de utility en el gobierno. Fue el director creativo de la campaña de Martinelli y el que ideó las originales cuñas: “Caminando en los zapatos del pueblo”. Sale con frecuencia en los medios defendiendo la línea dura del gobierno. También es responsable de las campañas sucias y de persecución contra los “enemigos políticos del gobierno”. Cables diplomáticos lo ligan con grupos de traficantes de drogas y armas; además, Estados Unidos le retiró la visa.

Otro amigo del Presidente y funcionario en líos es Enrique Ho. No aparece tampoco entre los directivos de CD, pero su relación es muy estrecha con Martinelli. Fue el “arquitecto principal” de la Fundación Ricardo Martinelli, a través de la cual el empresario comenzó a repartir becas para estudiantes. Fue jefe de campaña y asesor económico de Martinelli durante la campaña de 2009. Martinelli lo presentaba como su futuro ministro de Economía, pero luego desistió de la idea. En 2010 lo nombró al frente de la nueva Autoridad de Aseo cuyo presupuesto es 82 millones de dólares. Está inmiscuido en un escándalo por haber recibido dinero de Ernesto Chong Coronado, exasesor del convicto David Murcia Guzmán. Esos fondos luego aparecieron en una cuenta de una sociedad de CD.

María Cristina González, actual jefa de Migración, es investigada por su presunta participación en tráfico de chinos. Ella misma se jacta de que tiene el apoyo total del Presidente y nadie en el gobierno le cuestiona su cercanía con Martinelli. Comenzó su peregrinaje político en CD desde muy joven. Es el propio Martinelli quien la lleva al partido en 1998. Ha ocupado puestos clave dentro de CD, desde la captación y administración de fondos en las diferentes campañas de Martinelli hasta la dirección de los frentes juveniles. Actualmente es miembro del directorio nacional y del comité de honor y disciplina de CD.

Carlos alberto vargas

 

Analizan reabrir sumarias

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, dejó abierta ayer la posibilidad de que el Ministerio Público reabra las investigaciones sobre las supuestas donaciones de David Murcia Guzmán a las campañas de políticos panameños, sobre todo después de las informaciones que dan cuenta de la entrega de 380 mil dólares al director de la Autoridad de Aseo, Enrique Ho, por parte de Ernesto Chong Coronado, socio de Murcia Guzmán, los cuales fueron a parar a la campaña del actual presidente, Ricardo Martinelli.

Sin embargo, Ayú Prado aclaró que la decisión de reabrir o no las sumarias está en manos de la fiscal decimocuarta de circuito, Lourdes Cedeño, quien tramitó la denuncia presentada sobre las supuestas donaciones por la excandidata presidencial Balbina Herrera, caso que fue sobreseído provisionalmente por el Juzgado Decimoquinto Penal.

Explicó, además, que si la nueva información está relacionada con el expediente seguido a Murcia Guzmán por captación ilegal de fondos, también será la fiscal Cedeño quien deberá buscar la manera de incorporarla al expediente, que igualmente está en el Juzgado Decimoquinto. Con relación al ministro Salomón Shamah, aseguró que no hay ningún expediente abierto, porque “no hay pruebas de nada”.

Juan Manuel Díaz C.

May 11, 2011 | Filed Under Noticias

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Gobierno responde con más amenazas

Irene Hernández G.
irene.hernandez@prensa.com

Miembros del Gobierno respondieron ayer con amenazas de demandas y acusaciones contra la oposición política, en medio de la crisis institucional por los señalamientos de corrupción contra figuras del Ejecutivo.

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, anunció que demandará a Balbina Herrera, excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Herrera, en una intervención en Telemetro Canal 13, denunció que la empresa Ricamar, del mandatario Ricardo Martinelli, y la ministra Cortés tienen vínculos con Ernesto Chong Coronado, ex asesor financiero del convicto David Murcia Guzmán, conocido como el “rey de las pirámides”.

“Ella, en vez estar preocupada en desviar el tema hacia el Ministerio Público, lo que debe hacer es solicitar a Martinelli que explique en público todas las denuncias que se ciernen contra sus allegados”, dijo Herrera.

La perredista se refiere a los señalamientos que se hacen contra el ministro de Turismo, Salomón Shamah, a quien Estados Unidos le retiró la visa; también contra la directora de Migración, María Cristina González, investigada por supuesto tráfico de chinos, y contra Enrique Ho, director de la Autoridad de Aseo Urbano, inmiscuido en un escándalo por haber recibido durante la campaña del ahora presidente Ricardo Martinelli dinero de Chong Coronado, socio de Murcia Guzmán.

En tanto, la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, le advirtió al secretario general del PRD, Mitchell Doens, que si le vuelve a llamar “delincuente” lo va a demandar.

Doens hizo los señalamientos contra Correa porque ella aparece en una cuña televisiva de Cambio Democrático descalificando a los miembros del PRD por hacer críticas de corrupción contra el Gobierno.

Por su lado, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, señaló la intención “de la oposición política y la izquierda radical de llevar una campaña para desprestigiar a miembros del Gobierno”.

El titular de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, dijo que las acusaciones que pesan sobre Salomón Shamah, y Enrique Ho, entre otros funcionarios, deben ser aclaradas por ellos mismos.

May 10, 2011 | Filed Under Noticias

 

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