Islas de Punta Pacífica, un relleno de mar que vale $83.6 millones.

26 ene 2013    Economía

islas de punta pacífica

Un relleno de mar que vale $83.6 millones

La institucionalidad está afectada porque las reglas del juego se cambian con una resolución, dijo la exmagistrada Esmeralda de Troitiño.

Roberto González Jiménez

roberto.gonzalez@prensa.com

relleno

construcción. El proyecto de las islas avanza en el extremo de Punta Pacífica. Según la promotora Grupo Los Pueblos, el desarrollo consiste en dos islas, una con 72 lotes y 10.3 hectáreas y otra con 66 lotes en 8.7 hectáreas. LA PRENSA/Archivo

El relleno de mar de más de 10 hectáreas que forma parte del proyecto de las islas de Punta Pacífica tiene un valor de $83.6 millones, según los avalúos realizados por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y la Contraloría General de la República.

Así consta en una resolución de Gabinete del pasado 15 de enero, en la que se autorizó “desafectar en su naturaleza de bien de dominio público y transformar en bien patrimonial de la Nación” el mencionado globo de terreno. Además, aprueba el traspaso a favor de la Compañía Insular Americana, S.A, firma de ICA que desarrolla las islas de Punta Pacífica, tras haberse hecho en 1996 con derechos para rellenar 35 hectáreas como compensación por la construcción del Corredor Sur.

Al desafectar el bien se le quita la condición de dominio público, y al transformarlo en bien patrimonial de la Nación se abre la posibilidad de traspasarlo, como en efecto hizo el Gobierno con el relleno.

Esta acción estaría violando el Artículo 258 de la Constitución Política de Panamá, que establece que pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, entre otros, el mar territorial, aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos.

La exmagistrada Esmeralda de Troitiño no dudó al calificar el acto como una violación a la Constitución.

“La institucionalidad democrática está afectada porque las reglas del juego se cambian. Se cambian con una resolución”, opinó.

Dijo que “la categoría de bien está debidamente identificada en la Constitución”, y que esta norma ejerce como limitante para que algo que es de dominio público no se pueda enajenar.

“Lamentablemente, hay una posición política… Eso es un negocio que se va a desarrollar. Ya no habrá bienes de dominio público que impidan al Gobierno esa conversión en bienes enajenables”, señaló.

Por su parte, Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, lamentó que “a través de sentencias de la Corte Suprema de Justicia se ha realizado una interpretación de lo que señala la Constitución algo alejada del texto de la misma”.

El Gobierno se apoya en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2006, que concluye que la figura de la desafectación faculta al Estado para transformar un bien de dominio público no necesario para un uso o servicio colectivo en un bien patrimonial del Estado, que a su vez, puede ser objeto de apropiación privada, dice la resolución del Gabinete.

No se hizo mención, sin embargo, de otras sentencias en sentido contrario, también de la Corte.

Consultado al respecto, el gerente país de ICA Panamá, Diego Hernández, defendió que “el proceso de desafectación del relleno sobre lecho marino y posterior titulación de la finca resultante a favor de Compañía Insular Americana, S.A., se ha venido realizando en apego a la Constitución, la Ley 5 de 1988 y sus modificaciones, el Contrato de concesión administrativa 70-96 y sus adendas, la Ley 59 de 2010 (mediante la cual se crea la Anati)”.

El ejecutivo añadió que la isla forma parte integral del desarrollo de Punta Pacífica, donde se realizaron dos desafecciones previas, y se evidencian significativas inversiones comerciales ejemplares de la región y residenciales en las que viven miles de familias panameñas.

Fechas clave en proyecto de islas

1996

Contrato de concesión entre el Gobierno e ICA para construir el Corredor Sur. La empresa adquiere el derecho para recibir 35 hectáreas de relleno en el lecho marino. La empresa utiliza 23 para desarrollar Punta Pacífica.

2011

El Estado reconoce a ICA derechos adicionales de relleno sobre 12 hectáreas y da consentimiento a ICA para que ceda los derechos de relleno sobre 19 hectáreas a Compañía Insular Americana para desarrollar el proyecto de las islas, promovido por Grupo Los Pueblos.

 

 Esmeralda Arosemena de Troitiño  Esmeralda Arosemena de Troitiño.

 

 

 

26 ene 2013 laestrella.com.pa | Impreso | Política

ISLAS EN PUNTA PACÍFICA

Pedirán nulidad de resoluciones sobre áreas marinas

ZELIDETH CORTEZ

zcortez@laestrella.com.pa

Abogados insisten en que los documentos son inconstitucionales. Preparan acciones legales

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ACTO. Las resoluciones fueron aprobadas el 15 de enero de 2013. Foto: Roberto Cisneros | La Estrella
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2013-01-26 — 12:00:00 AMPANAMÁ. Una ola de demandas contra dos resoluciones de Gabinete que ‘desafectan’ áreas de lecho marino y de fondo de mar, vinculadas a la construcción de las islas artificiales del proyecto Ocean Reef, en la bahía de Panamá, se avecina.

El abogado Víctor Martínez adelantó a La Estrella que el próximo lunes presentará dos demandas, una de nulidad contra el Consejo de Gabinete y otra de plena jurisdicción contra las dos resoluciones. Las demandas serán interpuestas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el abogado Jorge Luis Lau Cruz no descartó que en las resoluciones se esconda el delito de lesión patrimonial por bien oculto.

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, aunque hay un problema ‘de orden constitucional’, ya que la Carta Magna es clara al determinar que las playas y el lecho marino son inalienables, precisamente porque son de interés público, primero ‘tendría que definirse la inconstitucionalidad de las resoluciones’.

En esto coincide el abogado Rubén Rodríguez, quien esbozó que si la Corte ‘no declara la inconstitucionalidad de las resoluciones’ no se pueden considerar así.

ARGUMENTOS DEL GABINETE

Para desafectar los dos globos de terreno ubicados en la bahía de Panamá, la resolución de Gabinete cita las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia el 25 de septiembre de 1970 y el 16 de diciembre de 1994, donde determinan que para la desafectación de bienes de dominio público se tiene que abrir un acto administrativo de la autoridad competente (en este caso el gobierno), ya que es el que tiene el poder soberano del Estado.

EL FALLO DE 2006

Además, se toma en cuenta el fallo del 11 de diciembre de 2006, donde la Corte concluye que la figura de la desafectación faculta al Estado para que, a través de un acto administrativo, pueda transformar un bien de dominio público no necesario para un uso o servicio co lectivo, en un bien patrimonial del Estado, sino que también abre la puerta para que dicho bien pueda ser objeto de apropiación privada.

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