Juan Hombrón

Juan Hombrón

 

Panamá, lunes 17 de octubre de 2011

Panorama

LA ANATI Y LOS RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS POSESORIOS EN LA COSTA COCLESANA

Juan Hombrón: una playa y doce sociedades

La exdirectora de la Anati aprobó en seis meses, 14 procesos de titulación en Juan Hombrón, en Coclé.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

Unidad de investigación

investigacion@prensa.com

Juan Hombrón

COSTAS PARADISIACAS. Una larga cerca de púas rodea parte de los lotes otorgados por Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de la Anati. LA PRENSA/Eric Batista

Inconsistencias encontradas en las resoluciones
Las fincas y sus abogados
Los trámites de Anabelle Villamonte

Titular derechos posesorios en Panamá siempre ha sido tarea titánica. Es un proceso complejo, costoso e interminable. En fin, una tarea poco menos que imposible.

Sin embargo, eso parece haber cambiado –aunque no para todos– al llegar Alejandro Castillero a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y, más específicamente, con la autorización que este le otorgó –el 7 de diciembre de 2010– a la hoy exdirectora de Titulación de esa institución Anabelle Villamonte para proceder a titular.

Desde ese momento, y con las nuevas reglas establecidas en la Ley 59 de 2010 que creó la Anati, Villamonte comenzó a titular de forma prioritaria las tierras que reclamaron doce sociedades anónimas y dos particulares. Los privilegiados solicitantes lograron obtener gratuitamente 54 hectáreas en las playas de Juan Hombrón, una comunidad costera a poca distancia de Río Hato, en la provincia de Coclé.

A diferencia de los abundantes casos de personas que llevan hasta 15 años tratando de titular derechos posesorios sobre pequeños terrenos, Villamonte adjudicó en menos de seis meses decenas de miles de metros de tierra a sociedades anónimas, cuyos verdaderos dueños se desconocen. Tan rápido fue ese proceso, que las resoluciones de adjudicación prácticamente tenían numeración consecutiva. (Ver cuadro “Las fincas y sus abogados”).

El método

Alrededor de 50 personas, supuestamente lugareños y pescadores de Juan Hombrón y sus alrededores, acordaron –sin una sola negativa– vender sus derechos posesorios sobre lotes paralelos y consecutivos hasta completar un globo ininterrumpido de parcelas de 54.3 hectáreas, que adquirieron doce sociedades y dos particulares. Ningún lote tenía una extensión mayor de cinco hectáreas –al menos eso decían las resoluciones de adjudicación–, lo que, según la ley, permite reclamarlas gratis al Estado.

Todo esto se permitió a pesar de que el artículo 5 de la Ley 80 de 2009 –que regula la titulación de derechos posesorios en islas y costas– expresamente prohíbe “el fraccionamiento de las parcelas de terreno para beneficiarse indebidamente de los títulos gratuitos”.

Probar que las personas que alegaban tener los derechos posesorios de las tierras eran sus auténticos dueños, fue cosa fácil: los compradores solo tuvieron que presentar testimonios de personas que daban fe de su ocupación. Y salvo dos certificaciones de la corregiduría de Antón en el caso de los procesos de las dos personas naturales, no se exigió ninguna otra prueba.

Eso, a pesar de que el artículo 3 de la citada Ley 80 establece varios requisitos para reconocer los derechos posesorios. A saber: haber ejercido el dominio material de la tierra solicitada, con ánimo de dueño, y de manera pacífica, ininterrumpidamente y por un período mayor de cinco años.

Además, la legislación vigente exige que la posesión se demuestre mediante el uso habitacional, residencial, turístico, agropecuario, comercial o productivo de la tierra o a través de actos demostrativos de dominio material, documentos emitidos por autoridades nacionales, autoridades locales de policía, testigos de la comunidad o por sus colindantes.

A pesar de la variedad de fórmulas para probar el derecho, solo se presentaron testimonios.

¿Cómo se explica la rapidez para otorgar los títulos de propiedad o que no se pidieran más pruebas de la efectiva posesión material de la tierra?

Quizá la respuesta sea que la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte fue la abogada que empezó los trámites de titulación de las doce sociedades. (Ver cuadro “Los trámites de Anabelle Villamonte”).

Y aunque renunció, tanto a los cargos en las sociedades como a los poderes para tramitar los procesos que adelantaba en Catastro, los hechos demuestran que el plan de titulación de la tierra en Juan Hombrón siguió su curso a través de familiares y gente del íntimo entorno de Villamonte. Así, las recién llegadas solicitudes pasaron a encabezar la interminable lista de peticiones que tratan de legalizar derechos posesorios.

Para titular las tierras, Villamonte siguió un patrón definido, fuera y dentro de Catastro y/o Anati. Primero se crearon las sociedades, lo que ocurrió entre el 30 de julio de 2009 y el 26 de mayo de 2010. Y solo tres o cuatro meses después, pedían titular sus derechos posesorios.

Este trámite supuso reunir a unos 50 lugareños que alegaban ser los legítimos dueños de derechos posesorios de parcelas de diversos tamaños; convencerlos de vender; acordar un precio por sus supuestos derechos; elegir a los abogados que los representarían, hacer el papeleo en notarías y otras oficinas gubernamentales, y pagarles.

Los supuestos vendedores eran agrupados de tal forma que la suma de sus lotes resultara en parcelas que en ningún caso excedieran el límite de las cinco hectáreas que impone la ley para poder obtener los terrenos en forma gratuita.

Así nacen doce lotes –que se sumarían a los dos correspondientes a dos personas que también vendieron sus derechos posesorios para un total de catorce lotes– de distintos tamaños que, además, tienen en común que uno está al lado del otro –y con frente de mar– para alcanzar las 54.3 hectáreas.

Testigos y dueños

En el proceso de crear las fincas, los que se decían dueños de derechos posesorios de una parcela eran, al mismo tiempo, testigos de supuestos paisanos que alegaban la posesión sobre lotes vecinos.

Así, un importante grupo testificaba recíprocamente que era residente del lugar y dueño de los lotes que estaba vendiendo y que, según ellos, llevaba ocupándolos por más de cinco años, con ánimo de dueño, de manera pacífica e ininterrumpida.

Uno de estos casos es el de las sociedades Bancro Holding Corp. y Renemont View Inc. Así, Francisco Quijada Pérez traspasa su derecho posesorio a Bancro Holding, y Rómulo Gaona atestigua la posesión de la tierra de Qui-jada Pérez. Luego, Gaona vende a Renemont View y Quijada Pérez atestigua a favor de Gaona.

Para verificar la residencia de las personas que se mencionan en las resoluciones de adjudicación como dueños de derechos posesorios y de sus testigos, este diario corrió sus nombres en el padrón electoral final de 2004 (que utilizó el Tribunal Electoral para determinar la residencia permanente de los votantes).

Al tratarse de lugareños y pescadores del área que alegaban tener por más de cinco años la tenencia ininterrumpida de la tierra con ánimo de dueño, como se asegura, se esperaría que estuvieran registrados en el citado documento. No fue así.

La mayoría de ellos no figura en esa base de datos del Tribunal Electoral. Al menos, no vivían ese año en Juan Hombrón.

Tal es el caso, por ejemplo, de los tenedores de los derechos posesorios traspasados a Vista del Norte, S.A. o a Cerpell Compañía de Inversiones. O los casos de José Fernández Loo –beneficiado con un lote a título personal en Juan Hombrón– quien citó como testigo de la tenencia de su tierra a Osvaldo Salazar y a su vecino colindante José Gutiérrez. Pero ninguno de los tres aparecía en el padrón electoral de Juan Hombrón. O el caso de Properties Group, en el que ninguno de los 11 supuestos lugareños aparecen en el padrón electoral de 2004 como residentes de Juan Hombrón.

Aun así, todos fueron a las notarías a rendir un testimonio que riñe con la información del Tribunal Electoral. Y, de hecho, no es la única irregularidad. Cuando este diario consultó los números de cédula de vendedores y testigos en el Sistema de Verificación de Identidad del Tribunal Electoral, saltaron más sorpresas. Muchos de los nombres citados en las resoluciones de adjudicación de las tierras no coinciden con los números de cédula que tienen estos en la base de datos citada.

Es el caso de Vista del Norte, en la que se menciona a Mabel Inés Yau con un número de cédula que corresponde a otra persona. También está Sergio Ramos Concepción en esta misma sociedad, cuya cédula corresponde a la de Eric Aguilar que, curiosamente, es el presidente de la sociedad Vista del Norte.

En Renemont View se menciona a Rómulo Antonio Gaona con un número de cédula que no le corresponde y en Complete Properties aparece Carlos Domínguez con la cédula de Stephanie Yau; mientras que en Q & P Investment, Alexandra Fara Monterrey e Idalvis Esther Yau tienen el mismo número de cédula, pero nadie notó todos estos errores. (Ver cuadro “Inconsistencias encontradas en las resoluciones”).

Los juramentos que hicieron testigos y dueños de derechos posesorios en las notarías contrastan con la realidad hallada en la zona, luego de tres visitas que este medio realizó a Juan Hombrón.

Dado que los vendedores de los lotes alegaron estar en posesión de las tierras por un período mayor de cinco años, con ánimo de dueño, de manera pacífica e ininterrumpida, es de esperarse ver casas o huertos o alguna estructura que probara tal posesión.

Pero las únicas pruebas visibles de ocupación en la zona son una larga cerca de púas recién construida sobre la playa –que curiosamente, no parece demarcar un lote, sino varios–; letreros que advierten que es propiedad privada, y una que otra ranchería, hecha con materiales desechados.

Manglar ignorado

Otro hecho resaltó en las visitas de este diario a Juan Hombrón: la existencia de abundante mangle, que parece haber pasado desapercibido por los funcionarios que hicieron las inspecciones in situ previas a la aprobación de la solicitud, y que niegan expresa y sistemáticamente cada una de las resoluciones de adjudicación de las tierras.

La existencia del mangle –que en efecto se menciona en los contratos de cesiones de derechos posesorios cuyas copias tuvo acceso este diario y una certificación emitida por la corregiduría de Antón– debió haber impedido la adjudicación aprobada por Anabelle Villamonte, ya que el artículo 10 de la Ley 80 –que regula el procedimiento para titular derechos posesorios en costas e islas– señala expresamente que “las zonas de manglares no serán objeto de titulación”.

En todos los casos, las inspecciones de los lotes y el levantamiento y revisión de los planos fueron ejecutados con rapidez pasmosa. Y mucho más asombroso era el tiempo que tardaba Villamonte en firmar las resoluciones de adjudicación; ningún caso alcanza los seis meses, entre la fecha de la solicitud y la de adjudicación.

Pero los propietarios de las tierras no se quedaron ni cuatro meses con ellas. Nueve de ellos “vendieron” a casi el mismo precio que determinó Villamonte, según la tabla de valores de la citada Ley 80: $3.60 el metro cuadrado, cuando en la zona se cotiza hasta 70 veces más ese precio. La venta se consumó con la misma rapidez: comenzaron el 26 de abril pasado y para el 27 de junio ya se habían perfeccionado.

¿Y quiénes compraron? Ni una sola de las ventas se realizó a una persona natural, todas fueron a dar una vez más, a precio de remate, a sociedades que, con excepción de dos, habían sido creadas entre los meses de enero y mayo de 2011.

Y hasta aquí, nadie sabe aún quién o quiénes están detrás de la compra y venta de la tierra en Juan Hombrón, salvo los involucrados, entre ellos, la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte.

(Con información de Lina Vega Abad y Santiago Cumbrera).

Poseedores antes de existir

La ley que regula la titulación de derechos posesorios en islas y costas permite que sociedades anónimas puedan solicitar tierras a la Nación, como poseedores originarios o derivados.

Eso explica que una de las sociedades beneficiadas con tierras gratis en Juan Hombrón, Properties Group., haya obtenido 1.3 hectárea gratuita como “poseedor originario”. Es decir, esta sociedad anónima pudo probarle a la exdirectora de Catastro Anabelle Villamonte el dominio material “pacífico e ininterrumpido” por más de cinco años de la tierra que obtuvo gratuitamente. Sin embargo, Properties Group solo contaba con nueve meses de vida jurídica cuando Villamonte le cedió la tierra.

Esta sociedad también destaca del resto porque nadie advirtió la repetición de cédulas entre dos de los supuestos dueños de los derechos posesorios; varias cédulas no corresponden a los nombres de los propietarios y todos los lotes de sus supuestos dueños originarios más su propia tierra exceden las cinco hectáreas que la ley permite titular de forma gratuita.

Algo similar ocurrió con la sociedad Q y P Investment. De las 4.2 hectáreas de tierra cedidas gratuitamente a la sociedad, 2.5 hectáreas eran “derechos posesorios originarios”; es decir, que mantuvo la posesión de la tierra por un tiempo no menor de cinco años. Sin embargo, la sociedad fue inscrita el 16 de abril de 2010, lo que significa que cuando recibió la tierra solo contaba con 11 meses de vida jurídica.

Ereida Prieto-Barreiro

Las primeras favorecidas

Pese a los intentos por esconder los detalles de la adjudicación de tierras en Juan Hombrón, es evidente que el eje central para lograr la titulación de consecutivas parcelas en estas playas fue la exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte.

La primera adjudicación que firmó Villamonte en Juan Hombrón fue el 16 de diciembre de 2010, nueve días después de recibir autorización del director de la Anati para titular las tierras. Fue una cesión gratuita de 4.5 hectáreas a la sociedad Silo Enterprises.

Una joven chorrerana de 24 años –Sue Helen Scott Lam– era su presidenta, mientras que la firma Ellis & Ellis, su agente residente. Ni Scott Lam ni los abogados de la citada firma aceptaron hablar con este diario.

Dos meses antes de ser autorizada para aprobar los títulos de propiedad, Villamonte había actuado como abogada de Silo Enterprises. En esta condición hizo entrega de la certificación de fijado y desfijado de edicto que otorgó la corregiduría de El Chirú (Antón) como parte del proceso de titulación. (Ver facsímiles).

En este proceso también participó Carlos Morales Murgas –primo de Villamonte– quien actuó como “apoderado especial”.

La participación de Villamonte y su primo en estos trámites quizás explique la rapidez de esta titulación: los planos se aprobaron en octubre de 2010, y la cesión de la tierra, el 16 de diciembre de 2010.

Un dato curioso. Según la adjudicación a Silo Enterprises, su finca colinda con otra perteneciente a tres personas, entre ellas, la propia Anabelle Villamonte.

En la inscripción de la finca de Silo Enterprises en el Registro Público también aparece un abogado que tramitó a nombre de las 12 sociedades: Marcelino Ramos Madrid, quien se negó a cruzar una palabra con este diario.

Silo Enterprises vendió su finca solo cuatro meses después de recibirla –en abril de 2011– a la sociedad Trapp Real State Corp., por $164 mil, casi el mismo valor que le dio Villamonte. Trapp fue creada dos meses antes por los esposos Luis Alberto Fonseca López y Joavana Robles de Fonseca, quienes aparecen en, al menos, tres sociedades que solicitaron títulos de propiedad gratuitos en el área. Los esposos Fonseca Robles no quisieron hablar con este diario.

Tras la venta, Silo Enterprises, en una reunión extraordinaria de accionistas de mayo de 2011, se disolvió. El motivo: “haber cesado el objeto de su constitución”.

Sue Helen Scott Lam –la que fue presidenta de Silo Enterprises– apareció en otra sociedad que obtuvo terrenos en Juan Hombrón: Granulados, S.A., sociedad que también fue creada por la firma Ellis & Ellis en agosto de 2010. Dos meses después, Granulados comenzó el trámite para titular en Juan Hombrón, y en marzo de 2011 recibió gratis de Villamonte una parcela de 1.6 hectárea.

¿Por qué tanta rapidez? La respuesta podría ser Villamonte. En octubre de 2010, cuando Granulados solicitó la titulación de la parcela, Villamonte había presentado la petición de adjudicación del terreno, para lo que aportó un poder de la junta de accionistas de dicha sociedad.

El 14 de marzo de 2011, junto a la de Granulados, Villamonte firmó otras cinco resoluciones de adjudicación de tierras a sociedades en Juan Hombrón.

Villamonte dio prioridad a otra titulación en esa zona: Complete Properties Inc., creada en mayo de 2010. En solo meses, Villamonte le traspasó de forma gratuita 4.7 hectáreas de tierra frente al mar en Juan Hombrón.

Y como el resto de las otras 11 sociedades, Complete Properties no era ajena a Villamonte: ella fue su agente residente y sus padres –Ordonel Villamonte y Ana Elida Murgas Ábrego– fueron parte de su directiva. Según el documento de adjudicación, el trámite de Complete Properties empezó el 12 de octubre de 2010, cuando Villamonte era su presidenta, secretaria y agente residente.

El 26 de noviembre de 2010 –estando ya al frente de la Dirección de Catastro–, Villamonte presentó su renuncia a los cargos en la sociedad. Lo mismo hicieron sus padres.

En la resolución de adjudicación a Complete Properties, omite mencionar si se entregó la certificación de tenencia de acciones nominativas de la sociedad, como lo ordena la Ley 80.

¿Cómo Anabelle Villamonte –una abogada que tramitaba solicitudes de titulación de derechos posesorios– llegó a dirigir, con solo dos años de haber recibido su idoneidad como abogada, la Dirección de Titulación de la Anati? ¿Cuáles son los antecedentes que le permitieron obtener cargo tan importante en el Gobierno?

Por el momento, guarda silencio. Villamonte se había comprometido a recibir a este diario el martes 11 de octubre, pero canceló la cita abruptamente.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

Resoluciones

Silo Enterprises, S.A.
José Gutiérrez
Properties Group, S.A.
Granulados, S.A.
Q y P Investment, S.A.
Banco Holding Corporation
Brisas del Mar Pacífico
Cerpell Compañía de Inversiones
Vista del Norte, S.A.
Vista Coclé, S.A.
Renemont View Inc.
Corban Investment Corporation
Complete Properties, Inc.

 

1

2

3

 

 

Panorama

las 54 hectáreas en juan Hombrón

El relato de un rápido proceso de titulación

Aproximadamente 50 lugareños y pescadores de Juan Hombrón y sus alrededores vendieron, a un grupo de sociedades, representadas por Anabelle Villamonte, sus supuestos derechos posesorios.

REDACCIÓN DE LA PRENSA

investigacion@prensa.com

jh

MANGLARES. Una buena cantidad de mangle se encuentra en las tierras que fueron adjudicadas por la hoy exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte. LA PRENSA/Eric Batista

Notas relacionadas:

En un período no mayor de seis meses, doce sociedades anónimas y dos personas lograron un hecho insólito en la historia de la titulación de tierras en Panamá: el reconocimiento de sus derechos posesorios, todos en la comunidad de Juan Hombrón, en las costas coclesanas.

El veloz trámite supuso reunir a unos 50 lugareños que alegaban ser los legítimos dueños de derechos posesorios de parcelas de distintos tamaños; convencerlos de vender; acordar el precio por sus supuestos derechos; elegir a los abogados que los representarían; hacer el papeleo en notarías y otras oficinas gubernamentales, y pagarles.

Se trataba, además, de derechos posesorios sobre lotes paralelos y consecutivos hasta completar un globo ininterrumpido de 54.3 hectáreas.

El proceso tiene un dato especialmente llamativo: ningún lote tenía una extensión mayor de cinco hectáreas, lo que, según la legislación vigente, permitió obtenerlos sin costo alguno. (Vea en www.prensa.com las resoluciones completas de adjudicación).

Al frente de todo el proceso estuvo Anabelle Villamonte, primero como abogada de las sociedades y luego como directora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), aprobando las 14 solicitudes. Quizá por ello, la expresa prohibición legal de fraccionar los lotes para “beneficiarse indebidamente de los títulos gratuitos”, no fue obstáculo para la exfuncionaria.

Cuatro meses después de obtenida la tierra de forma gratuita, nueve de las sociedades la vendieron. Sus verdaderos dueños se desconocen.

(Con información de Lina Vega Abad, Ereida Prieto-Barreiro y Santiago Cumbrera).

´Nos vamos a encontrar en los tribunales´

Anabelle Villamonte se presentó ayer, en La Prensa, donde advirtió que llevará “a los tribunales” a los que escriban de ella.

Llegó poco antes de las 4:00 p.m., con un hombre que no se identificó. Venía decidida a dejar unos documentos en la recepción, para lo que exigió un acuso de recibo.

La recepcionista Linda Tuñón no quiso firmar nada y, luego de consultar con la Redacción, le informó que Santiago Cumbrera la atendería. “Cuando escuchó el nombre, el hombre que la acompañaba se refirió ofesensivamente a Cumbrera”, contó Tuñón.

En lugar de Cumbrera, acudió la periodista Ereida Prieto, pero Villamonte no quería entrevistas. “Me dijo ´nada más para que sepas, estoy bien asesorada, ya sabes que nos vamos a encontrar en los tribunales”, narró Prieto.

Finalmente, Villamonete y su acompañante se fueron. Tuñón, el seguridad Adrián Olmedo y el asociado de este diario Alex Juárez contaron que, en media hora que duró la visita, ella hizo tres llamadas por celular para informarle a la persona en la línea que no le “firmaban” sus papeles.

 

Anabelle Villamonte LA PRENSA/Archivo

Panama America 17 oct 2011

No hubo nada irregular en la titulación de tierras concedidas por Villamonte

ss
El administrador de la ATP, Salomón Shamah. Foto/Archivo

El ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y asesor de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), aseguró que en la titulación de tierras a 12 sociedades anónimas en Juan Hombrón, provincia de Coclé que concedió Anabel Villamonte, ex directora de Titulación y Regulación de la entidad no hubo nada irregular.

“Tengo entendido que una vez ella asumió su cargo en la ANATI renunció a su practica privada cuando en su momento representó a éstas sociedades. Si una persona o sociedad califica para que se le titule una tierra de acuerdo a las pruebas que presenta nadie ni ella (Villamonte) le puede negar este derecho”, manifestó.

Shamah indicó durante una entrevista en Noticias AM, que la promesa de campaña del presidente Ricardo Martinelli es titular tierras en las costas a todas las personas naturales, sociedades anónimas que tengan su derecho posesorio.

Agregó que desde que se creo la ANATI no sólo se han titulado tierras sino más de 35 mil hectáreas a nivel nacional.

 

 

Panorama 2 nov 2011 la prensa

otras SOCIEDADES ANÓNIMAS COMPRAN TIERRAS EN COSTA DE COCLÉ

Tierras en Juan Hombrón ya tienen nuevos dueños

A las investigaciones que efectúa el Ministerio Público y la Contraloría, se suma ahora la que haría la Anati.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

investigacion@prensa.com

jhom

COSTA. Vista parcial de las tierras cedidas gratuitamente por Anabelle Villamonte. LA PRENSA/Eric Batista

Notas relacionadas:

Las 54 hectáreas cedidas gratuitamente en Juan Hombrón –en la costa coclesana– por la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, tienen nuevos dueños.

Se trata de nueve sociedades anónimas que compraron la tierra cedida originalmente por Villamonte a dos particulares y doce sociedades. En todos los casos, la venta se hizo por el mismo valor catastral o una cifra levemente superior.

El proceso de traspaso de la tierra se inició el 26 de abril de 2011 y culminó el pasado 10 de octubre, cuando se produjo la venta de las 4.7 hectáreas obtenidas gratuitamente por Complete Properties, sociedad anónima constituida por la propia Villamonte, y cuya directiva la formaban originalmente sus padres, Ana Elida Murgas y Ordonel Villamonte.

Cinco sociedades de las doce que aún no habían traspasado las tierras que habían adquirido en Juan Hombrón finalizaron en octubre este proceso, con lo cual las 54 hectáreas de la tierra cedida gratuitamente en las costas coclesanas tienen ahora “nuevos” dueños.

Esta vez, dos sociedades “compraron” los lotes de las otras cinco que habían adquirido los derechos posesorios.

Villamonte, quien renunció a su posición en la Anati el 16 de septiembre tras conocerse el caso de la titulación gratuita del terreno de Punta Paitilla, fue abogada de las 12 sociedades que luego benefició con tierra gratuita en la costa de la provincia de Coclé.

El polémico proceso de titulación de tierras en Juan Hombrón comenzó el 16 de diciembre de 2010, con 4.5 hectáreas otorgadas a Silo Enterprises, S.A., sociedad que tuvo como presidenta a Sue Helen Scott Lam, una joven chorrerana de 26 años, cuyo nombre también aparece en otra sociedad vinculada a la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Y justamente con la familia Papadimitriu –específicamente en la empresa Sea Deli Panamá– trabajó Villamonte, justo cuando, como abogada, hacía los trámites para obtener los derechos posesorios que después reconoció como funcionaria de la Anati.

Anati investigará títulos

En una polémica sesión, el Consejo de Gabinete aprobó ayer una moción para que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) investigue la validez de los títulos de propiedad adjudicados en Juan Hombrón, en la costa coclesana.

La moción dista de lo que había anunciado horas antes el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, de que se “retrotraerían” los títulos adjudicados para revertirlos al Estado. El Gabinete dejó para lectura de correspondencia en la próxima sesión la resolución que llevó el vicepresidente, Juan Carlos Varela, para que se iniciara una acción de bien oculto sobre el lote adjudicado en Juan Hombrón. La propuesta de bien oculto no procede, dijo el titular del Miviot, José D. Arias.

irene hernández

La Prensa 20 nov 2011

El manglar que ningún funcionario vio

Importantes cargos de la ARAP son ocupados por personas que están o han estado vinculadas con la familia Papadimitriu.

LINA VEGA ABAD

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

investigacion@prensa.com

jhmang

Cartas y formularios

El pasado 9 de noviembre, el presidente, Ricardo Martinelli, apareció sorpresivamente en el programa “La Última Hora” de TVN, para anunciar –junto al nuevo administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Oduber– que las 54 hectáreas cedidas gratuitamente por la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte, en la costa coclesana de Juan Hombrón, volvían a ser tierras nacionales.

Aunque el anuncio presidencial requiere aún de un pronunciamiento judicial, la decisión administrativa solo puede justificarse con el hallazgo de irregularidades en el procedimiento que avaló Villamonte.

Pero, mientras se divulga el fundamento de esta decisión, y la investigación que realiza el Ministerio Público determina si hay responsabilidades penales en lo sucedido, un tema sigue llamando la atención: ¿Cómo un área costera con un gran estero y abundante manglar pudo pasar a manos particulares, a pesar de la expresa prohibición que al respecto establece el artículo 10 de la Ley 80 de 2009 que regula el proceso de reconocimiento de derechos posesorios en islas y costas?

El hecho sorprende, especialmente porque todas las resoluciones de adjudicación avaladas por Villamonte (la abogada y exempleada de la empresa Deli Fish, propiedad de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu) son categóricas al negar la existencia de manglar.

La frase “el predio no constituye área de bosque de mangle y se encuentra dentro de la zona costera adjudicable” se repite, cual letanía, en 13 de las 14 resoluciones de adjudicación. Solo en una el texto varía, aunque únicamente en la forma: “…no menciona [el informe técnico] la afectación de algún ecosistema marino-costero…”.

Según se explica en las citadas resoluciones de adjudicación, el dato –la inexistencia de mangle– es parte de los informes de inspección ocular y geodésico expedidos por la Oficina Regional de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales de la provincia de Coclé.

Sin embargo, una visita al sitio y un sobrevuelo hecho por este diario dejaron en evidencia que la zona titulada por Villamonte forma parte de un gran estero con abundante mangle (ver fotografías).

Además, fuentes consultadas por este medio, que pidieron la protección del anonimato, aseguran que el área de la costa coclesana que fue titulada por Villamonte fue fotografiada por el equipo del Instituto Geográfico Nacional Tomás Guardia y clasificado como “inadjudicable”, justamente por tratarse de un manglar.

Las fuentes hablan de un documento fotográfico (llamado ortofoto) que, aseguran, reposaba en la institución.

Este diario intentó obtener copia del citado informe de la Anati, institución a la que ahora pertenece el Instituto Tomás Guardia, pero fue imposible. A pesar de que se trata de información pública, se negaron a darla alegando que no podían proporcionarla debido a las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Fallida protección

Desde la aprobación en 1998 de la Ley General de Ambiente, los recursos marinos costeros (entre los que están los esteros y manglares) constituyen patrimonio nacional, cuyo aprovechamiento, manejo y conservación está, desde 2006, bajo la tutela de la Autoridad Nacional de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

En realidad, la protección legal de los manglares se remonta en Panamá al año 1918 al aprobarse la Ley 27 (reformada en 1925 y en 1928), identificándolos como ecosistemas fundamentales para la reproducción de especies marinas y la protección de las costas.

En 1989, Panamá se adhirió a la convención relativa a los humedales de importancia internacional, conocida como Convención Ramsar, comprometiéndose a la protección de estos importantes ecosistemas marinos.

Además de lo anterior, la protección de los manglares de la costa de Coclé tuvo en 2005 un refuerzo adicional, cuando el Consejo Municipal de Antón aprobó un acuerdo en el que se declaró el área como “reserva ecológica y forestal del distrito de Antón”.

Este acuerdo establece que se solicitaría la colaboración de otras instancias, como la Dirección de Reforma Agraria, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Gobernación de Coclé para proteger el área y su disposición para el “progreso humano y el desarrollo del medio ambiente”.

Por ello, el presidente del Consejo Municipal de Antón, Armando Reyes, explicó a este diario que, tras enterarse de las titulaciones de Juan Hombrón, pidieron la comparecencia de los responsables de las direcciones regionales de Catastro y de la Anam. Hasta ahora, la petición ha sido ignorada.

En consecuencia, Reyes solicitó a las autoridades nacionales que respeten los acuerdos municipales y que se protejan los ecosistemas marinos que, añadió, “dan sustento a una gran cantidad de pescadores del distrito”.

Además de ello, la costa coclesana ha sido catalogada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como de “alta” y “muy alta” susceptibilidad a inundaciones, lo que hace vital la protección de los manglares existentes.

Sin embargo, ni los compromisos internacionales ni las normas nacionales o los acuerdos municipales, ni siquiera la penalización que al respecto establece la legislación penal ambiental o la advertencia del Sinaproc, evitó que Anabelle Villamonte titulara las 54 hectáreas que pasaron en seis meses a manos de 12 sociedades anónimas y a dos particulares.

La negación de la existencia de manglar en las resoluciones de adjudicación llama además la atención porque su existencia se menciona expresamente en algunos de los contratos de cesiones de los derechos posesorios, así como en una certificación emitida por la corregiduría de Antón, documentos que forman parte de las pruebas que, en su momento, debió haber analizado Villamonte para llevar a cabo las polémicas titulaciones.

SILENCIO OFICIAL

Este medio obtuvo copia de documentos firmados por Villamonte que indican que el proceso de cesión de tierras nacionales que realizaba la Dirección de Catastro (hoy Dirección de Titulación de la Anati) incluía la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como la autorización de la ARAP, con el objetivo de descartar que se tratase de una zona de manglar (ver facsímiles).

En otras palabras, en cumplimiento de la prohibición legal de adjudicar manglares –que establece el artículo 10 de la Ley 80– el proceso de titulación por parte de Catastro/Anati incluye, como paso previo, la intervención del Miviot y el señalamiento por parte de la ARAP de que la tierra solicitada no es área de manglar.

¿Pidió Villamonte en el caso de Juan Hombrón la intervención del Miviot y de la ARAP? Este diario intentó resolver esa interrogante preguntándoles a los responsables del Miviot, pero tampoco hubo respuesta.

Igual suerte hubo con la ARAP. Las preguntas que al respecto hizo y reiteró este diario a la institución responsable de la protección de los manglares, nunca fueron contestadas.

Finalmente, por tratarse de áreas protegidas por decisión del Municipio de Antón, se le solicitó a la Anam información sobre su vinculación en el proceso de titulación de Juan Hombrón. Nuevamente silencio oficial.

 

VÍNCULOS SIN FIN

“Yo nunca he ido a Juan Hombrón… No se ni dónde queda Juan Hombrón… Quiero decirle hasta en chino…”, fue la última reacción pública que tuvo el ministro Demetrio Papadimitriu sobre las tierras tituladas por Villamonte en la costa coclesana.

Sin embargo, investigaciones de este diario dejan en evidencia que, además de los vínculos ya revelados, otras personas que tienen o han tenido relaciones laborales con empresas de la familia Papadimitriu, dirigen instituciones clave en el proceso de titulación de tierras (ver diagrama).

Y es que en la ARAP, institución clave para el desarrollo de la industria pesquera y que, como se ha dicho, tiene bajo su competencia la protección de los ecosistemas marinos que incluyen los manglares, trabajan personas que están o estuvieron vinculadas a empresas de la familia Papadimitriu.

Una de esas es Sea Deli Panamá (dedicada a la extracción y procesamiento de pescado y mariscos) que tuvo como empleado a Giovanni Lauri, actual administrador de la ARAP.

Lauri fue, entre los años 1984 y 1995, gerente administrativo de Sea Deli, según información emitida por la Asamblea Nacional al ratificarlo en el cargo, en septiembre de 2010.

Además de Lauri, otra persona ligada a los negocios de la familia Papadimitriu fue nombrada por el presidente, Ricardo Martinelli, como miembro de la junta directiva de la ARAP, en representación de “los exportadores de la industria de la pesca y acuicultura agremiada”. Se trata de Elbert Rubio quien, según varias fuentes consultadas por este diario, es una pieza clave en los negocios relacionados con la pesca y afines, que lidera Diamantis Papadimitriu (padre del ministro de la Presidencia).

Por ejemplo, Elbert Rubio y su esposa, Elsie Hernández de Rubio, son suscriptores de la sociedad Camarones de Panamá, que preside Diamantis Papadimitriu.

Rubio también fue parte de otra sociedad ya disuelta de la familia Papadimitriu: Estrella del Pacífico, S.A.

En violación a la Ley 44 de 2007 que crea la ARAP y que incluye reglas sobre incompatibilidades en los nombramientos entre la directiva y los funcionarios, la esposa de Rubio, la ya citada Elsie Hernández de Rubio, ejerce el cargo de secretaria general de la ARAP, con un salario mensual de 2 mil 500 dólares, más mil 500 dólares de gastos de representación.

Además de las conexiones en ARAP, otro nombre relacionado con las empresas de los Papadimitriu surge en la telaraña de vinculaciones que van de la familia del ministro de la Presidencia a Juan Hombrón.

Se trata de Óscar Menacho, quien aparece en una lista del Directorio de Exportadores del Ministerio de Comercio e Industrias como representante de la empresa Sea Deli, de la que fue presidente y tesorero en 1997.

En 2010, Menacho pasó a ocupar un cargo en la directiva de Servicios Transnacionales, sociedad que obtuvo (en un rápido proceso de cinco meses) una generosa concesión de extracción de arena submarina en Capira (dos zonas de 500 hectáreas cada una por 10 años prorrogables), de la que hasta ahora no se conocen mayores detalles.

Antes de la llegada de Menacho a la directiva de Servicios Transnacionales, esta sociedad anónima fue presidida por Sue Helen Scott Lam, empleada de la firma de abogados Ellis & Ellis, con la que se cierra el círculo de vinculaciones entre las tierras de Juan Hombrón y la familia Papadimitriu.

Como se informó previamente, Scott Lam aparece en la directiva de la sociedad La Platea, S.A., cuyos suscriptores son Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas.

Y es justamente esta joven chorrerana quien presidió la sociedad anónima Silo Enterprises, que se convirtió en la primera de las 14 beneficiadas con la generosa cesión de tierras con frente de mar que hizo Anabelle Villamonte en Juan Hombrón, entre diciembre de 2010 y mayo de 2011.

(Con información de Edilsa González).

 

OTRO CONFLICTO EN JUAN HOMBRÓN

La comunidad de la costa coclesana que cobró notoriedad debido al polémico proceso de reconocimiento de derechos posesorios y consecuente titulación gratuita de 54 hectáreas, va de sobresalto en sobresalto.

Con la llegada de maquinarias y trabajadores, los lugareños y dueños de casas de playa se enteraron de que el Ministerio de Comercio y Industrias (Mici) había dado el primer paso en el proceso de aprobación de una concesión para la extracción de minerales no metálicos (arena continental) a la sociedad Inversiones Playa y Campo.

Efectivamente, la directora Nacional de Recursos Minerales del Mici, Zahadia Barrera, firmó el 31 de marzo una resolución en la que declara a la citada sociedad “elegible” para extraer arena en 50 hectáreas, algunas de las cuales no son propiedad de la sociedad solicitante de la concesión.

La resolución destaca que el documento sería enviado a la alcaldía del distrito para que se fijara por 15 días en un lugar visible de la corregiduría correspondiente.

Sin embargo, esto no sucedió. El alcalde de Antón, Jorge Cáceres, dijo desconocer el documento, así como las intenciones de extraer arena por parte de Inversiones Playa y Campo. “A mi despacho no ha llegado información sobre la concesión. Me enteré por las quejas de la comunidad, por lo que hago un llamado [a las autoridades] para que se cumplan los requisitos que exige la ley, sobre todo la realización de la consulta pública”, advirtió.

Luis Trejos, representante de El Chirú, tampoco sabía del asunto. Trejos explicó que solo tras su expresa petición se le entregó la Resolución 1-A 366-2010, emitida por la Anam, relacionada con la concesión. “Como autoridad, nos preocupa el hecho de que la comunidad desconociera la consulta pública, que supuestamente había hecho la empresa”, destacó.

El pasado 1 de noviembre, más de 100 moradores de Juan Hombrón se reunieron con el alcalde, el representante de El Chirú, personal de Inversiones Playa y Campo, funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y del Mici.

En el encuentro, los moradores expresaron su rechazo a la extracción de arena, sorprendiéndose cuando se enteraron de la existencia de un estudio de impacto ambiental presentado ante la Anam que alude a una consulta pública que, aseguran, nunca se hizo.

La resolución que hace elegible a Inversiones Playa y Campo cita documentos entregados al Mici, como planos e informe de descripción de zonas, evaluaciones de yacimientos y certificados de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, “donde consta el nombre de los dueños de las fincas que se verán afectadas por la solicitud”.

Al respecto, la presidenta de la junta comunal de Juan Hombrón, Damaris Guardia, explicó que, al revisar el expediente en el Mici, se sorprendió al encontrar un documento en el que se asegura que los dueños de las fincas afectadas dieron su consentimiento. “Eso es falso”, afirmó.

Y es que la empresa Inversiones Playa y Campo, representada por Walter Aguilar, solo cuenta con cinco de las cincuenta hectáreas solicitas para extraer 10 mil yardas cúbicas de arena al mes.

Mario Ballesteros, otro de los vecinos afectados, advirtió que presentarán su oposición al proyecto ante el Mici. “De salida nos vamos a oponer, porque si se aprueba esta concesión se dañan los alrededores, las calles y el valor de nuestras fincas”, alertó.

Este medio intentó entrevistar al titular del Mici, Ricardo Quijano, y a la funcionaria Barrera, por más de una semana, pero la jefa de relaciones públicas de la entidad, Tagnia Shocrón, no dio trámite a la solicitud.

Edilsa González Ereida Prieto-Barreiro

 

EVIDENCIA. Las grandes raíces de mangle colman el área. LA PRENSA/Eric Batista

2 / 2

StartStop

20 nov 2011

El manglar de Juan Hombrón y el silencio de las autoridades

LINA VEGA ABAD

unidad de investigación

lvega@prensa.com

mjh

Evidencia. Las tierras tituladas forman parte de un gran estero con extenso manglar. LA PRENSA/Eric Batista

Notas relacionadas:

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), institución que desde su creación en 2006 tiene bajo su competencia los recursos marinos costeros –incluyendo el mandato de proteger esteros y manglares–, mantiene absoluto silencio sobre el proceso de titulación gratuita de 54 hectáreas en la costa coclesana de Juan Hombrón, donde abunda el mangle.

Al frente de esa institución está Giovanni Lauri quien, al igual que Anabelle Villamonte –la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) que avaló el proceso de titulación en Juan Hombrón–, trabajó en una de las empresas de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Hasta ahora, la ARAP se ha negado a responder las preguntas hechas por este diario sobre las polémicas titulaciones.

 

 

 

Panamá, viernes 13 de enero de 2012

Panorama

País por cárcel para asesor

Juan Manuel Díaz C.

jdiaz@prensa.com

Erick Lambogli (der)

MEDIDA. Erick Lamboglia no podrá abandonar el país por órdenes de la Procuraduría. LA PRENSA/Ana Rentería

El Ministerio Público (MP) dictó ayer una medida cautelar de impedimento de salida del país contra el asesor legal de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Erick Lamboglia, acusado por delito ambiental en el proceso de titulación de tierras en Juan Hombrón, provincia de Coclé.

Fuentes del propio MP confirmaron que Lamboglia culminó su declaración a las 5:00 p.m., luego de tres días y 100 preguntas.

Durante la diligencia el funcionario estuvo acompañado por su abogado Ricardo Bonilla, que a la salida de la sede del MP señaló que su cliente ha cooperado con las investigaciones.

Las fuentes informaron que el MP hará la próxima semana otras inspecciones en los terrenos traspasados de Juan Hombrón, para verificar las áreas que fueron declaradas como protegidas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

En esa diligencia se verificarán los linderos de los terrenos que fueron cedidos o traspasados durante la administración de Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de la Anati, imputada en el caso.

El MP también aplicó medidas cautelares de impedimento de salida y notificación los días 15 y 30 de cada mes a los funcionarios de la Anati José Félix De La Cruz y Mario Ruiz Arrieta, cuyas indagatorias culminaron el pasado miércoles.

Las medidas aplicadas a estos tres funcionarios difieren de la aplicada a Villamonte, a quien se le decretó detención preventiva y tuvo que recurrir a una fianza de excarcelación para recuperar la libertad, luego de 14 días presa en la Dirección de Investigación Judicial.

Villamonte también está impedida de abandonar el territorio nacional sin autorización del Juzgado Segundo Penal.

En ese sentido, su abogada Guillermina McDonald indicó que el criterio del MP ha variado tras confirmar algunos datos y hechos declarados por su cliente, por lo que se han aplicado medidas a los otros funcionarios de Anati.

Reiteró que Villamonte cumplió con la ley y se apegó a lo señalado en los expedientes de las titulaciones procedentes de Catastro.

Además, aseguró que desconocía que Juan Hombrón estuviera en zona protegida.

 

 

 

La Prensa 22 marzo 2012

Acusan a beneficiarios de tierras

El Ministerio Público se basó en los dos primeros informes de la Contraloría de la República sobre los terrenos en Juan Hombrón para formular cargos.

Elio Núñez

elio.nunez@prensa.com

Villamonte

 

CARGOS. La exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte figura entre los seis imputados del caso. LA PRENSA/Archivo

La Fiscalía Quinta de Circuito formuló cargos por delitos contra el ambiente a dos personas más dentro del expediente que se instruye por las supuestas irregularidades en la adjudicación de 54 hectáreas de tierras en Juan Hombrón, Coclé, según confirmó ayer una fuente del Ministerio Público.

De acuerdo con el informante, la fiscal Ruth Morcillo Saavedra firmó el pasado 14 de marzo la resolución de indagatoria contra José Fernández y José Gutiérrez, ambos adquirientes de derechos posesorios de las referidas tierras costeras.

En el expediente, los dos acusados figuran como las personas naturales a quienes la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte cedió tierras de manera gratuita en Juan Hombrón.

La fuente explicó que la decisión de la fiscalía surgió después de que fueron consignados en el expediente dos informes de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, en noviembre de 2011 y enero de 2012, en los que se indicó que ni Fernández ni Gutiérrez cumplieron con las formalidades para obtener los derechos posesorios.

Según la fuente, los imputados serán indagados esta semana, pero no precisó la fecha. El Juzgado Segundo Penal les concedió fianzas para no ser detenidos.

Una publicación del diario La Prensa reveló en noviembre de 2011 que Gutiérrez fue beneficiado por Villamonte con la adjudicación gratuita de 3.6 hectáreas de tierra, las cuales vendió dos meses más tarde a la sociedad Laufen Holding Corporation por 132 mil dólares, casi el mismo valor catastral dado por la exfuncionaria.

Por su parte, Fernández fue beneficiado con 2.6 hectáreas el 12 de enero de 2011, el mismo día que Gutiérrez. También este vendió rápidamente la tierra a la sociedad Homron Empresas de Inversiones, S.A., que tiene los mismos directivos de Laufen Holding Corporation, sociedad a la que Gutiérrez también vendió su finca de Juan Hombrón.

Fernández y Villamonte aparecen en la sociedad La Reina del Hogar, inscrita el 20 de mayo de 2010, según comprobó este diario.

Los auditores de la Contraloría revelaron que con las adjudicaciones de tierras nacionales protegidas se incurrió en violación a la Ley 80 de 2009, que regula el reconocimiento de derechos posesorios en islas y costas, así como normativas ambientales como la Ley 41 de 1998 general de ambiente.

Con Gutiérrez y Fernández son ya seis los acusados por el Ministerio Público en este caso, a saber: Anabelle Villamonte, Eric Lamboglia, jefe del departamento jurídico de la Anati, y José Félix de la Cruz y Mario Ruiz Arrieta, encargados de la sección de cartografía de esa entidad.

Todos están en libertad gracias a fianzas y medidas cautelares

2

Panorama

Nuevos imputados por el caso Juan Hombrón

Elio Núñez

elio.nunez@prensa.com  

JF

José Fernández Archivo

Notas relacionadas:

La Fiscalía Quinta de Circuito formuló cargos por delitos contra el ambiente a José Fernández y a José Gutiérrez, ambos beneficiados con la adjudicación gratuita de tierras en las playas de Juan Hombrón, Coclé.

Con ellos suman seis los acusados por este caso, según confirmó ayer el Ministerio Público

 

 

 

 

La prensa 23 mayo 2012

Panorama

fiscal pide que se amplíe la investigación

Anabelle Villamonte violó la ley

Peritos de la Contraloría, ARAP y Anam confirmaron que los terrenos de Juan Hombrón no podían ser adjudicados, y que se entregaron ilegalmente.

Rubén Polanco

ruben.polanco@prensa.com  

avabog

PROCESO. A la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero Penal acudieron los seis imputados. Anabelle Villamonte fue acompañada por su abogada Guillermina McDonald. LA PRENSA/David Mesa

Las adjudicaciones gratuitas de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, a 12 sociedades y a dos personas naturales, fueron ilegales porque eran áreas protegidas.

Así lo dijo ayer la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, al sustentar su vista fiscal en la audiencia preliminar realizada a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y otras cinco personas acusadas de delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial.

Morcillo explicó que se incumplió la Ley 80 de 2009, que regula el reconocimiento de derechos posesorios en costas e islas, que establece que la posesión del bien se debe demostrar a través de una actividad turística, agropecuaria o habitacional, cosa que no se hizo. Otra ilegalidad citada por Morcillo fue el fraccionamiento de los terrenos para beneficiar a otras personas. Detalló que con eso se buscaba que las personas naturales cedieran los derechos posesorios a personas jurídicas (sociedades).

Recibieron dinero

“Hubo personas que recibieron dinero para aparentar que tenían derechos posesorios que no eran suyos, y luego fueron traspasados a dos y tres personas jurídicas”, manifestó.

Este argumento lo sustentó en la declaración de Reinaldo Flores que, según la fiscal, admitió “que recibió pagos de Jorge Bethancourt (presidente de la Asociación de Pescadores de Antón) para adquirir la tierra”.

Agregó Morcillo que un informe de auditoría de la Contraloría establece que Bethancourt y Raúl Mata (quien negoció los derechos posesorios con los pescadores) “ofrecían dinero para que las personas adquirieran los terrenos”.

Basada en eso, indicó que tanto Mata como Bethancourt deben ser incorporados al proceso, pero no los acusó porque tuvo que enviar la vista fiscal al vencerse el término para investigar.

La funcionaria advirtió que los peritos de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y la Contraloría hicieron una inspección ocular y determinaron que los terrenos en Juan Hombrón eran inadjudicables, y que hace falta información en los planos de los terrenos, así como en los expedientes de la Anati sobre las titulaciones gratuitas.

En el caso de Villamonte, la fiscal dijo que incurrió en una conducta dolosa porque conocía previamente los trámites para la cesión de los terrenos, al haber trabajado como abogada de las sociedades antes de asumir el cargo de directora de Catastro.

En la auditoría hecha por la Contraloría se concluye que estas adjudicaciones gratuitas causaron una lesión patrimonial al Estado por un millón 787 mil 362 dólares.

Además de Villamonte están acusados en este caso Eric Lamboglia (departamento de titulación de Anati); José De Bello de la Cruz (departamento de aprobación de planos); Mario Ruiz (jefe de cartografía de Anati); José de la Rosa Gutiérrez y José Hernández, estos dos últimos son las personas particulares a las que se les cedieron las tierras gratuitamente. La fiscal pidió el llamamiento a juicio para los seis acusados.

No hubo mala fe

Guillermina McDonald, abogada de Villamonte, inició su alegato oponiéndose a la ampliación de la investigación, tal como sugirió Morcillo, al pedir que se acuse a Bethancourt y Mata.

La abogada argumentó que la Resolución de Consejo de Gabinete 43 de 1996 establece que esa zona de Farallón es de desarrollo turístico.

McDonald dijo que una vez realizados los trámites respectivos, Villamonte cumplió con su responsabilidad de firmar las adjudicaciones de tierra basadas en la Ley 80 de 2009.

“No se ha demostrado que Villamonte cedió o compró tierras; ella no actuó de mala fe”, afirmó la abogada.

Manifestó que la ley establece que en las áreas protegidas no se reconocerán derechos posesorios, salvo que los trámites se hayan iniciado antes de que fuesen declaradas zonas protegidas por la Anam.

Sustentó que esa área de Juan Hombrón fue declarada protegida en 2005 y las personas indicaron que sus derechos posesorios eran del año 2000. A su juicio, “no hay ningún problema con que el que tenga derechos posesorios los venda más adelante”.

Los abogados defensores de los otros cinco acusados, pidieron un sobreseimiento definitivo.

Maritza Royo, abogada de Ruiz, dijo que no hay una sola prueba en contra de su cliente porque no firmó ninguna de las 14 cesiones.

Nicks García, defensor de De Bello, alegó que a él no le tocaba aprobar los planos y, además, en estos no se indica que eran áreas protegidas.

Rubén Castrejo, abogado de Lamboglia, señaló que su defendido solo recibía la información de los planos aprobados y la remitía a sus superiores, por lo que no es responsable de lo que se le acusa, debido a que no donó ni vendió terreno alguno.

 

 

 

28 mayo 2012

Panorama

MINISTERIO PÚBLICO CONCLUYE INVESTIGACIÓN POR LA ADJUDICACIÓN DE 54 HECTÁREAS DE TIERRAS COSTERAS Y PIDE JUICIO PARA SEIS PERSONAS

´Titulaciones en Juan Hombrón fueron ilegales´

Rubén Polanco

ruben.polanco@prensa.com  

style

tituljh

CONSECUENCIAS. De acuerdo a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la adjudicación de las tierras costeras en Juan Hombrón, provincia de Coclé, ocasionó una lesión patrimonial de un millón 787 mil 362 dólares. LA PRENSA/Archivo

Infografía: terrenos cedidos gratuitamente en Juan Hombrón

La titulación de 54 hectáreas de terreno a 12 sociedades anónimas y 2 particulares en Juan Hombrón, Coclé, se hizo bajo presiones y en una abierta inobservancia de las leyes y recomendaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), la extinta Dirección de Catastro y el Municipio de Antón, que daban cuenta de que se trataba de manglares protegidos, por tanto inadjudicables.

Así consta en las conclusiones de la investigación que impulsó el Ministerio Público por este caso, expuestas por la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, en la audiencia preliminar, realizada el martes 22 de mayo en el Juzgado Tercero Penal.

En la audiencia, Morcillo pidió juicio para la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte; el jefe del Departamento Jurídico y los encargados de Cartografía y Planos de esa entidad, Eric Lamboglia, Mario Ruiz y José De Bello, respectivamente; y los particulares José Fernández y José Gutiérrez, acusados por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.

Los trámites de titulación que se hicieron a nombre de las sociedades anónimas, entre estas Vista Coclé y Vista del Norte, fueron iniciados por Villamonte en su condición de abogada el 7 de septiembre de 2010 hasta el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando renunció tras ser nombrada en la Dirección de Catastro.

En la vista fiscal, a la que este diario tuvo acceso, Morcillo citó al director regional de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Coclé, Ezequiel Jaén, quien en su declaración jurada dijo haber recibido nueve solicitudes de titulación de sociedades, que, sin embargo, no se atrevió a aprobar, pues en inspecciones hechas en las tierras se percató de que estaban en una “zona bañada por la alta marea, cubierta de maleza, sin cercas ni siembros y otras tenían manglar”.

Jaén añadió que en el caso de la sociedad Bancro Holding se le pidió el visto bueno del trámite con una nota firmada por Villamonte.

Asimismo, detalló que otros particulares se presentaron en su despacho y alegaron tener derechos posesorios, pero no encontró sustento a sus peticiones, por lo que envió las solicitudes al Departamento Jurídico de Catastro, en Panamá.

Por su parte, el jefe del departamento de Áreas Protegidas de la Anam, Hellington Ríos, declaró a la fiscalía –y así consta en la vista fiscal– que desde 2008 se había advertido a los moradores y pescadores de Juan Hombrón que no se podía adjudicar esa zona por ser un área de manglar.

Agregó que el 30 de abril de 2010 remitió una nota al alcalde de Antón, Jorge Cáceres, en la que le expresó su preocupación por la ocupación de parcelas de tierra en la zona de manglar y le pidió que se abstuviera de otorgar derechos posesorios.

El funcionario hizo referencia, en aquel entonces, al Acuerdo 10 del Consejo Municipal de Antón, fechado el 31 de mayo de 2005, que declaró “inadjudicables por ser de interés social y ecológico las áreas de manglar ubicadas dentro de nuestra jurisdicción”.

Presiones y más

En la vista fiscal se incluye la declaración jurada de Marysabel Brennan de Jiménez, quien se vio obligada a renunciar a su cargo de técnico en topografía de Catastro, debido a presiones para aprobar dos de los planos en los que se adjudicaban terrenos en Juan Hombrón.

De acuerdo con Brennan de Jiménez, cuando llegaron a sus manos los planos para las referidas titulaciones [a las sociedades Vista Coclé y Vista del Norte] los comparó con el plano de control y advirtió que las coordenadas marcaban en el agua, a pesar de que en el campo correspondían a tierra firme.

Dada la anomalía, la funcionaria remitió un informe a Villamonte, quien para ese momento era la directora de Catastro, indicándole que el área era inundable y así no se podían firmar los planos.

“Sí hubo presión para que firmara esos planos, lo cual no hicimos”, manifestó, aunque no detalló quién o quiénes la presionaron.

Según la fiscal, las titulaciones en Juan Hombrón también vulneraron la Resolución 209 de Catastro, del 6 de abril de 2005, que establece el reglamento para registrar planos y señala que no se dará la aprobación cuando hayan traslapes de terrenos.

Pero, en una inspección ocular realizada por peritos de la Anam y de la Contraloría General de la República en el marco de la investigación, se confirmó “el traslape en los planos, [la] presencia de manglar, [que] es área protegida, [que] los lotes no estaban cercados y solo había ranchos en mal estado”.

Además, se advirtió que “no hay vías de acceso, solo por la ribera de playa en marea baja; es decir, que cuando sube la marea inunda las vías de acceso y afecta los terrenos adjudicados”.

Por otro lado, citó en la vista fiscal una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá de 2009, que estipula que para la titulación de tierra que colinde con manglares debe haber una zona de amortiguamiento de hasta 50 metros; sin embargo, los terrenos adjudicados se ubican dentro de área de mar y manglares.

“La inobservancia de la normativa reseñada es palpable al leer los procesos administrativos iniciados en las solicitudes de derechos posesorios que fueron aprobados”, señaló Morcillo en la vista fiscal.

“A pesar de que en cada una de las inspecciones realizadas por los técnicos topógrafos de la oficina regional de Coclé se hicieron estas observaciones, se ignoraron las recomendaciones y se continuó con el trámite de titulación”, agregó.

Basada en lo anterior, la fiscal Morcillo concluyó que “las 14 titulaciones de tierra en Juan Hombrón se hicieron ignorando las recomendaciones hechas por topógrafos de la oficina regional de Catastro en Coclé y por el Municipio de Antón”.

A su juicio, la finalidad de dichas titulaciones fue “conferir propiedades a personas con las cuales [Villamonte] mantenía vínculos profesionales, de parentesco o de amistad”.

Les pagaron miles de dólares

En sus declaraciones juradas ante la fiscalía, algunos de los dueños de los derechos posesorios de tierras en Juan Hombrón admitieron que en estas hay manglares. Otros lo negaron.

Además, unos manifestaron que allí no se podía vivir, pero otros afirmaron tener ranchos a los que iban cuando pescaban. También señalaron que recibieron entre 6 y 10 dólares en efectivo por metro cuadrado traspasado y que los responsables de cancelarles fueron Jorge Luis Bethancourt, presidente de la Asociación de Pescadores de Antón, y Raúl Mata, quien negoció los derechos posesorios con los pescadores.

En tanto, Raquel Rodríguez Jaramillo confirmó que negoció con Mata desde septiembre de 2010 y le pagaría 39 mil dólares por su terreno. En principio recibió un abono de 5 mil dólares; después, varios pagos de 4 mil dólares hasta que sumó 35 mil dólares. Al final del proceso solo le debían 4 mil dólares.

Hernán Cáceres, el topógrafo que hizo las mediciones de los terrenos en los primeros planos de todos los poseedores, admitió que Bethancourt le pagó 20 mil dólares. Reynaldo Flores dijo que vendió 4 mil metros de terreno a 10 dólares el metro, pero aseguró no recordar la cantidad de dinero que recibió. “Fueron varios pagos en efectivo, el dinero me lo dio (Jorge) Luis Bethancourt”, declaró. Mientras que Michelle del Rosario confirmó que “los pagos los hacía (Jorge) Luis Bethancourt; eran varios pagos en efectivo. No tengo recibos ni documentos; no recuerdo la cantidad que recibí en total”, dijo.

Por su parte, Alexandra Monterrey manifestó desconocer el documento que le mostró la fiscalía, en el que se señala que cedió sus derechos posesorios a la sociedad Q&P Investment.

“Sí sé que se vendió. Mi documento se lo entregué al señor Raúl Mata, pero él, como bienes raíces, no sé a quién se lo vendió”.

Rubén Polanco

La cuenta bancaria

En el expediente se incluye como prueba un compromiso de compraventa fechado el 2 de marzo de 2010 entre Hernán Cáceres, topógrafo que hizo las mediciones de los terrenos a los poseedores, y Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de Anati, por 13 mil 600 metros cuadrados a un precio de 244 mil 800 dólares.

También se anexó un “acuerdo de pago de comisión por servicios profesionales”, suscrito el 15 de junio de 2010 entre Villamonte y Raúl Mata, quien negoció los derechos posesorios con los pescadores.

Además, figuran en el expediente (folios 2578 y 2628) documentos de Scotiabank, que certifican una cuenta a nombre de Villamonte y José Gutiérrez (ambos acusados en el caso) y en cuyo formulario este declaró ser cónyuge de la exdirectora de Titulación de Anati. Sin embargo, en su declaración indagatoria Villamonte negó tener una relación sentimental con Gutiérrez y manifestó desconocer las razones por las que este puso eso en el formulario, ya que ella solo le prestó apoyo para dicha transacción.

Gutiérrez, por su parte, expresó que su relación con Villamonte es estrictamente profesional y que ella le hizo un favor con la apertura de la cuenta bancaria, debido a que tenía malas referencias de crédito.

Rubén Polanco

Hablan los acusados

En su declaración indagatoria, Anabelle Villamonte afirmó que cumplió con la Ley 80 de 2009 para adjudicar los terrenos y que en ningún momento fue advertida de que estaban en áreas protegidas.

Admitió conocer 12 de las sociedades anónimas con las que los pescadores hicieron contratos de cesión, pero negó haber ejercido presión para aprobar los planos.

Por su parte, José Gutiérrez alegó que entre 2000 y 2001 compró un terreno a RaúlVillarreal en 2 mil 300 dólares y que, luego de culminar el trámite de titulación, contactó a Luis Fonseca, abogado de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, con quien suscribió un contrato de utilidades y rentabilidades, en el que la sociedad Joint Venture construiría un proyecto turístico y al finalizar recibiría un pago.

Mario Ruiz señaló que las correcciones de los planos que pedía el Ministerio de Vivienda debía realizarlas la Sección de Registro de Planos de Catastro, antes de que llegaran a él.

Mientras que José De Bello aseguró que registraba los planos por solicitud de Villamonte y explicó que sus funciones no incluían inspecciones de campo, por lo que no debía cotejar si había manglares en estos terrenos.

Eric Lamboglia dijo que una persona “muy ligada” a las titulaciones fue Richard Lemus, abogado del MEF y en quien Villamonte se apoyaba.

José Fernández afirmó ser inocente, pues su único vínculo como corredor de bienes raíces fue de intermediario entre Villamonte y Bethancourt para comprar tierras de playa.

Dijo que el contacto para el negocio se hizo en febrero de 2010 y recibió 10 mil dólares de paga por ser intermediario.

Manifestó, además, que compró en 2 mil dólares las dos hectáreas de terreno a su nombre en 2000 o 2001 a Raúl Villarreal.

Rubén Polanco

 

 

 

LA PRENSA  19 junio 2012

Caso Juan Hombrón queda sin culpables

Juan manuel díaz

jdiaz@prensa.com

Notas relacionadas:

A pesar de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló una lesión patrimonial en perjuicio del Estado en la adjudicación de 54 hectáreas en Juan Hombrón, el juez tercero penal, Adolfo Mejía, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; de los funcionarios Eric Lamboglia, Mario Ruiz, José Bello, y de los particulares José Fernández y José Gutiérrez.

La fiscal quinta de circuito Ruth Morcillo, que llevó adelante las investigaciones de este sonado caso, se acogió al período de cinco días para decidir si presentará o no apelación al fallo.

El juez Mejía es el mismo que tramita el expediente que se le sigue a Villamonte por la titulación irregular de un lote de terreno en la exclusiva área de Punta Paitilla a nombre del florista César Segura y de su abogado Francisco Pérez Ferreira.

 

 

Panorama

Escándalo de tierras en Juan Hombrón

MP no decide si apela fallo por titulaciones

Se ha informado que en los próximos días se emi-tirá la decisión en el caso del terreno de Paitilla, en el que Villamonte también está acusada.

Juan Manuel Díaz C.

jdiaz@prensa.com

avillamonte

Investigación. Anabelle Villamonte aprobó las titulaciones de tierras en áreas protegidas. LA PRENSA/Archivo

Luego de tres días de haberse emitido el fallo por el cual el Juzgado Tercero Penal concedió un sobreseimiento definitivo a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, el Ministerio Público (MP) no ha decidido si apelará la sentencia.

Fuentes de la Procuraduría de la Nación confirmaron que la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, estaba en la lectura del fallo y que se acogería al término de cinco días para anunciar su decisión.

El fallo del juez tercero penal, Adolfo Mejía, de sobreseer a Villamonte, se produjo a pesar de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reveló una lesión patrimonial de $787 mil 382 en perjuicio del Estado.

El juez Mejía también exoneró de los cargos al jefe del Departamento Jurídico de Anati, Eric Lamboglia; a los encargados de Cartografía, Mario Ruiz y José Bello, y a los particulares José Fernández y José Gutiérrez.

Mejía también tramita el expediente seguido a Villamonte; el florista César Segura y su abogado Francisco Pérez Ferreira por la adjudicación irregular de un terreno en Punta Paitilla, y se ha informado que en los próximos días se emitirá una decisión sobre este caso.

La audiencia preliminar en este proceso se llevó a cabo el 30 de mayo pasado, 8 días después de efectuado el juicio de las tierras de Juan Hombrón. La vista fiscal del caso Juan Hombrón fue remitida al juzgado el 3 de abril pasado, y en ella se pedía llamamiento a juicio para todos los imputados.

Expedientes del juez Mejía

El juez tercero penal, Adolfo Mejía, absolvió este año a nueve investigados por tráfico de personas. También condenó a seis años a Dalvis Sánchez, secretaria administrativa de la Presidencia en la gestión de Moscoso.

Mejía tiene a su cargo el expediente que sigue la Fiscalía Anticorrupción a la exdirectora de Migración María Cristina González por la supuesta venta de visas.

En su despacho está el proceso al exmagistrado Dulio Arrocha por falsificación de diploma. Este mismo juez concedió fianza de excarcelación, por $4.2 millones, a favor de Ernesto Chong Coronado, implicado en el caso Murcia Guzmán, al igual que instruyó el proceso del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, por lavado de dinero.

 

 

20 junio 2012 la prensa

Panorama

titulación de tierras en juan hombrón

Fallo se sustentó en prueba irregular

El juez tercero Adolfo Mejía no tomó en cuenta la auditoría que hizo la Contraloría y que fue incluida en el expediente por la fiscalía.

Rubén Polanco

Elio núñez

panorama@prensa.com

vista jh

Pesquisas. Las investigaciones por la titulación irregular de tierras en Juan Hombrón se iniciaron el 17 de octubre de 2011, a raíz de una publicación del diario ´La Prensa´. LA PRENSA/Archivo

Una nota recibida después de celebrarse la audiencia preliminar, fue utilizada como sustento por el juez tercero penal Adolfo Mejía para dictar un sobreseimiento definitivo en favor de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y otras cinco personas acusadas por delito contra el ambiente, a raíz de la adjudicación gratuita de 54 hectáreas de tierras en Juan Hombrón, Coclé.

En el fallo emitido el 14 de junio de 2012, Mejía indica que en la nota del 4 de junio pasado de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), se informa que en la inspección ocular los peritos de esa entidad, Anati y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) concluyeron que todos los globos de terreno están fuera de los 22 metros de ribera de playa y colindan con el océano Pacífico. Además, en la inspección se determinó que el área es adecuada para desarrollo turístico y no se observaron indicios de afectación o tala de manglares por actividad humana.

Fuentes judiciales ligadas al proceso revelaron que esa nota, utilizada como sustento en el fallo, fue enviada por los peritos al juez Mejía, después del 22 de mayo, fecha en que se celebró la audiencia preliminar.

Félix Wing, abogado del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), señaló que “es curioso que el juez falle basado en esa prueba (nota del 4 de junio) y no tome en cuenta otras pruebas de la fiscalía y el informe de la Contraloría”.

La fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, que instruyó la investigación, advirtió en la audiencia preliminar que el informe de inspección ocular no había sido incorporado al expediente por los peritos.

No obstante, Mejía señala en el fallo que el país está encaminado a los parámetros del sistema penal acusatorio, “lo que obliga a fallar con lo que existe en el expediente”. Rubén Castrejo, abogado de Eric Lamboglia (funcionario de Anati acusado en el proceso) dijo que el fallo se sustenta en las pruebas que había en el expediente, y nunca se probó el delito.

eran adjudicables

Otro de los argumentos del juez es que esos terrenos eran adjudicables porque los dueños tenían entre 9 y 20 años de tener los derechos posesorios, mucho antes de que fuese declarada como zona protegida por el Municipio de Antón en 2005.

Indicó, además, que el artículo 10 de la Ley 80 de 2009, que regula la titulación de costas e islas, estipula que cuando el reconocimiento de los derechos posesorios se haya iniciado antes de que las tierras sean declaradas área protegida, se hará una excepción para adjudicar el bien.

Según el juez, el Decreto de Gabinete 43 de 1996, que declara como zona de desarrollo turístico el área que va desde Juan Hombrón hasta Punta Chame, tiene “supremacía” sobre el acuerdo del Municipio de Antón, de 2005, que declaró el área como zona protegida. Basado en eso, Mejía dice que el Ministerio Público no pudo probar el delito. Agregó que para configurar el ilícito es requisito que los implicados sean funcionarios, algo que no se cumplió con José Gutiérrez y José Fernández, los dos particulares acusados a los que se les adjudicó tierras en Juan Hombrón.

Wing indicó que el fallo ignora que los manglares, humedales y áreas inundables están protegidas por el artículo 258 de la Constitución, que está por encima del decreto ejecutivo de 1996.

negó la ampliación

Manifestó el juez que en esta parte del proceso no cabe una ampliación del sumario como pidió la fiscalía, “ya que ello implica un retroceso debido a que estaríamos frente a una nueva investigación, vulnerando principios y garantías constitucionales”.

De acuerdo con Mejía, una nota-memorando del 30 de diciembre de 2010 establece que no había causal de impedimento para que Villamonte adjudicara las tierras, y por ello no hubo delito.

MP apelará sentencia

La fiscal quinta de circuito Ruth Morcillo anunció ayer que presentará una apelación al fallo del juez tercero penal, que absolvió a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y a otras cinco personas. A pesar del anuncio, la funcionaria judicial no brindó detalles de los argumentos que presentará al Segundo Tribunal de Justicia para objetar la decisión del juez.

Fuentes del Ministerio Público informaron que la fiscal Morcillo tiene un término de tres días para anunciar la apelación, para luego sustentarla. Durante la audiencia preliminar, Morcillo solicitó el encausamiento penal de Villamonte, Eric Lamboglia, Mario Ruiz y José Bello, todos exfuncionarios de la Anati, y de los particulares José Fernández y José Gutiérrez por la titulación ilegal de 54 hectáreas en Juan Hombrón, en la provincia de Coclé.

 

 

 

La Prensa 6 julio 2012 Panorama

Video impactante circula en las redes sociales

Escándalo salpica al palacio presidencial

SANTIAGO CUMBRERa

scumbrera@prensa.com

Martinelli y Demetrio Papadimitriu

LA PRENSA/Archivo

Notas relacionadas:

Una grabación que compromete directamente al presidente, Ricardo Martinelli, y al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, en la titulación de las tierras en Juan Hombrón, lleva más de 24 horas divulgándose por toda clase de medios e impactando al país político.

El supuesto protagonista de la conversación es Raúl Mata, un abogado encargado de los trámites que permitieron la titulación de las tierras a los padres de Papadimitriu.

El video dura 9 minutos con 33 segundos. En él, Mata narra cándidamente las interioridades de la titulación gratuita, por Anabelle Villamonte, de las 54 hectáreas de playa en costas coclesanas.

Ayer este diario hizo escuchar el audio a varias personas que conocen al abogado, y dijeron reconocer su voz.

De la grabación se deduce que tanto el mandatario como el ministro tenían conocimiento directo de la transacción.

Mata señala a Papadimitriu como la persona que pagó por los terrenos, y revela que acudía a recoger pagos a las oficinas de sus padres. De igual forma, la grabación señala que el presidente, Ricardo Martinelli, sabía que su hijo Ricardo Martinelli Linares, junto con un ministro, cuyo nombre no se revela, gestionaba la compra de la playa Los Azules (anexa a Juan Hombrón).

Mientras el ministro, a través de comunicado oficial, restó seriedad a la versión por “anónima y de procedencia dudosa” y se ratificaba en no tener nada que ver con el asunto, el Presidente informó que dado que ni él ni su familia tienen vinculación alguna con este caso, no haría comentario al respecto.

Los noticieros televisivos, así como sitios web de otros medios de comunicación se unieron a la difusión que durante todo el día de ayer alcanzó el video, haciendo eco a la reacción de partidos políticos y la sociedad civil organizada sobre el escándalo de la titulación de tierras.

 

Panorama

GRABACIÓN APARECIDA EN YOUTUBE

Los personajes y los detalles del caso Juan Hombrón

SANTIAGO CUMBRERA

Unidad de investigación

scumbrera@prensa.com

juah

HUMEDALES. Informes de la Contraloría General determinaron que los terrenos con frente de playa de Juan Hombrón, que tituló gratuitamente Anabelle Villamonte, están en áreas protegidas. LA PRENSA/Archivo

Nueve meses después de que una investigación de La Prensa revelara que la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte adjudicó gratuitamente 54 hectáreas con frente de playa en Juan Hombrón (en la provincia de Coclé) a sociedades anónimas vinculadas a la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, aparecen nuevos elementos del singular proceso.

La noche del pasado miércoles fue colgado en YouTube un video con una grabación de Raúl Mata –intermediario en la venta de la citada tierra–, en el que señala directamente al ministro Demetrio Papadimitriu como la persona que pagó por las tierras.

En la grabación, Mata también revela que el presidente, Ricardo Martinelli, su hijo Ricardo Martinelli Linares, y un amigo de este, le compraron la playa Los Azules (anexo a Juan Hombrón), por intermedio de Eric Britton, a quien identifica como abogado de la familia Martinelli.

Britton dijo ayer a este diario que sí conversó con Mata en relación a la playa Los Azules, pero negó tener vínculo personal o comercial con el presidente Martinelli o sus hijos.

“Yo visité la playa Los Azules por cuenta propia y me pareció extraordinaria, pero desistí de realizar trámites porque los pescadores no tenían título de propiedad, y si les compraba sería un riesgo”, explicó el abogado.

El que sí pagó, insistió Mata, fue el ministro Papadimitriu. Según la grabación, la transacción se hacía efectiva los días 15 de cada mes.

Mata relató que retiraba hasta $400 mil en una de las oficinas de la familia Papadimitriu para pagarles a los pescadores.

Estos señalamientos coinciden con declaraciones que Mata –junto a un grupo de pescadores– dio el pasado 25 de junio en Telemetro, cuando manifestó que por esas tierras se pagaron más de $4 millones de dólares. El precio que se pagó por metro cuadrado fue de $10, de los cuales $3 eran de comisión, dijo entonces.

Este diario tuvo acceso a recibos de pago en los que consta que Mata cancelaba en efectivo a los lugareños que le habían cedido sus supuestos derechos posesorios (ver facsímil).

En los documentos, el empresario deja constancia de que retendría temporalmente el 50% del pago mensual –que se haría durante dos años– hasta que los vendedores solucionaran un litigio con Sonia Álvarez, quien también les había comprado derechos posesorios.

Mata –en la grabación– también cuestiona duramente a Villamonte por no defenderse y guardar silencio. “¿Cómo es que esa mujer [Villamonte] pasó varios días presa y Papadimitriu no agarró ese teléfono para llamar y pedir que la sacaran…?”, se preguntó.

“Si a mí, Carlos Raúl Mata, me hubiesen mandado a titular esas tierras de buenas a primeras, de un solo plumazo, y me van a llevar preso… lo primero que hubiese hecho era llamar a Álvaro Alvaro [periodista de Telemetro] para explicarle que ellos [Papadimitriu y Martinelli] me pusieron en ese cargo, y le entregaba las pruebas…”, dijo Mata.

PROMOTOR

El intermediario de la venta de las polémicas 54 hectáreas de Juan Hombrón también afirmó que esas tierras las tenía en venta desde hacía cuatro años; que las promocionaba en el periódico, pero que nadie las quería comprar.

Incluso mencionó que uno de sus clientes sería el exviceministro de Finanzas Dulcidio De La Guardia que, junto a un empresario de apellido Lacayo, le compró unas tierras, pero que luego estos rompieron el trato.

El exviceministro De La Guardia aceptó ayer que fue con un empresario, cuyo nombre se reservó, a ver las propiedades en Juan Hombrón que Mata tenía en venta. Sin embargo, dijo que desistió de comprar derechos posesorios porque esas tierras estaban sobre un banco de arena.

“Mata tendrá que probar que realicé alguna transacción sobre esas tierras”, advirtió.

Según la conversación, Mata también dice que entregó grabaciones a Carlos Carrillo [abogado de sociedades vinculadas a la familia Papadimitriu], y que este le garantizó que los Papadimitriu no irían contra él.

Incluso, Mata subraya que Carrillo le entregó un dinero –que le envió Diamantis Papadimitriu, padre del ministro de la Presidencia–, para el pago de abogados, en caso de necesitarlo.

Este medio también consultó a Carrillo, quien señaló que “sus oficinas representan los intereses de las empresas que compraron los títulos de los derechos posesorios a los pescadores y personas titulares de los mismos”.

“No estoy autorizado para revelar informaciones en cuanto a transacciones de las empresas que representamos”, agregó Carrillo.

¿Usted recibió alguna grabación del señor Mata referente a supuestas conversaciones de él con Villamonte?, le preguntó este diario.

“No es cierto. No puedo hacer comentarios a referencias. Le recuerdo que grabar a una persona sin su consentimiento es ilegal y no nos vamos a referir a dichos señalamientos”, fue su respuesta.

Por su parte, el ministro Papadimitriu dijo que “por claras motivaciones de oposición política y valiéndose de un video, cuya autoría no tiene a nadie responsable, la señora Balbina Herrera intenta nuevamente vincularlo a la compra de terrenos en Juan Hombrón… la supuesta persona a la que el encapuchado atribuye la voz, el pasado 26 de junio, dijo públicamente en el noticiero que conduce el periodista Álvaro Alvarado, que nunca me ha conocido y que jamás ha hablado conmigo…”.

Ni el presidente Martinelli ni su familia se refirieron al tema, alegando que no tienen nada que ver.

(Con información de Gustavo Aparicio).

>>> Varela emplaza al Presidente

El vicepresidente, Juan Carlos Varela, le recomendó al mandatario, Ricardo Martinelli, que le pida inmediatamente la renuncia al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, si es cierto lo que se afirma en el video.

“Yo creo que le toca explicar al Presidente de la República el contenido de eso y, de ser verdad lo que dice eso, debe pedirle inmediatamente la renuncia a su ministro de la Presidencia, porque si no, estaría actuando en complicidad, cometiendo él un delito también”, advirtió el Vicepresidente.

“Hemos tenido acceso a esa información que da pruebas contundentes. Así que, señor Presidente y ministro Papadimitriu, devuélvanle Juan Hombrón al pueblo panameño y al Estado”, pidió Varela durante un recorrido político en Cerro Azul.

Además, solicitó que se abra una investigación sobre estas nuevas revelaciones, porque el caso Juan Hombrón es un escándalo de corrupción y el mandatario prometió que se iban a devolver esas tierras al Estado.

“Pero vemos que él [Martinelli] y su ministro de la Presidencia no se ponen de acuerdo. A veces pareciera que el ministro piensa que él es el Presidente”, advirtió el vicepresidente Varela.

ISIDRO RODRÍGUEZ

>>> Las revelaciones de una singular compra

El siguiente es un extracto de la grabación que fue colgada en YouTube (www.youtube.com/watch?v=NwBKh1Bcnuo), y cuyo principal interlocutor sería Raúl Mata Zúñiga, según la persona que presenta la conversación telefónica. Al cierre de esta edición, el video había recibido más de 2 mil visitas.

Yo te voy a decir una cosa. Yo me he quedado sorprendido de que esta vaina se haya ido a más. ¿Por qué? Yo no entiendo, porque, si Jimmy [ministro de la Presidencia] fue el que compró…

Ven acá, yo te voy a decir una cosa. Si ella trabajaba para Jimmy, Anabelle [Villamonte] es una ahuevá… Es una ahuevá… Yo trabajo pal Presidente, Vicepresidente y me ponen de director y me mandan a hacer cosas, tú respondes por mí…

¿Tú me vas a decir a mí, que a mí me van a llevar un día preso, a Carlos Raúl Mata, y yo no voy a coger el teléfono para llamar a Álvaro Alvarado [presentador de noticias de Telemetro] y decirle ´ven acá, Álvaro, esta mierda es así y así, aquí tengo la prueba, y a mí me puso Fulano? O tú vas a sacar la cara por mí o si no, yo voy a decir esto y esto…

Yo lo que sí te digo es esto: si yo voy a trabajar pa Martinelli [Ricardo] o pa Papadimitriu y me dicen, ´Raúl, tú tas´ agarrao de mí, hazme esta vaina y compra esta tierra, yo la quiero toda, cómpramela, aquí está la plata. Hay que quitar a Publio [Cortés, hoy exdirector de la otrora Dirección de Catastro, actualmente Dirección de Titulación], porque Publio ta haciendo grown en la imagen de Catastro, vamos a poner a Anabelle [Villamonte]. Eso no lo decido yo [Raúl]. Eso lo decide Martinelli o Papadimitriu. Eso lo deciden ellos allá arriba…

Cuando ellos deciden quitar y poner a Anabelle yo le dije: ´ven acá, Anabelle, si tú me firmaste estos papeles a mí, ¿cómo tú vas a quedar ahora?´… ´No, no, no, ya todo eso se arregló´. Entonces eso es lo que yo estoy tapando ahí…

Ella me siguió firmando, ella ya estaba de directora de Catastro y me mandaba a la oficina de la mamá de Jimmy [María Bagatelas]. Los días 15, a mí me entregaban entre 300 y 400 mil dólares en efectivo, anda y págale a los pescadores… Porque el pago era mes a mes. ¡Ey!, yo toy viendo que toy trabajando con la gente de arriba y de repente dizque no tenemos piso, a mí explíquenme bien esta vaina… Yo estoy cuadrao contigo, pero tú, tú no me vas a dejar a mí… ¿Por qué Martinelli o Papadimitriu no dijeron ´ven acá, me sacan a esa mujer, me la mandan pa la casa, no sé qué verga van a hacer´. ¡Pá!, como hacíamos antes.

Mira, yo te voy a decir algo que nadie sabe… A Jimmy Papadimitriu yo le vendí todo eso ahí… Una vez yo le vendí 36, y un tipo acá le vendió otra parte. Yo le vendí 36 hectáreas… Me vino a buscar Eric Britton [abogado]. ¿Quién es Eric Britton? El abogado de los Martinelli, del hijo de Martinelli [Ricardo Martinelli Linares], me vino a decir, ´ven acá… ¿No quedó na pa nosotros?´ Yo dije, ´cómo así´. ´Toda esta vaina se la vendieron a Papadimitriu ¿y pa nosotros no quedó na…?´ Le dije: ´yo tengo una playa que se llama Los Azules, que también están vendiendo los pescadores que está más adelante…´. ¡La tengo vendida! Tengo todos los contratos firmados por Britton, me la está comprando Ricardo Martinelli hijo, con el ministro… con otro que es amigo de él y el Presidente. Ya están haciendo la carretera, todos están comprándome esa playa. Ya están los contratos firmados. Entonces, explícame ¿por qué están armando un verguero?

Pero la pobre mujer que se prestó para ello, empleada de ellos, para hacer el trabajo sucio de ellos, ¿por qué ella pagó cárcel? ¿O por qué la van a llamar? Yo estoy esperando que llamen a Raúl Mata… Porque el día que llamen a Raúl Mata… Yo no voy a embarrarlos… Yo llego hasta la ventanilla y yo entrego mis papeles, mis planos sellados, la gente está solicitando esos terrenos porque tiene 40 años de vivir ahí… ¡Hasta la ventanilla..! Lo que pasa de la ventanilla pa llá, yo no se qué pasa. Las adjudicaciones, las vainas, eso le toca al Gobierno… Yo no soy parte del Gobierno…

Hombe, y otra cosa te voy a decir. Si yo sé que mi papá o nosotros compramos la tierra de la playa, porque nadie la quería comprar, yo la tengo en venta desde hace como cuatro años, yo tengo los periódicos, yo la estoy vendiendo desde antes de la ley y nadie la quería comprar… Nadie quería comprar derechos posesorios en este país, porque decían que venía una ley, que se iban a expropiar todas las tierras de costas, islas y nadie me quería comprar… La cantidad de gente que yo llevé, hasta que te los puedo poner en fila. Hasta Dulcidio de la Guardia [exviceministro de Finanzas], el viceministro, Dulcidio fue con Lacayo y firmamos contrato de que sí me iban a comprar. A la semana me llaman que iban a cancelar esa vaina y no me compraron na…

Nadie quería comprar esos terrenos de playa… Y llegó Papadimitriu. ´¡Consíguemela toda… Yo la quiero toda!´ Y la pagó. ¡Él no se la robó…! Pero la gente, hey, salgan a decirle eso a la gente, déjenme hablar… Déjenme salir a mí en televisión, saben que la gente que compró la playa de los pescadores, yo represento a 36 pescadores que tienen 40 años de estar ahí. Esa gente está contenta porque ese señor compró la tierra y se la pagó. No fue que se la robó. Él la pagó. Entonces la gente comenzó a hablar de que estaba comprando. Ahí empezó el morbo y la ahuevazón. Ellos mismos crean el morbo y la vaina. Después, cuando Balbina se entera de que había comprado y no sé qué… Seguro se la ta robando… Entonces crean el morbo con esa vaina…

Salgan a decirle a la gente qué es lo que está pasando… Sí estamos comprando la playa, ¿por qué no la pueden comprar? Si yo la tengo en venta… Lo que puede pasar ahí es que digan que usaste el tráfico de influencias, porque como eres ministro de la Presidencia, entonces agilizaste el trámite para adjudicar la tierra… Hey, eso es otra cosa. Quién me va a decir a mí en este país que si yo soy Presidente, ministro o lo que sea, yo no voy a ayudar a un amigo… No, que eso es tráfico de influencias… Ponlo como tú quieras… Pero es mentira que tú, siendo ministra o Presidente, o lo que fuera, tú no hubieras ayudado a tu papá o a tu mamá cuando se gastó 4 o 5 millones de dólares comprando una tierra., ¿tú no la vas ayudar a titular?

Yo estimo mucho a Anabelle… Yo la estimo mucho… Y ella no se quiso defender… Yo le dije… A un día de cárcel, ¡Llama a Jimmy! ¡Llama a Papadimitriu! ¡Qué vaya allá! O agarra ese hijueputa teléfono y llama a Álvaro Alvarado y a todo el mundo, y empieza a decir por qué verga tú estás presa… Si tú nada más hiciste lo que ellos te mandaron a hacer.

No es justo, no es justo… Yo entiendo que si tú caes, yo voy a caer contigo. Pero yo no voy a caer solo, y tú vas a estar allá al lado del jefe. Tú vas a decir, ´no, no, tráiganme a ese muchacho pa acá´.

Yo tenía muchos papeles y vainas firmados por ella siendo directora de Catastro. Es más… yo le he entregado grabaciones. Lo que pasa es que yo soy un hijueputa, yo soy un desgraciado… A cada cita que yo fui, llevaba mi grabadora y nadie sabe que yo estaba grabando. No es para joder a nadie, sino para que no me caiga la mierda después a mí…

Ya yo pasé por eso. ¿Tú sabes qué hice yo? Yo le llevé las grabaciones a Carlos Carrillo [abogado de sociedades vinculadas a la familia Papadimitriu]… Borra toda esa vaina que está ahí, pero oye lo que dice… Porque él me garantizó a mí que los Papadimitriu no van contra mí. ´Mira ve, el señor Diamantis [Papadimitriu, padre del ministro de la Presidencia] te manda esta plata para que pagues abogado, cualquier cosa, para que no te cueste´.

Yo no necesito, pero tá bien, la voy a coger, porque eso no tiene por qué salir de mi bolsillo… Yo me sé todo Juan Hombrón… Si Martinelli echa todo para atrás y arranca de nuevo, el resultado es el mismo… Los pescadores tienen 40 años de estar, por lo menos los míos…

Es el morbo ese de que quién compró y que cuánto costó… Desde el primer día debió salir ´sí, mi papá fue el que compró´… Ellos fueron a verlos y les gustó, y los compraron… Allí habría terminado todo.

Ricardo Martinelli la prensa

Ricardo Martinelli LA PRENSA/Archivo

jh docum

1 / 5

StartStop

 

 

 

 

La Prensa  Sabado 14 de Julio del 2012

Cortizo: ‘La renuncia de Papadimitriu está vinculada a temas económicos’

REDACCIÓN DE PRENSA.COM

internet@prensa.com

Notas relacionadas:

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Laurentino Cortizo aseguró este sábado, 14 de julio, que la renuncia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, revelada por el diario La Estrella, está vinculada a temas económicos y no políticos.

“Para mi él renunció yo no lo veo que es una renuncia desde el punto de vista político, esta es una renuncia muy vinculada a temas económicos”, indicó a Prensa.com.

En tanto, la precandidata presidencial de este mismo colectivos Balbina Herrera, dijo que ahora no se sabe si Papadimitriu renunció o no.

Agregó que situaciones como estas afectan al país.

El Gobierno no ha emitido una versión oficial sobre la renuncia del ministro de la Presidencia. De hecho, el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, aseguró hoy que el Gobierno no se pronunciará sobre el tema.

La renuncia se produjo el mismo día en que, en Gaceta Oficial, se publicó el decreto ejecutivo que ordena la expropiación, sin indemnización, de las 54 hectáreas de terrenos en Juan Hombrón, en Coclé, escándalo que salpicó directamente a Papadimitriu.

En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Cortizo y Balbina sobre este tema.

 

No 27076 Gaceta Oficial Digital, jueves 12 de julio de 2012

jhdocum

 

17 julio 2012 La Prensa

Locales

Martinelli revela que se licitarán los terrenos de Juan Hombrón

Vielka Corro Ríos

Especial para prensa.com

internet@prensa.com English version

Especial para prensa.com/V. Corro Ríos

martinelli2

Martinelli ofreció sus declaraciones en la ciudad de Las Tablas.

LAS TABLAS, Los Santos.– El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reveló este martes, 17 de julio, en Las Tablas, que “ahora que entreguen Juan Hombrón van a licitarlo para que el producto de esos fondos entren al Estado panameño”.

Martinelli aseguró que sería una licitación pública e invitó a todos los que dicen que esas tierras valen muchos millones a que participen.

Agregó que con el fin de que no se estén aprovechando de las tierras de las costas hay que cambiar el sistema de cómo se otorgan los derechos posesorios frente al mar.

“Vamos a tener que hacerlo para que no haya dudas de que se está tratando de beneficiar o ayudar a alguien”, indicó el mandatario.

Agregó -sin entrar en detalles- que se tendrá que modificar esa ley “respetando los derechos posesorios, pero antes de hacerlo, de dar un título, debe darse un proceso prístino”. No precisó si se refería a la ley de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

 

 

 

 

 

 

 

18 julio 2012 La Prensa

Panorama

Las Contradicciones del Presidente

Juan Hombrón, al mejor postor

Después de declarar su expropiación, el mandatario decide ahora llamar a licitación para vender las fincas adquiridas por la familia Papadimitriu.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

eprieto@prensa.com

Notas relacionadas:

La suerte de las 54 hectáreas de la costa coclesana de Juan Hombrón, tituladas gratuitamente a sociedades vinculadas con los padres del hoy exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, parece echada, luego de un anuncio hecho ayer por el Presidente de la República.

Cinco días después de que el gobernante, Ricardo Martinelli, aprobara en el mayor de los sigilos un decreto ordenando “la expropiación sin indemnización” de las fincas cedidas, a título gratuito, a sociedades de la familia Papadimitriu, ayer reveló que venderá las tierras en una licitación pública.

“Ahora que entreguen [las fincas de] Juan Hombrón vamos a licitarlo para que el producto de esos fondos entre al Estado panameño”, anunció.

La decisión contradice dos de sus promesas hechas hace ocho meses, en las que anunció que las fincas volverían a ser “tierras nacionales” y que se presentaría un proyecto de ley para declararlas “inadjudicables”.

Tras el anuncio de licitar las fincas, uno de los intermediarios en la venta, Raúl Mata, afirmó que reclamará el dinero que aún adeudan los Papadimitriu a los vendedores de los derechos posesorios.

“Los pescadores ya no tienen nada [de dinero], además, a ellos nunca se les terminó de pagar. Por eso, si se da algún resarcimiento de las tierras por expropiación, nosotros vamos a reclamar el resto del pago”, aseveró.

Para el excontralor Alvin Weeden, los padres de Papadimitriu podrán participar en la licitación con “la misma o menor plata que van a recibir por la indemnización [y] se van a quedar con las tierras y algunos millones más”.

Sobre el anuncio, el hoy exministro Papadimitriu no quiso opinar. Es un “asunto” de sus padres en el que “no tengo nada que ver”.

 

 

18 julio 2012 La Prensa

Panorama

TIERRAS INAdJUDICABLES

Juan Hombrón, a la venta

Ereida Prieto-Barreiro

eprieto@prensa.com

jhhh

MANGLAR. Más de 54 hectáreas de zona costera en Juan Hombrón fueron adjudicadas gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte a los padres del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu. LA PRENSA/Archivo

Ver facsímil

Hace menos de una semana, el presidente, Ricardo Martinelli, ordenó expropiar a favor de la nación –y sin derecho a una indemnización– las 54.3 hectáreas de frente de mar en Juan Hombrón, alegando “motivos de interés social urgente”. Esta repentina decisión entra en contradicción con declaraciones que dio ayer, y otras que ha ofrecido en el pasado reciente.

“Ahora que entreguen [las playas de] Juan Hombrón, vamos a licitarlo para que el producto de esos fondos entren al Estado panameño”, declaró ayer Martinelli durante una gira por la provincia de Los Santos.

Pero eso no era lo que decía el Decreto Ejecutivo No. 425, publicado el pasado 12 de julio en la Gaceta Oficial y firmado por él. Este documento ordena “expropiar, por motivos de interés social urgente, a favor de la Nación” todas las fincas en Juan Hombrón que, tras un rápido proceso, fueron adjudicadas gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte a sociedades vinculadas a los padres de Demetrio Papadimitriu, quien renunció al cargo de ministro de la Presidencia el mismo día en que se promulgó este decreto.

La orden mediante la cual se expropiarán las tierras se promulgó a pesar de que el artículo 48 de la Constitución establece que los procesos de expropiación por utilidad pública o interés social implican el pago de indemnizaciones.

Sobre la venta de esas tierras, a través de una licitación, el citado documento no menciona una palabra.

Pero eso no fue óbice para que Martinelli exhortara a “los que dicen que estas tierras valen muchos millones” a participar en la licitación pública.

Asimismo, prometió cambiar el proceso mediante el cual se otorgan los derechos posesorios frente al mar: “Vamos a tener que hacerlo para que no haya dudas de que se está tratando de beneficiar o ayudar a alguien”, afirmó.

Insistió en que se deben respetar los derechos posesorios, pero que “antes […] de dar un título, debe darse un proceso prístino (sic)”.

Promesas OLVIDADAS

Las nuevas declaraciones de Martinelli contradicen dos de sus promesas hechas hace ocho meses.

La primera fue el 9 de noviembre de 2011, en el programa televisivo “La Última Hora” de TVN, cuando anunció que esas fincas “volverían a ser tierras nacionales”.

14 días después, el 23 de noviembre, Martinelli volvió a TVN y prometió que “pasaría una ley” para declarar “inadjudicables” las tierras de Juan Hombrón para que “jamás sean de nadie, sino del Estado”.

En ese momento afirmó que quien compró las tierras en Juan Hombrón “estaba loco, porque no valen nada”.

Reacción

Para el excontralor Alvin Weeden, el decreto ejecutivo sobre la expropiación “legalizó los títulos de propiedad de las sociedades anónimas que adquirieron las hectáreas de tierras”.

A su juicio, con este nuevo anuncio, Martinelli se contradice al llamar ahora a una licitación, porque en el decreto establece que la expropiación es con fines de “interés social” para la nación.

“Ahora la familia Papadimitriu podrá participar en la licitación de las tierras y con la misma o menor plata que van a recibir por la indemnización se van a quedar con las tierras y algunos millones más”, afirmó.

Reclamaciones

El abogado de las sociedades de la familia Papadimitriu, Carlos Carrillo, dijo que aunque “las empresas no han decidido las acciones legales” a interponer, el nuevo anuncio “confirma que las tierras eran titulables”.

Carrillo señaló que han “conversado” con los representantes de los pescadores y poseedores de los títulos, algo que confirmó Raúl Mata, intermediario en la venta de los derechos posesorios, quien reveló que “los pescadores ya no tienen nada [de dinero] y que a ellos nunca se les terminó de pagar. Por eso, si se da algún resarcimiento de las tierras por expropiación, nosotros vamos a reclamar el resto del pago”.

Mata aseveró que los Papadimitriu aún deben “cientos de miles de dólares” a los pescadores por algunos de los títulos de derechos posesorios que no han cancelado.

Agregó que hay “preocupación” entre los vendedores de las tierras por la posible “responsabilidad civil” que deban afrontar, de no acogerse la titularidad de las sociedades de los Papadimitriu.

“Yo doy gracias a Dios que lo que se cuestiona no es el título de los pescadores, sino todo en el ámbito político”, comentó.

Mata ha dicho que los Papadimitriu han pagado más de $4 millones a los que alegan ser dueños de los derechos posesorios de las tierras en Juan Hombrón.

Añadió que se pagó a $10 dólares el metro cuadrado de tierra, de los cuales, $3 (30%) eran de comisión.

Sin embargo, el monto es muy inferior a lo que se cotiza en el mercado local: entre $150 y $250 el metro cuadrado. Es decir, las 54 hectáreas valdrían entre $81 millones y $135 millones.

Este diario habló ayer con el exministro Papadimitriu, pero no quiso opinar sobre el sorpresivo anuncio del Presidente de licitar las tierras de sus padres. Es un asunto de ellos en el que “no tengo nada que ver”, afirmó.

Inadjudicable

Aunque el artículo 10 de la Ley 80 de 2009 establece expresamente que no serán objeto de titulación las zonas de manglar, las 54 hectáreas en Juan Hombrón fueron tituladas por Villamonte (exempleada de la empresa Deli Fish, propiedad de la familia Papadimitriu).

Un informe de auditoría de la Contraloría confirma la posible irregularidad sobre el proceso de titulación, ya que tiene como principal conclusión que las tierras tituladas por Villamonte eran “inadjudicables” por ley al ser áreas protegidas, produciéndose, además, un “posible perjuicio económico por el uso inapropiado de tierras nacionales”, por $1.9 millón.

Para la ambientalista Raisa Banfield, las tierras de Juan Hombrón por ser inadjudicables “mal puede el Estado venderlas”. Citó el artículo 258 de la Constitución que ampara este tipo de tierras de la expropiación privada.

Destacó que cualquier particular que adquiera estas tierras en licitación tendrá una titularidad de la propiedad de un origen dudoso y podría ser demandado administrativamente.

Se intentó obtener la versión del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias –que también firmó el decreto ejecutivo de expropiación–, sobre la nueva decisión de Martinelli, pero no respondió.

Servidumbre

En el citado decreto ejecutivo también se establece que “se ha advertido de que tales áreas de terreno resultan necesarias para el desarrollo de la zona y, en consecuencia, hacen obligatoria constituir una servidumbre de paso sobre el área que ocupan las fincas adjudicadas”.

Al respecto, el abogado Ebrahim Asvat consideró que la licitación de las tierras podría dar luces para demostrar que el Estado no estaba expropiando para una servidumbre gratuita, sino para “vendérselas a un tercero”.

(Con información de Vielka Corro Ríos, Irene Hernández e Isidro Rodríguez).

 

 

 

 

L a Prensa 11 sept 2012

Anati fijará precio para zona costera

La propuesta de eliminar la titulación gratuita en las zonas playeras viene acompañada de una tabla de precios por hectárea en cada región del país.

Alfonso Acosta

panorama@prensa.com

Notas relacionadas:

 

El borrador del anteproyecto de ley que trabaja la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) contiene la nueva tabla de precios que regiría cuando se busque titular tierras en islas o cercanas a playas y costas.

De acuerdo con la propuesta, a discutirse hoy por el Consejo Nacional de Tierras, titular un terreno en San Carlos podría resultar en un pago al fisco de 375 mil dólares por hectárea.

Además, obtener un título en isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, requerirá de un pago por el dueño del derecho posesorio de 700 mil dólares por hectárea.

Esto reemplazaría la disposición existente que establece la titulación gratis en tierras localizadas en islas o cercanas a playas por los primeros 50 mil metros cuadrados. Según el director de Anati, Franklin Oduber, con los cambios se acabará con la especulación.

Fincas siguen sin estar a nombre de la Nación

En medio de la incertidumbre, hoy se cumplen dos meses desde que el Gobierno anunció la expropiación de las 54.3 hectáreas en Juan Hombrón que fueron tituladas en veloces procesos de adjudicación gratuita a sociedades anónimas por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte.

En el historial de las fincas en el Registro Público aparecen marginales en las fincas en las que se lee “expropiación parcial”, mientras que en el Registro de la Propiedad una marginal hace referencia a que se “decreta” la expropiación de las fincas, aunque aún no consta que las fincas hayan pasado a manos de la Nación. El exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu dijo que sus padres deberán definir si pelean o no dichas fincas.

Ereida Prieto-Barreiro

 

 

L a Prensa 11 sept 2012

Evalúan las tarifas para titular en playas y costas

El Gobierno manejará dos sistemas de precios, uno que aplicaría a los predios de hasta 30 hectáreas y otro para los que rebasen esta cantidad.

ALFONSO ACOSTA P.

alfonso.acosta@prensa.com

borrador

TITULACIÓN. El borrador de ley trabajado por la Autoridad Nacional de Tierras eliminaría la titulación gratuita de tierras y costas. Un lote en Juan Hombrón podría llegar a costar 150 mil dólares por hectárea. LA PRENSA/ Archivo

Los panameños que deseen titular sus tierras cercanas a costas y playas para poder tener asegurado el dominio de su propiedad tendrían que pagar por ellas al Estado.

Esto, de acuerdo con un borrador de ley que maneja la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y que será discutido hoy por el Consejo Nacional de Tierras.

El documento tiene el propósito de modificar la Ley 80 de 2009 que regula la titulación de tierras, el proceso mediante el cual se le expide un documento físico al dueño de un lote.

Según la ley de 2009, el que tenga la posesión de una parcela de tierra, ya sea en una isla o aledaña a una costa, podía titular hasta 50 mil metros cuadrados de forma gratuita, siempre y cuando demostrara la posesión por un período mayor de cinco años.

Con la propuesta que será discutida por el Consejo Nacional de Tierras, se derogaría esta disposición y nuevamente se establecería que aquellos con derechos posesorios pagarán por adquirir un título.

Franklin Oduber, al frente de la Anati desde octubre de 2011, espera que con este mecanismo se acabe la especulación de quienes compraban derechos posesorios por “bicoca” y los titulaban gratuitamente cuando en realidad los terrenos “valían oro”.

El precio a pagar por la titulación obedecería a una tabla que indica el valor por hectárea o fracción de hectárea, la cual se encuentra dividida en tres regiones: la costa del Pacífico, la costa del Atlántico y tierras insulares.

La tabla contenida en el borrador no establece coordenadas específicas para cada área, lo que podría dar lugar a confusión en el proceso de titulación.

Según los precios de la Anati, para titular un terreno en Juan Hombrón de 20 hectáreas se deberían pagar 60 mil dólares por fracción.

Por un terreno en Gorgona de 35 hectáreas, se desembolsarían 150 mil dólares por cada 10 mil metros cuadrados.

¿Qué harían los que tienen derechos posesorios de toda una vida, pero no cuentan con el dinero para titular?

Sus derechos posesorios tomarán valor. Los derechos posesorios serán certificados y con eso; si los quieren vender, obtendrán más dinero.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *