Allegados de Moscoso piden varios millones por acciones

 

 

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Panamá, jueves 18 de marzo de 2010

EL GOBIERNO OBLIGÓ A CIRSA PANAMÁ A DESPRENDERSE DE SUS SOCIOS LOCALES EN LA EMPRESA DE JUEGOS SILVER CUP GAMING

Allegados de Moscoso piden varios millones por acciones

Silver Cup Gaming tenía hasta ayer, para cerrar todas sus salas de máquinas tragamonedas ubicadas en el interior.

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

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NEGOCIACIONES. El gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, dijo que pidieron la disolución de Silver Cup Gaming tras no ponerse de acuerdo en el precio que iban a pagar por las acciones de sus socios locales, vinculados al entorno de la ex presidenta Mireya Moscoso. LA PRENSA/Jazmin Saldaña -Archivo1349557

Tras el escándalo que sacudió a la empresa CIRSA Panamá por sus vínculos accionarios con estrechos allegados al ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares (2004-2009), ahora la empresa de capitales españoles se encuentra involucrada en otra batalla: negociar con sus socios locales de Silver Cup Gaming, para adquirir la totalidad del paquete accionario de esa empresa, a la que la también ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) otorgó una concesión directa y gratuita en 2002.

Silver Cup Gaming –que opera CIRSA Panamá– tiene derecho a explotar siete salas de máquinas tragamonedas en el interior del país. La licencia se la otorgó, en forma directa, el gobierno de Moscoso el 20 de febrero de 2002.

Poco más de un año después, el 12 de junio de 2003, CIRSA Panamá vendió el 50% del paquete accionario de esa empresa a cinco sociedades anónimas locales (10% a cada una) por una suma irrisoria: 10 mil dólares. Así está establecido en documentos oficiales de la Junta de Control de Juegos (JCJ), el ente estatal que regula el sector.

Según registros bancarios a los que accedió este diario, y altas fuentes del Partido Panameñista, ese 50% terminó en manos de cinco estrechos allegados de Moscoso.

Tras los reportajes de investigación que publicó La Prensa a partir de agosto de 2009, el gobierno de Ricardo Martinelli obligó a CIRSA Panamá a desprenderse de sus “socios” locales en las empresas Lucky Games S.A. y Silver Cup Gaming.

Primero la empresa española –dueña de la mayor porción del negocio de máquinas tragamonedas en Panamá– cerró un acuerdo para comprarle su parte de Lucky Games S.A. a los allegados de Pérez Balladares, Roosevelt Lito Thayer y Enrique Pretelt. La transacción, que aprobó la JCJ el 25 de noviembre de 2009, posibilitó que Thayer y Pretelt cobraran 14 millones de dólares por sus acciones.

Una vez finalizado ese trato –según dijeron a este diario fuentes conocedoras del acuerdo–, CIRSA Panamá empezó a negociar con los allegados de Moscoso la compra del 50% de Silver Cup Gaming. Sin embargo, los socios no se han puesto de acuerdo y la disputa podría terminar en la justicia. “La gente de Moscoso, al enterarse del dinero que recibieron Thayer y Pretelt, pidieron mucho dinero por su parte de Silver Cup Gaming. Eso hizo que la negociación no avanzara”, dijo una fuente que participó de las charlas.

Según esa misma fuente, los allegados a Moscoso pidieron $20 millones por su parte del paquete accionario, mientras que CIRSA Panamá quería pagar unos $3 millones por el 50% de las acciones.

El gerente de CIRSA Panamá, Helios Navarro, reconoció que la empresa española negoció la compra de la mitad de Silver Cup Gaming con sus socios locales.

“Hicimos una propuesta”, dijo. Sin embargo, aclaró que CIRSA Panamá no llegó a “ningún acuerdo” con sus socios y que por eso pidieron la disolución de la compañía.

No obstante, una alta fuente de la JCJ avisó que CIRSA Panamá no tiene la facultad de cerrar la empresa porque comparte el paquete accionario con otros socios.

Los socios

¿Quiénes son los socios locales de CIRSA Panamá en Silver Cup Gaming?

Cinco sociedades compraron el 50% de Silver Cup Gaming, en 2003: Azarjo Corporation (10%), Horamar Finances Corp. (10%), Planeta Business Corp. (10%), Horalin Internacional Inc. (10%) y Bowler International Corp. (10%).

“Esas sociedades tenían nombre y apellido: todas eran personas cercanas a Mireya Moscoso”, dijo a este diario, en agosto pasado, una altísima fuente del panameñismo que pidió reserva de su nombre. Otras cuatro fuentes del partido consultadas, coincidieron.

Esas cinco sociedades, que tenían el 50% de Silver Cup Gaming, recibieron puntualmente todos los meses sus pagos de dividendos: cada una de las sociedades se llevó al bolsillo entre 18 mil dólares y 13 mil 500 dólares por mes. La cifra más baja que recibieron –según documentación oficial de la JCJ– fue 9 mil dólares mensuales.

Según registros bancarios, el dinero que recibieron al menos dos de las cinco sociedades llegó al bolsillo de ex integrantes del entorno de Moscoso. Horalín Internacional Inc. tuvo nexos con el fallecido director de la Policía Técnica Judicial durante la gestión Moscoso, Emilio De León.

Por su parte, Horamar Finances Corp. giró sumas de dinero a otro ex miembro del entorno de Moscoso y funcionario del Ejecutivo: Alejandro Garúz.

Garúz, actual viceministro de Gobierno y Justicia, reconoció en agosto pasado que recibió dinero de Horamar Finances Corp., pero negó ser accionista y, en cambio, dijo que los fondos cobrados fueron por una “asesoría” a esa sociedad. Tras conocerse sus vínculos con Horamar Finances Corp., el Ejecutivo le pidió explicaciones a Garúz aunque luego resolvió mantenerlo en su cargo.

Hoy, el nombre de Garúz vuelve a la escena: según dos de los participantes de las negociaciones que llevó a cabo CIRSA Panamá y sus socios locales, Garúz participó en las últimas conversaciones. Consultado, Garúz aseguró que no tuvo ni tiene nada que ver con alguna negociación vinculada a Silver Cup Gaming. “No tuve contacto ni me he reunido con nadie que represente a esa empresa”, añadió.

A pesar de no haberse puesto de acuerdo con sus socios, CIRSA Panamá debió cerrar las salas que fueron dadas por contrato directo, entre ellas las siete que posee Silver Cup Gaming en el interior. El plazo para cerrar las salas venció ayer, según la Ley 49 de 2009, que daba un término de seis meses a los operadores para clausurar las salas de juegos que fueron dadas en forma directa y gratuita por las antiguas administraciones de Pérez Balladares y Moscoso.

Indagatoria a Pérez Balladares

El ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otras 11 personas investigadas por blanqueo de capitales por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, tendrán la próxima semana otra oportunidad para explicar su participación.

Pérez Balladares, quien el pasado 14 de enero acudió a la fiscalía pero decidió no responder a las preguntas en espera de que el Órgano Judicial resolviera unos recursos presentados por sus abogados, está citado el martes 23 de marzo para una ampliación de su declaración.

El ex mandatario tiene medidas cautelares que le impiden salir de su residencia y del país. Además, el Segundo Tribunal Superior accedió hace dos semanas a su petición de fianza, estableciéndola en $5 millones. Sin embargo, Pérez Balladares se ha negado a consignarla.

Los otros 11 imputados serán indagados en las siguientes fechas: Tomás González de la Barrera y Henry Mon Woo, mañana 19 de marzo; Eyda Achón y Vicente Calderón, el 22 de marzo; Ricardo Caputo y Rómulo Abad, el 24 de marzo; Edilio Green y Saideth Ortíz de Rivera, el 25 de marzo; Jaime Espinoza y Jenifer Espinoza de Sheppard, el 26 de marzo, y James David Tibiasson, el 29 de marzo. Hasta ahora, todos se han negado a atender el cuestionario de la fiscalía.

Esta investigación se inició en septiembre de 2009, por un informe que la Unidad de Análisis Financiero envió al Ministerio Público.

José Otero

Caja de Ahorros prestó 6 millones de dólares a CIRSA para pagar multa

La Caja de Ahorros, el banco estatal especializado en créditos hipotecarios, le prestó $6 millones a la empresa CIRSA Panamá. Este préstamo sirvió para que la empresa pagara la primera cuota de la multa impuesta por el Estado, por las irregularidades detectadas en el proceso de obtención de las licencias directas para usufructuar de salas de máquinas tragamonedas que tenía la empresa, junto con dos estrechos allegados del ex presidente Ernesto Pérez Balladares: Roosevelt Lito Thayer y Enrique Pretelt. Por las citadas irregularidades, el gobierno de Ricardo Martinelli multó a CIRSA Panamá con $18 millones.

Los pagos, según una adenda que firmó la empresa con la Junta de Control de Juegos el 12 de noviembre de 2009, se harían de forma escalonada. El primero, de $6 millones, lo pagó la empresa de juegos el 31 de diciembre de 2009. Esos fondos fueron los que le prestó a CIRSA Panamá la Caja de Ahorros, cuya junta directiva preside el empresario Riccardo Francolini.

Una fuente del banco confirmó el préstamo aprobado por el directorio del banco estatal a finales de 2009, semanas antes de que se venciera el plazo para que CIRSA Panamá pagara la primer cuota de 6 millones de dólares.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Jayson Pastor, no quiso dar detalles sobre el préstamo, y aclaró que esa información está “protegida por el secreto bancario”.

Pastor dijo, sin embargo, que lo que el banco hizo fue darle un “crédito comercial” a CIRSA Panamá y agregó que todos los préstamos que brinda el banco cumplen los estándares internacionales.

Un fuente de la institución financiera estatal dijo que el crédito a CIRSA Panamá pasó por la junta directiva sin contratiempos.

El gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, se limitó a afirmar que a la empresa de capitales españoles “le prestan [dinero] muchas entidades” financieras.

Las empresas de CIRSA Panamá le giraron fondos en forma constante a una sociedad anónima controlada por Pérez Balladares, asunto que investiga el Ministerio Público.

Por esta investigación, el ex presidente se encuentra con arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Panamá, viernes 26 de marzo de 2010

 

El ex presidente señala que shelf Holding es la sociedad que maneja las inversiones de su familia

‘Sigo sin entender los delitos que se me imputan’

El ex gobernante reconoció haber recibido dinero de Lucky Games, pero no como accionista, sino como pago del dinero que le ha prestado a su yerno.

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proceso. Pérez Balladares fue indagado el pasado martes. Luego de dos meses y 12 días bajo arresto domiciliario, solicitó que se le flexibilizara la medida cautelar. El fiscal rechazó el pedido. LA PRENSA/Carlos Lemos1353577
Lea la indagatoria de Ernesto Pérez Balladares.

José Otero
jotero@prensa.com

Ernesto Pérez Balladares sigue sin entender los delitos que se le imputan y que le mantienen bajo arresto domiciliario desde hace dos meses y 12 días.

Al menos eso fue lo que le dijo al fiscal Especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, que lo investiga por presunto blanqueo de capitales, en la indagatoria del pasado martes.

Para Pérez Balladares, en sus actuaciones no hay nada irregular. Dijo que no tuvo nada que ver en la concesión de máquinas tragamonedas con que se benefició a Lucky Games durante su gobierno ­“la única participación mía en todo el proceso fue la firma, como mandata la ley”­, y no hubo ninguna alerta o “bandera roja” de los bancos que avisarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre anomalías en el manejo de las cuentas de Shelf Holding Corp. y Pty Adventures, ambas mencionadas en el expediente.

Sin dar ninguna explicación sobre el origen de su fortuna, sostiene que su familia “históricamente ha gozado de solvencia económica”, y recordó que 1994, cuando entró a la Presidencia, reportó 10 millones de dólares en su declaración notariada de bienes. Cinco años después, en 1999, cuando dejó el cargo, declaró 11 millones.

“Siendo como soy, un economista y financista, es entendible que con mi esfuerzo y trabajo esos bienes patrimoniales se hayan aumentado a partir de los 10 años que tengo o casi 11, de haber dejado la Presidencia”, dijo.

Pese a que él mismo se reconoce como un hombre millonario, para todos los efectos fiscales apenas declara un ingreso de mil dólares mensuales.

“Yo soy independiente, mi salario es dependiendo de los ingresos mensuales de mis diferentes actividades. No tengo salario fijo, hay un salario de mil balboas declarado de una de mis empresas solamente, para los efectos de pagar impuestos sobre la renta”, reconoció cuando el fiscal le preguntó dónde laboraba y cuál era su salario.

En la indagatoria, que incluyó 68 preguntas y se extendió por más de ocho horas, Pérez Balladares tuvo que dar explicaciones sobre los movimientos de las cuentas investigadas y el manejo de sus gastos.

Hubo un nombre que se repitió durante casi toda la indagatoria: Enrique Pretelt.

‘El hijo hombre’

Para dar explicaciones de su patrimonio, Pérez Balladares se apoya en la relación que mantiene con su yerno.

“Es el hijo hombre que nunca tuve. Desde que se casó con mi hija Isabella, lo he ayudado en las cosas que me ha pedido. Me refiero a cosas económicas”, indicó.

Precisó haber ayudado a Pretelt a cancelar la hipoteca de su casa ­ “usted entiende que en esos casos no hay ni siquiera un papel firmado entre nosotros”­, a liquidar la agencia de seguridad Falcon Security ­aquí la ayuda fue de 600 mil dólares­, y a invertir en fincas.

Pero el préstamo que más atrae la atención de los investigadores es el de Lucky Games.

La empresa se benefició con una concesión directa en su gobierno, pero Pérez Balladares no vio ningún conflicto ético en que su yerno fuese uno de los accionistas. Es más, dice haber entregado una suma millonaria para que Enrique invirtiera en la concesionaria.

“Él era uno de los accionistas. En ese caso, ese préstamo se documentó y el préstamo puede haber sido por un millón 600 mil o un millón 800 mil”, indicó.

Aseguró que la operadora obtuvo la concesión “de forma transparente y prístina”, e insiste que nunca se benefició de contratos pactados en su gestión. “Ya le he dicho que los dineros que depositó Lucky Games y las otras sociedades corresponden a aumento del patrimonio familiar, a gastos, a préstamos, a pago de deudas. Eso es fundamental”, remarcó.

Pérez Balladares declaró además que Shelf Holding Inc. recibió varios cheques provenientes del “Grupo Pretelt”, al que pertenecería Lucky Games.

En el Registro Público no hay constancia de la existencia del tal “Grupo Pretelt”.

El ex gobernante señala que los fondos que recibió son abonos por préstamos personales y que los mismos no pueden “interpretarse” como pago de dividendos de Lucky Games.

También recibió cheques a través de Pty Adventures Inc., sociedad que igualmente pertenece a Pretelt. Los dineros aquí también, según dice, corresponden a pagos por préstamos realizados.

“Estas decisiones financieras competen solo a mi círculo más íntimo y no tienen nada que ver con lavado de dinero”, indicó.

“Yo no tengo participación ni tengo nada que ver con sus sociedades anónimas ni con sus negocios, honestamente tampoco conozco de las operaciones de sus sociedades”, respondió.

Familia que gasta unidad

Lo que le contó Pérez Balladares al fiscal es que Shelf Holding Inc. es una sociedad familiar creada en 2003, “para realizar todo tipo de actividades lícitas”. Reconoció tener “firma” en su cuenta corriente.

“Es cierto que la sociedad no tiene licencia comercial, pero esto no viola ninguna norma penal”, recalcó.

Pero frente a Shelf Holding aparecen Yazmín Yovalys Barrios (presidenta) e Ilka Itzel López de Cabrera (secretaria), dos personas a quienes Pérez Balladares dijo no conocer.

Cuando el fiscal le preguntó por qué, si era una sociedad creada para manejar asuntos familiares, no daba la cara ningún miembro de la familia, respondió: “verdaderamente no hay ninguna razón por la cual tengan que aparecer. Usted sabe que el régimen de sociedades anónimas significa exactamente eso: anónimas”.

También explicó que la razón por la cual es el único miembro de su familia que firma en las cuentas de Shelf Holding, es para evitar “actos de secuestros, demandas injustificadas y extorsiones”.

El indagado aceptó que a través de Shelf Holding recibió un cheque por 175 mil dólares de parte de Seaside Fundation y que Shelf giró 231 mil 883 dólares a Mundial Valores. Ambos documentos están en el expediente, así como otros cheques girados por “las empresas controladas por mi yerno”.

De igual forma reconoció que en febrero y diciembre de 2008 recibió dos cheques ­uno por 18 mil 476 dólares y otro por 75 mil dólares­ de las sociedades Kestel Management Inc. y Grupo Granate ­ambas presididas por Pretelt­, como pago por los gastos de un safari que hicieron juntos a África.

También recibió pagos de Pretelt por un supuesto “contrato de uso” del yate “Mister Bull” y el avión privado del ex presidente.

“El fin de semana pasado, mi avión no estaba disponible y mi hija y mi yerno con sus hijos querían ir a Chiriquí. Tuvieron que alquilar un avión, porque a ellos no les gusta volar en comercial. El alquiler de un avión para un vuelo de ida y regreso son dos mil 500 dólares”, contó.

Los testaferros

Pérez Balladares también tuvo que responder por el personal de su oficina. Casi todos están como él, imputados dentro de la investigación. Todos recibieron cheques de las sociedades mencionadas en el expediente.

De Vicente Calderón dijo que era un agricultor y pescador en Punta Barco, y de Eyda Achón, que era su secretaria privada. Ambos, personas de su “total confianza”, son también firmantes en Shelf Holding, y giraban cheques para pagar los gastos de la oficina y la casa de playa, cuando el ex presidente se iba de viaje.

De Tomás González de la Barrera y Henry Mong Woo dijo que son empleados de Pretelt. Los dos aparecen como firmantes de las cuentas de Pty Adventures.

Todos tienen prohibido abandonar el país, a diferencia de Pérez Balladares, quien además de la prohibición de abandonar el país, es el único de los imputados bajo arresto domiciliario.

Al respecto, el ex gobernante y su abogado Luis Carlos Cabezas ­a partir de ahora, el único que lo representará dentro de este proceso­ solicitaron a Ayú Prado que cambiara las medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país, por la de presentarse una vez al mes ante una autoridad jurisdiccional. También solicitaron la devolución del pasaporte.

Al final, todo le fue negado.

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