Ley Chorizo – Muertos

28 oct 2012

Panorama

Víctimas que han dejado las imposiciones del gobierno

Siete muertos han causado las protestas contra proyectos aprobados por este gobierno; sin contar los efectos colaterales.

FLOR MIZRACHI ANGEL

flor@prensa.com

Notas relacionadas:

Las tres cuartas partes del mandato de Ricardo Martinelli han estado marcadas por confrontaciones con diversos sectores de la vida nacional.

Los enfrentamientos debido a proyectos impopulares pasados por el Ejecutivo y el Legislativo han sido varios, entre ellos la venta de las acciones del Estado en las empresas eléctricas y telefónicas y la Sala V. Pero hay temas más críticos que han provocado manifestaciones con saldos de varios muertos y cientos de lesionados y detenidos.

Este es el caso de la Ley 30, que entre otras cosas limitaba el derecho a huelga de los trabajadores, eliminaba la evaluación ambiental oficial y exoneraba a los policías del arresto preventivo si eran acusados de algún delito cometido durante su trabajo.

Esta ley, también llamada “ley chorizo”, causó semanas de protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes, y dejó como saldo la muerte de los dirigentes bananeros Antonio Smith y Virgilio Castillo, en julio de 2010. Además de 716 personas heridas.

Un informe de la Defensoría del Pueblo –sustentado en documentos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses– indica que la muerte de cinco niños, en los días siguientes a las protestas, pudo ser causada por la inhalación de los gases de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía.

En febrero de 2012, durante las manifestaciones contra el artículo 5 de la Ley 415, que busca prohibir la explotación minera en la comarca Ngäbe Buglé, otros dos panameños fallecieron durante enfrentamientos con la Policía. Ellos fueron un menor de 16 años, que recibió un disparo en la cara durante manifestaciones en Las Lomas, David, Chiriquí, y Jerónimo Rodríguez Tugri, de 27 años, por un un proyectil en el pecho durante una protesta en San Félix.

En esta ocasión se registraron por lo menos 119 heridos.

Y por último, en octubre de 2012, las protestas por la aprobación de la Ley 72 que permite la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón dejaron un saldo de tres muertos (entre ellos un menor de nueve años) y por lo menos 50 heridos, la mayoría por balas o perdigones.

En los tres casos el gobierno ha tenido que retroceder con las leyes, calificadas por dirigentes políticos, indígenas y la sociedad civil como como “imposiciones”.

 

 

 

 

 

28 oct 2012

Panorama

CRISIS EN EL PAÍS

De manifestaciones y caídos

Al menos siete panameños han perdido la vida durante protestas contra leyes aprobadas por este gobierno.

flor@prensa.com

funeral

LUTO. La primera de las tres víctimas fatales registradas durante las protestas de Colón fue un niño de apenas nueve años. LA PRENSA / Bienvenido Velasco

Tres muertos, hasta ahora, es el saldo de la aprobación y expedita sanción presidencial de la ley que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón.

La primera víctima fatal se dio el viernes 19 de octubre. Se trata de Josué Patricio Bethancourt Vega, de nueve años, quien recibió un balazo durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

Los otros dos muertos se registraron el martes 23 de octubre. Primero fue Jim Dixon Andreve, un hombre de 29 años que murió por impacto de bala en el tórax en calle 10, avenida Bolívar, y horas más tarde, Yamileth Navarro, empleada de la Zona Libre que salía del trabajo hacia su casa y cuando iba por calle 7 recibió un tiro en la cabeza.

Adicionalmente, las manifestaciones han dejado por lo menos 450 detenidos y unos 50 heridos, casi 40 de ellos de bala y perdigones.

LA HISTORIA SE REPITE

La ley que autoriza vender los terrenos de la zona franca no es la único que, en la administración de Ricardo Martinelli, ha acabado con vidas humanas.

La aprobación de la Ley 30, que en julio de 2010 desató una ola de violencia en Bocas del Toro, también segó vidas de panameños. Esta ley reformaba tres códigos y seis leyes nacionales; entre otros aspectos condicionaba la actividad sindical, renovaba la ley de la Policía, abordaba leyes penales y modificaba la ley de contrataciones públicas.

En esa ocasión los sindicalistas bananeros Antonio Smith y Virgilio Castillo murieron por perforaciones en el pulmón tras recibir perdigones disparados por la Policía Nacional cuando los dirigentes bananeros rechazaban la ley.

Los enfrentamientos, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, dejaron también 716 heridos, entre ellos 44 policías; 67 con tiros de perdigón en los ojos y 2 con ceguera permanente. Además, el informe –sustentado en documentos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses– indica que la muerte de cinco niños en los días siguientes pudo ser causada por la inhalación de gases tóxicos emanados de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía.

Además, el conflicto dejó sin vida a una anciana y a un bebé de ocho meses que no pudieron llegar al hospital por los obstáculos encontrados en la carretera.

Luego de que el gobierno se vio obligado a ceder y derogar la ley ante la presión ciudadana y frente a las nefastas consecuencias que estaban viéndose reflejadas incluso en medios internacionales, las autoridades bajaron la cabeza y aceptaron que el manejo dado a la situación no había sido el óptimo, por lo que en adelante se anticiparían a los actos violentos y consultarían más. Eso no sucedió.

CAMPO DE BATALLA

En febrero de 2011, el gobierno enfrentó otra crisis. Esta vez con los indígenas que exigían la derogación de la Ley 8 de, que reformaba el Código de Recursos Minerales. Cientos de agentes equipados con máscaras antigás, escudos, escopetas, y acompañados por un camión rociador de agua a presión, lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones en el cuello, torso y rostro de los manifestantes. ¿El saldo? Al menos 21 heridos y 20 detenidos en las protestas de Chiriquí y Veraguas.

Y como en 2010, luego de más de tres semanas de protestas, cierre de calles y marchas, Ricardo Martinelli anunció que derogaría la ley. “Como Estado tenemos la responsabilidad de echar para atrás cuando sea necesario”, dijo en ese momento.

Pero luego de este incidente, en febrero de 2012 se registró un fuerte conflicto con los indígenas ngäbes. Esto, después de que el gobierno eliminara un artículo clave del Código Minero que prohibía otorgar concesiones mineras a empresas extranjeras para la explotación minera y los proyectos hidroeléctricos. Los indígenas, enfurecidos, cerraron por más de ocho días la vía Interamericana y se enfrentaron a la Policía en unas manifestaciones en las que las autoridades respondieron con perdigones, gas lacrimógeno y balas. ¿El resultado? Dos muertos: el 5 de febrero en San Félix falleció Jerónimo Rodríguez Tugri, de 27 años, al recibir un disparo mortal en el pecho durante un operativo en el que la Policía buscaba despejar la Interamericana, y el 7 de febrero en Las Lomas, murió un menor de 16 años que presentó el rostro parcialmente desfigurado tras un confuso incidente entre manifestantes y autoridades.

Estos hechos dejaron al menos 119 detenidos, además de unos 50 heridos, entre ellos baleados, con fracturas e inhalación de gases lacrimógenos.

También esa vez Martinelli tuvo que retroceder. Esto, después de que la represión recorrió el mundo.

Uso y abuso de la fuerza

Los enfrentamientos por la aprobación de la ley de la Zona Libre han vuelto a encender el debate sobre el abuso de la fuerza policial.

La Ley Orgánica de la Policía (Ley 18 del 3 de junio de 1997) dice que la Policía debe “mantener el orden público y la paz social”, pero que hay cuatro niveles de fuerza no letales: la persuasión, la reducción física, el uso de rociadores irritantes y gases lacrimógenos, y el uso de la vara policial. También aclara que el uso de fuerza letal solo se permitirá como un “recurso extremo”, cuando el policía esté en riesgo de morir o “en caso de grave alteración del orden público”.

Hay un antecedente importante en el tema, y es la preocupación expresada por la Corte en febrero de 2011, cuando unánimemente declaró legal la detención de los policías acusados por la muerte de cinco menores quemados en enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. En esa ocasión, los magistrados concluyeron que el uso de fuerza policial debía ser racional y reglamentarse a través de una ley formal.

En este gobierno, organizaciones como Human Rights Everywhere, la Defensoría del Pueblo, y la Comisión de Justicia y Paz han advertido de la violación de derechos humanos por parte de policías.

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ADIÓS. Jerónimo Rodríguez, muerto durante las protestas contra la ley minera, fue despedido como un mártir.LA PRENSA / Archivo

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