Sonado caso de corrupción – Corte declara nulo el contrato de PECC

 

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SONADO CASO DE CORRUPCIÓN

Corte declara nulo el contrato de PECC

Luego de  14 años de haberse interpuesto la demanda, la Corte se pronuncia y revive un sonado caso de corrupción en el país.

Un caso impune en Panamá

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TEMAS:

Carlos Carrillo, abogado de PECC, dijo que hay que respetar el fallo de la Corte Suprema.Carlos Carrillo, abogado de PECC, dijo que hay que respetar el fallo de la Corte Suprema.
Carlos Carrillo, abogado de PECC, dijo que hay que respetar el fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Archivo

Casi 15 años después de haber sido demandado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró nulo el contrato suscrito en 1997 entre la extinta Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la sociedad Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) para el mantenimiento y cobro del servicio de ayuda a la navegación (faros y boyas).

En fallo –del 4 de diciembre de 2015 y publicado en la Gaceta Oficial del pasado lunes– la Sala indicó que la concesión a PECC se hizo sin cumplir los procedimientos de la Ley 16 de 1992 sobre privatización de los servicios públicos. La concesión se debió aplicar bajo las reglas de la Ley de Privatización y no la Ley 42 de 1974 de la APN.

Además, declaró nulas otras acciones administrativas del jefe de la APN, Hugo Torrijos (q.e.p.d.) y el subadministrador Rubén Reyna, en la que traspasaron a PECC bienes de la Dirección de Ingeniería de la APN.

El excontralor Alvin Weeden, que interpuso la demanda de nulidad en 2002, dijo que el fallo reivindica el respeto al patrimonio del Estado, y que el dinero cobrado –desde la suspensión del contrato en 2003– debe pasar al Estado, mientras que Carlos Carrillo, abogado de PECC, dijo que respetan el fallo.

Dos empresarios de Estados Unidos fueron condenados por este caso en su país por pagar sobornos a los funcionarios involucrados, pero en Panamá no hubo castigo para ellos. 

CORTE: CONTRATO CON PECC VIOLÓ LEY DE PRIVATIZACIÓN

El 2 de enero de 1997, la Junta Directiva de la hoy extinta Autoridad Portuaria Nacional (APN) le dio curso a una carta, redactada en inglés, suscrita por John W. Warwick, presidente de Ports Engieneering & Consultans Corp. (PECC), sin su correspondiente traducción al español, en la que propuso la “privatización” de la Dirección de Ingeniería de la APN.

Con esa decisión, el 22 de enero de 1997, la directiva de la APN, encabezada por el administrador Hugo Torrijos Richa (q.e.p.d.) y el subadministrador Rubén Reyna, avaló el contrato, que fue firmado por PECC casi un año después –el 18 de diciembre de 1997– para prestar el servicio de ayuda a la navegación (faros y boyas) que ofrecía la Dirección de Ingeniería.

Tras esa decisión, Torrijos y Reyna emitieron memorandos y resoluciones en los que se ordena la transferencia, a título gratuito, de bienes, así como de funciones, prestación de servicios y el derecho a cobrar una tasa a los usuarios del sistema, que iría a dar a las cuentas bancarias de PECC, bajo el amparo de la Ley 42 de 1974, que creó la APN.

Los bienes dados en concesión a PECC estaban asignados a la Dirección de Ingeniería de la APN y habían sido adquiridos con fondos estatales.

Estas irregularidades se cuentan entre las 354 encontradas al contrato firmado entre la extinta APN –hoy Autoridad Marítima de Panamá (AMP)– y PECC, de acuerdo con la demanda de nulidad que interpuso en 2002 la Contraloría.

El entonces contralor, Alvin Weeden, consideró que el contrato fue un acto de corrupción planificado, a fin de obtener provecho ilícito en beneficio de funcionarios de la antigua APN, con la participación del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).

Weeden planteó que, a pesar de que en el contrato le correspondía a PECC dar el mantenimiento al sistema de ayuda a la navegación, la concesionaria no prestaba el servicio y, en cambio, cobraba a las navieras por esta labor, sin que el importe fuera reportado al Estado.

Debido a esta situación, la Contraloría abrió una investigación por una presunta lesión patrimonial al Estado por $7 millones, y en consecuencia, ordenó la cautelación de bienes de Torrijos, Reyna y del expresidente Perez Balladares (ver nota relacionada).

CORTE ANULA CONTRATO

En fallo del 4 de diciembre de 2015, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ declaró nulo el contrato con PECC y los demás actos administrativos, resoluciones y memorandos emitidos en torno a la firma del contrato.

El fallo de la sala fue respaldado por todos los magistrados, Nelly Cedeño y Efrén Tello, quienes actuaron como suplentes, y Abel Zamorano, quien emitió un voto razonado.

La CSJ estimó que el procedimiento para el traspaso de los bienes que pertenecían a la Dirección de Ingeniería de la APN a PECC se realizó sin cumplir con los procedimientos de la Ley 16 de 1992 sobre privatización de empresas y bienes estatales.

“En consecuencia, el instrumento jurídico que permitía que la institución estatal concesionara los servicios pactados era la Ley 16 de 1992 [de privatizaciones] y no la Ley 42 de 1974 [que creó la Autoridad Portuaria Nacional]”.

El fallo indica que la Ley 16 de 1992 exige la celebración de un acto público para seleccionar al concesionario del servicio, y en este caso no se cumplió. Pero, el fallo va más allá. Los magistrados concluyeron que el servicio de ayuda a la navegación y la recaudación de una tasa por su uso no podía ser privatizado.

La decisión de la sala también respaldó a la parte demandante en cuanto a que el Comité Ejecutivo de la APN violó disposiciones de la ley orgánica de esa entidad al emitir la resolución No. 0007-97 de 1997, y disponer la privatización de los bienes y funciones de la Dirección de Ingeniería de dicha institución a favor de PECC.

En ese sentido, se destaca que el director general de la APN estaba facultado por la Ley 72 de 1974 para ejercer la representación legal de la institución y administrarla, “pero ello no le concede la facultad de disponer a favor de un particular las funciones de dicha entidad estatal, de sus bienes ni sus recursos”.

VOTO RAZONADO

El magistrado Zamorano emitió el voto razonado para considerar que, tras la declaratoria de ilegalidad de los actos demandados, en el fallo se debió indicar que queda sin eficacia jurídica la suspensión provisional del contrato, emitida por la Sala el 12 de diciembre de 2003.

REACCIONES

El expresidente Ernesto Pérez Balladares no quiso hacer comentarios del fallo. “No tengo nada que opinar sobre ese tema que, además, no me concierne ni me importa”, declaró.

Mientras que el excontralor Weeden manifestó estar complacido porque con este fallo se reivindica el derecho del Estado a cobrar los impuestos.

Según Weeden, en el caso PECC, funcionarios trataron de privatizar para sí mismos un impuesto nacional, pero se confirma que este patrimonio del Estado no debió ser privatizado.

Carlos Carrillo, abogado de PECC, indicó que ahora la AMP debe abrir a licitación el servicio de boyas y faros.

Jorge Barakat, administrador de la AMP, dijo que esta semana comentaría el contenido de este fallo.

(Con información de Eduardo Mendoza)

Un caso impune en Panamá

A pesar de que el 21 de octubre de 2005 el Segundo Tribunal Superior ordenó anular y archivar la investigación por presunta lesión patrimonial
al Estado en el caso PECC, el presidente de esa empresa, Charles Jumet, días antes se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios panameños por el contrato que recibió de la extinta Autoridad Portuaria Nacional (APN).

La decisión del Segundo Tribunal libró de responsabilidad a Hugo Torrijos y Rubén Reyna, administrador y subadministrador de la APN, a quienes la Contraloría había ordenado cautelar bienes por $6.7 millones.

Al expresidente Ernesto Pérez Balladares también se le cautelaron bienes, pero logró su liberación a través de un amparo de garantías acogido por el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos (q.e.p.d).

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD del EX PRESIDENTE DE PECC EN ESTADOS UNIDOS

Caso PECC destapa historia de poder, corrupción e impunidad

El incremento patrimonial de Ernesto Pérez Balladares fue de por lo menos 17 millones de dólares, afirma Alvin Weeden.

 
 
TESTIGO. Para el ex contralor Alvin Weeden, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, ‘no ha tomado ninguna medida para investigar el caso PECC’. LA PRENSA/ David Mesa1293950

 

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

Pasaron casi 10 años del escándalo. Durante ese tiempo, el ex contralor general Alvin Weeden prefirió no hablar. Sin embargo, la decisión de un juez de Estados Unidos ha hecho que rompa el silencio.

En declaraciones a este diario, el ex contralor de Mireya Moscoso narró los pormenores que han llevado a que –ante tribunales de Estados Unidos– se confirme uno de los peores escándalos de corrupción en el país: el caso Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC).

En 1997 la administración Pérez Balladares (1994- 1999) otorgó a PECC, a través de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN), una concesión directa para prestar ayuda a la navegación de buques.

Según declaró ante un juez de Estados Unidos el ex presidente de PECC Charles Jumet, la empresa pagó sobornos a tres altos funcionarios. Su testimonio apunta a tres políticos: Ernesto Pérez Balladares, Hugo Torrijos y Rubén Reyna.

Pérez Balladares, que se mantiene en el extranjero, por medio de su vocera negó rotundamente las afirmaciones de Jumet. Torrijos y Reyna, administrador y subadministrador, respectivamente, de la APN durante el gobierno de Pérez Balladares, también rechazaron sus palabras.

Weeden narró en detalle cómo descubrió la vinculación de Pérez Balladares. Y cómo el hallazgo dio un giro distinto a la investigación.

El ex contralor afirmó, además, haberle encontrado 20 millones de dólares en cuentas bancarias a Pérez Balladares al momento de ordenar la cautelación de bienes por la lesión patrimonial al Estado, cifra que contrastaba con su declaración patrimonial al salir del poder.

El ex mandatario había declarado que su patrimonio –al abandonar la Presidencia– era de 3 millones de dólares, cifra que supuestamente incluía, además de efectivo, el valor de inmuebles e inversiones que conformaban el total de su patrimonio.

 

 

 

17 nov 2009

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ABRE CASO POR SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ministerio Público inicia investigación por PECC

La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, pedirá una asistencia judicial internacional a sus pares de Estados Unidos que investigaron el caso.

 

SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

El Ministerio Público abrió ayer una investigación de oficio, luego de que el ex presidente de Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) Charles Jumet admitiera ante la justicia de Estados Unidos (EU) que pagó sobornos para conseguir una concesión directa en 1997, durante la gestión de Ernesto Pérez Balladares.

Jumet declaró ante un juez de EU que pagó sobornos a tres altos funcionarios para obtener una concesión con la extinta Autoridad Portuaria Nacional (APN) para brindar el servicio de ayuda a la navegación.

Tras las revelaciones de Jumet, la Fiscalía Tercera Anticorrupción –que dirige Abril Arosemena– abrió unas sumarias en averiguación por el supuesto delito contra la administración pública. Así lo informó la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.

Para avanzar con la pesquisa, el Ministerio Público pedirá una asistencia judicial internacional a las autoridades de EU. Inclusive, la fiscal podría viajar a ese país para entrevistarse con sus colegas que realizaron la investigación allí.

El testimonio de Jumet apunta a tres políticos a quienes le habría pagado sobornos: Pérez Balladares, Hugo Torrijos y Rubén Reyna. Los dos últimos, administrador y subadministrador, respectivamente, de la APN cuando se firmó la concesión. El trío rechazó de forma categórica la confesión de Jumet.

No será la primera vez que el Ministerio Público y sus pares de EU colaboren en el caso PECC: desde el 19 de marzo de 2007, Gómez y su grupo de fiscales cooperan con la investigación abierta contra PECC –en el distrito este del estado de Virginia– por prácticas corruptas en el extranjero. En abril de 2007, la Fiscalía Primera Anticorrupción envió cuatro discos compactos con el contenido del caso abierto contra PECC en Panamá. También remitió, meses después, documentación adicional microfilmada.

 

 

 

 

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http://www.prensa.com/politica/PECC-cerro-caso_0_2705729531.html

CONTRALORÍA HABÍA DETECTADO POSIBLE LESIÓN PATRIMONIAL EN 2003 QUE ALCANZABA LOS 7 MILLONES DE DÓLARES

PECC: ¿cómo se cerró el caso?

El caso que asumió la Fiscalía Primera Anticorrupción en 2003, recibió sucesivos reveses principalmente en la Corte Suprema de Justicia. En 2006 estaba muerto.

TEMAS:

.implicados. Ernesto Pérez Balladares (Izq.) era uno de los principales investigados. La justicia desestimó su caso. En orden de las manecillas del reloj: Hugo Torrijos era administrador de la Autoridad Portuaria y quien firmó la concesión de PECC; los magistrados César Pereira y José Troyano promovieron fallos favorables a PECC; Rubén Reyna, beneficiario de PECC.

Ernesto Pérez Balladares

josetroyano

José Troyano

ruben reyna

Rubén Reyna

implicados. Ernesto Pérez Balladares (Izq.) era uno de los principales investigados. La justicia desestimó su caso. En orden de las manecillas del reloj: Hugo Torrijos era administrador de la Autoridad Portuaria y quien firmó la concesión de PECC; los magistrados César Pereira y José Troyano promovieron fallos favorables a PECC; Rubén Reyna, beneficiario de PECC.

Poder e influencia. Recursos y amistades. Una serie de factores parecen haber minado el caso de Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) en Panamá, uno de los peores escándalos de la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares. Ello evitó finalmente que los posibles responsables rindieran cuentas en el banquillo de los acusados.

¿Cómo murió este caso? Una secuencia de hechos permite seguir paso a paso el rastro de lo que ocurrió.

A finales de octubre de 2005, hace más de cuatro años, un fallo del Segundo Tribunal Superior anuló la investigación del Ministerio Público y ordenó archivar el expediente.

Pese a que la Fiscalía Primera Anticorrupción apeló esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2006, no se admitió el recurso y se mantuvo la resolución judicial.

Esa decisión de los magistrados fue el corolario de una serie de medidas judiciales que desestimaron graves acusaciones, indicios y evidencias que apuntaban al centro del poder de la gestión de Pérez Balladares (1994-1999).

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